Adriana Puiggrós, sobre las retenciones

Inserción de la Dip. Adriana Puiggrós
Sesión plenaria 4 de julio de 2008

Esta inserción extiende y detalla los sentidos centrales de la exposición preparada por la Diputada Adriana Puiggrós para pronunciar en el recinto en la sesión plenaria del 4 de julio de 2008, y que no alcanzó a ser pronunciada por haberse acordado entre los bloques parlamentarios el cierre de las exposiciones unos minutos antes.


Sr. Presidente:

Son las doce del mediodía y hemos estado trabajando desde ayer por la tarde. Pero mucha gente está de vigilia esperando el resultado de nuestra discusión. Casi dos mil intelectuales han firmado varias cartas de apoyo a la política de las retenciones móviles y sostienen la pertinencia de la política de derechos humanos y de defensa de ambos gobiernos. Es un hecho inédito en la historia argentina ese compromiso masivo de filósofos, científicos sociales, comunicadores, psicoanalistas, educadores y gente del arte. El agrupamiento autoconvocado “Carta Abierta” lo hace sin ningún compromiso y habiendo analizado profundamente los fundamentos teóricos y políticos que sostienen las medidas.
Sr. Presidente:
Están los trabajadores rurales cuyos salarios apenas si arañan la canasta básica; están los productores de manzanas del Alto Valle, los productores de cítricos del Noroeste, los vitivinicultores, los lecheros. Están también esos jóvenes que aprendieron los saberes agrícolas en el campo arrendado de sus padres, en la escuela aerotécnica o en las facultades de agronomía y que han sido atravesados por la mentalidad neoliberal, que son muy distintos de los “farmers”, y han crecido en las épocas de la bicicleta financiera y del la convertibilidad, en una cultura de la especulación. Pero es necesario convencerlos para que constituyan una burguesía agraria que soñamos aliada a sectores medios urbanos con mentalidad solidaria, nacional, que hoy está lejos de existir, pero que es indispensable para que la fuerza progresista -en un sentido nacional y popular que representa este gobierno- se torne consistente, sustentable y profunda su presencia en el poder de este país.
El proyecto de Ley que convalida la Resolución 125 la mejora enormente pues incluye a los sectores escasamente advertidos por aquélla. Pero ha comenzado un tiempo en el cual la mayoría parlamentaria que logramos en Diputados y lograremos con seguridad en el Senado, debe pasar de ser la mayoría de un bloque parlamentario a engrosar un bloque histórico capaz de operar las transformaciones que nuestro país requiere.


LA DISCUSIÓN POR LA RENTA de la TIERRA ES CRUCIAL E HISTÓRICA

Una catarata de criticas y tergiversación de sentidos se escucharon desde los diversos sectores agropecuarios, y de parte de la oposición, cuando el 11 de marzo de 2008 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), decidió aplicar retenciones móviles a las exportaciones de granos. Con total claridad se escuchó a representantes de bloques minoritarios, en esta Cámara, acusar al Gobierno de atacar “al entramado agro- comercial-industrial”, es decir esa alianza económica que pretende apropiarse del excedente de la riqueza de todos los argentinos. Desde la famosa “Representación de los hacendados”, de Mariano Moreno, el destino del país se ha jugado numerosas veces en la misma discusión. Para algunos diputados que dicen no saber ya qué se discute, vamos a recordar, que lo que está en debate es un aspecto de la distribución de la potencial riqueza de todos los argentinos. Una medida concreta y limitada en el tiempo, como es la Resolución 125 nos embarca en una confrontación de opiniones que lo es de intereses fundamentales que rebasan en mucho esta circunstancia: la Presidenta ha tocado el núcleo de la cuestión argentina.
Esa cuestión encierra la paradoja crucial de nuestra sociedad: qué hacer con la potencial capacidad de generar excedente a partir de la explotación de sus dotaciones naturales, cómo vincularse tecnológicamente con la naturaleza para convertirla en riqueza, cómo repartir las valoraciones entre el trabajo y el capital que se asocian y en consecuencia qué le toca a cada cual.
Ese excedente es producto del trabajo de todos, porque no hay riqueza sin trabajo, sólo que la propiedad y el trabajo cobran valor diferente de acuerdo a los objetivos que los ordenen. En ese sentido disiento con quienes en esta discusión nos solicitan a hombres y mujeres “un poco de caballerosidad” para facilitar la disolución de eso que atribuyen a “ideologías irreductibles”: no se trata de maneras irreductibles de valorar la realidad sino de objetivas, profundas diferencias sociales que dividen a los argentinos. Tan concretas como la diferencia entre el peón de campo cuyo salario araña con dificultad la canasta básica, el pequeño productor que le saca con sus manos el jugo a su pedazo de tierra, el productor que la pegó con los precios internacionales del mercado de granos y juntó un nada desdeñable capital y los grandes propietarios, pooles, y transnacionales, cuya compleja composición abarca desde los herederos de la vieja oligarquía hasta los jugadores en el mercado especulativo, devenidos en inversores del impredecible mercado alimentario.
Los mismos opinantes sostienen que no existen las diferencias, señalan de manera acusatoria a quienes decimos, hay diferencias que son desigualdades, injusticias y acusan a nuestro gobierno de generar discursivamente los antagonismos, de inventar diferencias con la oposición, de fantasear con la existencia de intereses confrontados. Todo ello es un artificio elaborado para enmascarar la acumulación excesiva de riqueza, la insolidaridad social, el egoísmo de ese 20% que concentra el 80% de la renta agraria argentina. Su objetivo es la pura acumulación, el enriquecimiento, muy concretamente distinto del de aquellos cuya meta es arribar a un nivel digno de subsistencia.
En el mundo se observa no sólo crisis de energía y de ambiente. Está la otra crisis que preocupa a las naciones tanto o más que éstas: la crisis de alimentos, y en el último año la inflación en este rubro se duplicó. En la toma de decisiones del PEN primó la necesidad de llevar a la práctica una política pública de redistribución de las riquezas, tan necesaria en este proceso histórico de la Argentina, en donde lo que hace falta es profundizar el modelo económico social, puesto en práctica desde mayo de 2003. En este sentido es que además de implementar la resolución 125 del PEN se anunciaron herramientas tendientes al incentivo de otras producciones.
La decisión del PEN se basó en la modificación de los niveles de retenciones a las exportaciones de maíz, trigo, girasol y soja, con clara intención de eliminar las diferencias de precios que mantuvieron éstos desde diciembre de 2007 y retrotraerlos a ese mes. El Ministerio de Economía aumentó los derechos que tiene el Estado sobre la exportación. El de la soja pasó del 35% por ciento al 44,1. El del girasol a 39,1 por ciento y bajó el derecho de retenciones del maíz (en 0,8 puntos) y del trigo. (0,9 por ciento).
El otro aspecto que se debe tener en cuenta en este conflicto es el fenómeno de la sojización del campo argentino por la alta rentabilidad coyuntural del producto, dada la incorporación al mercado internacional de granos de grandes poblaciones antes marginadas. La constante rentabilidad del campo argentino se tornó hiperrentabilidad para los mayores y una franja significativa de medianos productores. Se propuso entonces incentivos diferenciales con niveles de retención inferiores a los de soja y girasol para la producción de trigo y maíz.
A partir de la puesta en vigencia de la Resolución 125/08 del PEN, se creó un mecanismo de retenciones móviles. Su propósito: tratar de que el precio neto del exportador continuara igual -o lo más próximo posible- aunque internacionalmente la cotización por la movilidad de los mercados fluctúe hacia abajo o hacia arriba intempestivamente. Su fin: evitar el traslado del alza de los precios internacionales a los valores cotidianos de la mesa familiar, y por ende, proteger a las clases sociales de menores recursos económicos; detener la suba sostenida de los precios en productos alimentarios, sobre todo en aquellos de la mesa de los argentinos.
La medida valiente, correcta, tuvo un aspecto débil en su diagnóstico social y en su implementación política. En ambos sentidos se dirigió a un sujeto compacto sin deslindar entre los distintos actores agrarios, que hemos enunciado más arriba, ni dar cuenta de las diferencias regionales, ni atender suficientemente las que determina el tipo de producción. Esa indiferenciación hizo posible que se constituyera de inmediato un sujeto inédito por su composición actual, denominado “el campo”. En cuanto a la implementación política, creo que era no solo posible sino indispensable haber solucionado los problemas de sectores como los lecheros, los productores de cítricos del noroeste o de manzanas del Alto Valle, para dar solo algunos ejemplos, sumándolos así al bloque nacional popular, así como reconocer claramente las zonas no sojeras y sus productos.
Creo que muchos actores se sintieron no reconocidos por la Resolución 125 ( además de, en muchos casos, advertirse damnificados) y encontraron en “el campo” y “el gobierno” enunciados en los cuales unir circunstancialmente irreductibles diferencias. Así fue posible que la derecha- esa complejidad articulada por la convicción antipolítico, el antoperonismo demodé, la insolidaridad y hasta el racismo- diera un verdadero golpe discursivo que tuvo en vilo al país. Cuando, la Presidenta convocó al pueblo, apeló a la unidad de los argentinos, explicó las diferencias, marcó el terreno dejando de este lado a los pobres, a los medianos y a quienes quisieran ser solidarios, ya no se trataba de construir una identidad previa a la Resolución, sino que tenía la tremenda tarea de disolver una identidad que se había constituido mediante una de las peores alianzas de la historia argentina.

¿QUÉ PASO ENTONCES?

Las entidades del agro nucleadas en la Sociedad Rural Argentina (SAA), las Confederacines Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (Coninagro), respondieron con un brutal lockout agropecuario para repudiar la suba de retenciones a la soja y el girasol. Los dirigentes rurales criticaron duramente al Gobierno reclamando que se modificara la política agropecuaria y aseverando que se trataba de una medida de corte fiscalista, recaudatorio y autoritario. La clase media rural se transformó en vanguardia de la derecha, en tanto detrás se aposentaban cómodamente los grandes capitalistas agrarios. Productores rurales copiaron la táctica de los “piqueteros”, colocándose en su lugar de sujeto sometido y atacado; avanzaron con sus tractores y “cuatro por cuatro”, cortaron rutas e hicieron sentir el peso del bloque que integraron, sobre factores poderosos de la vida de la población, como la alimentación, la circulación y la opinión pública. Hicieron uso de recursos incomparables con los que cuentan las organizaciones sociales. Los cortadores de ruta de estas últimas constituyen agrupamientos recientes que asoman la cabeza desde el más profundo fondo de miseria que se haya conocido en el país, en tanto los “del campo” tienen detrás a quienes han acumulado poder durante los últimos doscientos años y se acoplaron a un lockout agropecuario que intentó no sólo la distorsión de los fundamentos de las retenciones sino además la desestabilización de la institucionalidad de la Nación (como cada vez que se rozó la renta agraria [1]) con el objetivo de evitar la redistribución de las rentas extraordinarias del sector.
Representantes políticos de la oposición y de las cuatro entidades agropecuarias, se lanzaron a la construcción discursiva en el imaginario social, para afirmar que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no eran de su competencia y que caían en la inconstitucionalidad. El debate se centró en que si las retenciones son impuestos o no; si el gobierno tiene facultades para establecerlas si su piso es el que determina la Constitución Nacional (CN).

“ATRIBUCIONES LEGITIMAS QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL”

Tal como se cita en el mensaje del Poder Ejecutivo Nº 0941, la Res. 125/08 encuentra sus fundamentos constitucionales y legales en los art. 4º, 75 inc. 1º y 99 inc. 1º y 2º de la Constitución Nacional, art. 755 ap. 1 inc. c y ap. 2 inc. a, b, c y d del Código Aduanero y en los Decretos nº 2752/91 y 2275/94. Veamos que nos dice cada una de estas normas citadas:
El art. 4º de la Constitución Nacional habla de los recursos del Estado nacional, y menciona entre ellos a los derechos de importación y exportación. Las llamadas retenciones no son otra cosa que derechos de exportación. En concordancia el art. 9º de la CN establece que las únicas aduanas que habrá en el territorio son nacionales, y el art. 126 de la CN prohíbe a las provincias establecer aduanas propias.
El art. 75 de la Constitución Nacional se refiere a las atribuciones del Congreso de la Nación. El inc. 1º establece que a este corresponde la legislación en materia aduanera y de derechos de exportación e importación que además, deben ser uniformes en toda la Nación. El Código Aduanero (sancionado en 1981, pero válido, en tanto y en cuanto las autoridades constitucionales así lo han reconocido desde 1983) faculta al PEN a gravar, desgravar y modificar los derechos de exportación.
El art. 99 de la Constitución Nacional define las atribuciones del presidente de la Nación, entre ellas, el Inc. 1º dice que es responsable de la administración general del país, y el inc. 2º que es quien expide todos los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cosa que, en el caso, ha hecho, a través de la Res. 125/08 en aplicación de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
Los derechos de exportación e importación, no son recursos coparticipables, así surge de los artículos citados y del Inc. 2º del art. 75 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso de la Nación podrá imponer impuestos (la constitución dice contribuciones pero técnicamente corresponde hablar de impuestos) indirectos y directos (estos últimas sujetos a condiciones) siendo coparticipables solamente las contribuciones (impuestos) previstas en este Inciso 2º.
Al respecto Néstor Pedro Sagúes dice, al referirse a los derechos de exportación e importación: “La Corte Suprema ha apuntado que son los únicos otorgados con exclusividad a la Federación y que ello importa una concesión de carácter limitado y estricto. El propósito de esta norma fue, además de nutrir de recursos a la Nación, impedir que las provincias pudiesen crear barreras aduaneras que dificultasen la integración del país y la circulación de bienes dentro de él (Alberdi)” [3]. Ahora bien, el Código Aduanero, en lo que aquí interesa, dispone:

ARTICULO 755. – 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:...

c) modificar el derecho de exportación establecido.
2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades:
a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional;
b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior;
c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales;
d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;

Es decir, desde la sanción del Código Aduanero (año 1981) estaba perfectamente habilitado el Presidente de la Nación para establecer los derechos de exportación (retenciones) que han desatado el brutal lockout agropecuario a que se ve sometida no la actual presidenta, sino toda la sociedad.
Sin embargo, se dirá, que éstas no fueron establecidas por un decreto de la Presidenta sino por resolución del Ministerio de Economía. Ello es así, por cuanto por el art. 1º del Decreto Nº 2752/91 se delegaron en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (hoy Ministerio de Economía) las facultades conferidas por el art. 755 del Código Aduanero.
Por último, el Decreto Nº 2275/94 aprueba la nomenclatura del MERCOSUR en el orden nacional.
Entonces, no cabe discusión alguna, y es falaz el argumento de que no se encontraba el Poder Ejecutivo habilitado para el dictado de la Resolución en debate.
Ahora bien, podría cuestionarse la legitimidad del Código Aduanero dictado durante la última Dictadura. La Corte Suprema de la Nación ha sostenido al respecto, que las normas dictadas en aquellos períodos dictatoriales subsisten hasta tanto los gobiernos constitucionales las reconozcan explícita o implícitamente. La Corte ha adoptado este criterio entendiendo que el desconocimiento in totum de estas normas resultaría caótico puesto que anularía el universo íntegro de las relaciones jurídicas nacidas durante ese tiempo al amparo necesario de esas normas. [4] No debemos olvidar, que los gobiernos dictatoriales que se sucedieron a lo largo del siglo XX dictaron profusa legislación, llegando incluso a modificar la Constitución Nacional. También debe recordarse que la única ocasión en la cual un gobierno constitucional revisó los decretos de la dictadura que le precedió (entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946), fue cuando el Presidente Gral. Juan Domingo Perón envió al Congreso de la Nación la iniciativa de esa revisión, revocando o convirtiendo en leyes de base constitucional, cada caso.
Pero en lo que hace al Código Aduanero en particular, el Congreso de la Nación sí ha intervenido sancionando numerosas leyes modificatorias o complementarias de éste.
En cuanto a los fundamentos económicos de la medida.
El propósito del régimen de contribuciones programado por la Constitución Nacional es, desde luego, proveer los recursos al Estado, pero opera también como un instrumento de regulación de la vida económica, que, como dijo la Corte Suprema, a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida que corresponde a las exigencias del bienestar general, cuya satisfacción ha sido prevista en la Constitución Nacional como uno de los objetos del poder impositivo (Montarce fallos 289:443). En otros pronunciamientos, la Corte ha destacado como objetivo del impuesto, además de los puntualizados, impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas productivas.
En este punto, resulta necesario conocer si realmente el agro tiene una rentabilidad extraordinaria y en su caso cómo se explica esto.
Las hiperganancias del grueso del sector agrícola en la post convertibilidad tienen dos pilares: las mejoras de los precios internacionales y la reducción de los costos de producción local expresados en dólares. Desde el punto de vista de los ingresos no hay mayor misterio: el dinamismo de la demanda mundial empujó el precio internacional de la soja, el girasol y el trigo a sus niveles más altos de los últimos 25 años, y en el caso del maíz de los últimos 12 años. Esta tendencia se agudizó todavía más desde 2006. Y en el actual contexto de inestabilidad financiera mundial también interviene otro componente: las presiones especulativas sobre los precios de las commodities.
Sin embargo, esta rentabilidad no es sólo producto de la favorable situación internacional. La adopción de un tipo de cambio competitivo (dólar caro) ha sido una herramienta de política económica sostenida por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, contrapuesta a la “convertibilidad” de la década del 90. Para ello, el Estado interviene activamente en el mercado, comprando dólares cuando así resulta necesario para sostener el precio alto del mismo, y esto se hace con el esfuerzo de todos los argentinos y no solamente del sector exportador que es quien más se ve beneficiado con estas políticas.
El campo es sin duda, un sector importante de la economía nacional, pero conviene, para ser precisos, dimensionar en su verdadera magnitud esa importancia:
Un primer punto llamativo acerca de la presunta importancia económica del campo, es que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Es más, el crecimiento de la producción del sector ascendió sólo el 3% del aumento total del PBI en los últimos cinco años. Tampoco su peso en el empleo es muy significativo: incluso si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponde al sector. En cambio, como a lo largo de toda la historia argentina, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de que dispones el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando tanto las correspondientes a productos primarios como las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por su parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de los trabajadores (bienes-salario) de la economía argentina. Los alimentos y bebidas constituyen el 31.3% de la canasta de consumo de la población y un porcentaje aún mayor para los hogares más pobres (46,6% en el primer quintil de ingresos). Las variaciones en sus precios tienen, por lo tanto una influencia fundamental en la evolución de los salarios reales” .
Sí como en la década del 90, se dejara librada a la regulación del mercado la economía nacional, esta falta de intervención del Estado repercutiría de manera desastrosa en los bolsillos de las clases media y baja, tentando a los productores agropecuarios a exportar la totalidad de su producción, o a venderla en el mercado interno a los mismos precios del mercado externo.
Por último, recordemos que, mientras que el precio de los productos industriales tiene dos componentes: costo y ganancia, el precio de los productos agrarios tiene tres: costo, ganancia y renta del suelo, que en el caso de la pampa húmeda, reúne condiciones excepcionales. Y que el tipo de acumulación que queremos generar tiene tres componentes: Potencial de recursos naturales +trabajo +justa distribución.

David Ricardo, fundador de la escuela clásica o Alfred Marshall, fundador de la escuela neoclásica señalaron que en la producción agrícola existe una diferencia sustancial: como la actividad se asiente sobre determinadas circunstancias climáticas y de fertilidad del suelo, a diferencia de otras ramas, ningún inversor puede reproducir esas mismas condiciones naturales, por más que hacerlo represente un excelente negocio .
Por último, sin retención de la renta extraordinaria de los sectores más ricos no hay posibilidad alguna de redistribuir riqueza que es más justicia social y más educación para el conjunto del pueblo argentino.
ANTIGUO DEBATE DE MODELOS ENFRENTADOS

Hay otro argumento de la oposición que quiero discutir. Se trata de la repentina defensa del federalismo sostenida insistentemente por representantes del más resistente poder unitario, y de esas expresiones de la centroizquierda que se han alineado con la oligarquía en los momentos cruciales de la historia argentina. Estas últimas proponen caminos sin salida.
Pero más me preocupa que hay unitarios que se vuelven federales en la hora neoliberal. Unitarios del Puerto y unitarios de sus provincias, socios portuarios, que defienden sus intereses particulares a costa de la Nación. Federalismo neoliberal, que adopta la idea de descentralización para evadir al Estado cuando cobra impuestos, cuando impone medidas que regulan la producción a favor de los sectores populares, cuando el Estado lo hace en resguardo de la diversidad del sistema productivo argentino.
Es característico del discurso político llenar de contenidos a los términos de acuerdo a la configuración de la cual forman parte. Pero es obligación de políticos, no sólo de intelectuales, reconstruir las categorías que se usan, máxime en una época en la cual el pasaje de la verbalización hecha por personalidades públicas al lenguaje de la calle es instantánea. Ayuda a aquella tarea la reflexión histórica.
Mariano Moreno escribió la “Representación de los Hacendados” porque había descubierto el antagonismo sobre el cual se estaba fundando el país: la distribución de la renta agraria, que no es otra cosa que la discusión por el modelo de desarrollo económico-social que es tan vieja como el país y completamente actual. Gervasio José de ARTIGAS sancionó en 1815 el Código agrario que otorgaba el principal derecho sobre las tierras a los indios y los pobres del campo, introduciendo relaciones capitalistas en la vida del gaucho errante. Las relaciones sociales y productivas que pretendió reglar eran muy simples, comparadas con el “entramado agro- comercial-industrial” que hoy defiende el federalismo neoliberal. Pero no tuvo tras sí la suficiente fuerza social y política como para que su política tuviera sostén y no fuera liquidada por la fuerza concentradora del poder agrario- portuario.
Repasemos nuevamente la base histórica de la propiedad agraria argentina: se asociaron los sectores de la burguesía comercial con los dueños de la tierra —en su mayoría apropiada por la fuerza a los pueblos originarios que eran los legítimos dueños— actuando como instrumentos del capitalismo europeo que sangraba a las colonias. Luego de acaparar el poder político, se consolidaron los grandes latifundios y se impuso un modelo de libre cambio a la invasión de las mercancías británicas que imposibilitó el desarrollo incipiente de una industria nacional.
La célebre polémica entre Alberdi y Sarmiento acerca de cómo debía organizarse y sostenerse el Estado nacional y el proyecto de desarrollo, contiene gran parte de la discusión que hoy todavía nos convoca: es acerca de las aduanas y la renta por exportación, entre otras cuestiones. En tal contexto, Sarmiento formuló una propuesta sobre lo que debe decretarse en la materia:
Sobrecoge y agobia el ánimo la gravedad de las materias en que tiene de entender el Congreso, después de despejar el ho¬rizonte de todas esas interminables cuestiones con las naciones extranjeras o los Estados vecinos. [….] Supresión de las Aduanas interiores que aniquilan el comercio y creación de un nuevo sistema general en las fronteras y puertos. - Destinación de las rentas nacio¬nales a objetos comunes. - Constitución del poder general con arreglo a las necesidades del país y a sus usos y costumbres. […].

El “debate de las carnes” que se produjo en 1935 en el Senado de la Nación, protagonizado por Lisandro de la Torre y que costó la vida al senador Enzo Bordabehere, no logró modificar la entrega de nuestra economía sellada por el Pacto Roca- Rucinman.. Se probaron en la discusión fraudes de los frigoríficos, abusos en contra de los ganaderos, evasiones fiscales y prácticas monopólicos. [12] A diferencia de algunos dirigentes de la actualidad, De la Torre entendía la defensa de los valores republicanos en el marco de la defensa de los intereses del conjunto del pueblo en contraposición a los grandes capitales agro exportadores que se apropiaban de la renta extraordinaria obtenida mediante el esfuerzo de los trabajadores rurales, explotados entonces y ahora, y consideraba imprescindible la intervención del Estado para controlar y regular las exportaciones. En tal sentido, afirmaba la:

[…] participación de los obreros en las utilidades de las fábricas, limitación de las grandes ganancias y de las grandes fortunas, pensiones a la vejez, seguro de desocupación y otros puntos semejantes. No caben ya equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía.[...].La postura del senador De la Torre fue casi heroica ideológica y políticamente pero careció del respaldo político de una fuerza nacional popular, única conformación capaz de sostener la independencia económica del país.
Distinto ha sido el hecho de la creación del IAPI, que precisamente llegó a instituirse por la potencia y unidad de conducción del gobierno peronista y fue necesario un golpe de Estado para destruir la política en que el control de las exportaciones agrícolas se inscribía [i] [13].

Vacas o soja, la Argentina, pese a las condiciones privilegiadas de su pampa húmeda, de la variedad de recursos naturales y la particularidad de tener una escasa población a la cual alimentar, nunca sorteó totalmente el peligro de la monoproducción que enferma a tantos los países latinoamericanos. Esta es la cuestión de fondo, que se anticipa a las transformaciones de los actores, a su relación con los distintos tipos de tecnología, a sus distintas vinculaciones y la variación, siempre temporaria de los precios de los commodities en los mercados nacional e internacional.
No registrar la permanencia del antagonismo sirve para ocultarlo; no darse cuenta de los cambios en los aspectos enunciados, es quedarse encerrados en la simplicidad de la consigna “Patria-colonia”. En ambos casos se aumentan las dificultades para la generar la estrategia pertinente, que permita sumar sectores al bloque popular y desnudar ante la calle, los medios y los votantes, los más crudos intereses del capitalismo salvaje. Con un agregado: este capitalismo neoliberal encajó justo en el liberalismo económico y el conservadurismo político de la clase alta y la clase media alta argentinas. Un problema no menor que debemos considerar es la eficacia que ha tenido una cultura mediática socialmente irresponsable, la degradación del mensaje político de una parte de la oposición producto de su lamentable deslizamiento de partidos y dirigentes desde posturas de centroizquierda hacia alianzas ideológicas y políticas con la derecha.
En la sociedad existen muchas inconformidades distintas, más aún cuando lo que se violentó fue mucho, en las décadas anteriores. Pero el clima de inconformidad se produce cuando las demandas de diverso tipo y tamaño se articulan. En ese momento la solución de cada una se complica por su ligazón con el conjunto, al mismo tiempo que resulta difícil de destrabar aquello que ha encontrado compañía en la disolución dentro de un lema compartido, aunque externo a su demanda específica. La pérdida de actualidad del lema liberaría las múltiples demandas dejando a cada uno con su tema o frente a su problema. El poder lo tiene quien condujo, consciente o inconscientemente, la conformación del lema. Nuestro problema es que el gobierno no alcanzó a dirigir el proceso de condensación de demandas (tampoco la oposición partidista, que recoge beneficios de un proceso del cual ha sido beneficiada casi de regalo), sino que pudo organizarse un centro de atracción la derecha neoliberal, conservador, para distintos y grandes sectores. Contó o cuenta con bases que pueden ser cada vez más orgánicas, sindicatos, adherentes caceroleros (una estética), medios de comunicación poderosos, sus juristas, sus intelectuales y una base endeble y dividida de partidos políticos. Más allá de la subsistencia que tenga ese bloque en la situación actual, importa ser muy conscientes de la permanente potencialidad de su rápida y peligrosa conformación.


RETENCIONES PARA RETENER
Artigas acompañó la reforma agraria con una campaña alfabetizadora apoyada en los más modernos métodos de la época porque había comprendido que una misma lógica política, que un mismo sistema de valores, emparenta la distribución justa de la tierra y sus productos con la distribución de la cultura.
Quienes levantan la figura del liberal Sarmiento deberían recordar que, cuando tuvo que gobernar, el mismo hombre defendió la necesidad de crear una aduana nacional que pudiera recaudar rentas nacionales que administrara el Poder Ejecutivo. A su vez, estaba convencido que el desarrollo del país sólo era posible mediante la extensión de la educación común, y ésta estaba directamente vinculada a una política agraria de distribución de la tierra y desarrollo de colonias agrícolas, tal como lo demostró la experiencia que impulsó en Chivilcoy, [14] provincia de Buenos Aires. En esa misma obra,
Ambos, Artigas y Sarmiento, dos tradiciones e identidades enfrentadas, entendieron la íntima relación entre la educación, el desarrollo agrario y la distribución de la tierra, aunque el primero se apoyó en el protagonismo del pueblo rioplatense y el segundo aportó al crecimiento basado en la incorporación de la argentina al mercado mundial sobre un modelo agro exportador que favorecía principalmente el comercio con Inglaterra y dejaba afuera a los sectores populares.
La vinculación entre el modelo de país y el tipo de sistema educativo ha estado instalada desde el comienzo de nuestra historia. Me remito a la opinión del economista Aldo Ferrer cuando sostiene que en el debate sobre las retenciones está implícito “un problema previo muy importante, que es el de la estructura productiva”, para reafirmar que las estrategias que se proponen para solucionar la cuestión educativa están comprometidas con la política que impulsa “una estructura integrada y diversificada, que incorpore los diversos segmentos de una nación moderna” o un sistema poco diversificado sin “capacidad de incorporar el conocimiento y gestionarlo”, incapaz de “producir desarrollo en las condiciones contemporáneas” [15]
En nuestra historia, pese a numerosos proyectos, debates parlamentarios y políticas de gobiernos, el clasicismo, el excesivo profesionalismo y la exclusión del trabajo productivo han sido los sellos dominantes en la educación de los argentinos. Entre las voces más relevantes que visualizaron a la educación como un factor interno de las estrategias nacionales de desarrollo autónomo mencionaré la polémica entre el diputado conservador Alejandro Carbó y el Ministro de Instrucción Pública de Julio A. Roca, en 1901. Carbó defendía una educación secundaria clásica, al estilo mitrista, en tanto Magnasco valoraba en su proyecto la sintonía de ese nivel escolar con la producción nacional: "educación de agricultores y ganaderos o si fuera un país de industrias, educación de técnicos y empresarios" [16].
La educación para el trabajo en el campo ha avanzado según los ritmos y orientaciones de las políticas económicas y sociales. Las concepciones político educativas muestran especial sensibilidad respecto a las concepciones sobre el mercado de trabajo, los nichos productivos, la preeminencia de un tipo u otro de producto en el marcado internacional. Entre los grandes propietarios del campo argentino ha predominado la opción por mandar a sus hijos a los colegios nacionales y llegar al peón con educación primaria; seleccionar producciones que requieren alta tecnología y baja mano de obra capacitada.
Pero desde mediados del siglo pasado, luchan por su protagonismo modalidades de la educación secundaria y superior que alcancen a la población rural en sus lugares de residencia o cercanos a ellos, combatiendo el desarraigo y vinculando la enseñanza- aprendizaje directamente con el trabajo. Existen en el país secundarias aerotécnicas y una serie de otras variantes que se multiplican en las provincias y que requieren ser apoyadas. Hay importantes facultades e institutos superiores agrotécnicos.
El incremento de la capacidad de producción de los jóvenes debe ser considerada prioritaria. Pero para ello es necesario superar la incoherencia de reclamar escuelas rurales, secundarias agrotécnicas e instituciones de estudios superiores en la zona de residencia, gratuita, y al mismo tiempo negarse a entregar al Estado que debe proporcionar ese servicio, una parte de sus ganancias.
La Ley de Educación Nacional No. 26.206/06 introduce por primera vez la educación para el trabajo como central de la estrategia pedagógica de todo el sistema y otorga especial importancia a la educación agrotécnica, otorgando al Estado la principal responsabilidad de su financiamiento, provisión y supervisión.

En la fundamentación de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires No.13.688/07, se recalca la importancia de la “formación del ciudadano, otorgándole las condiciones para continuar aprendiendo de manera que el trabajador posea saberes socialmente productivos que le permitan adaptarse a las cambiantes condiciones tecnológicas y productivas, cuente con los fundamentos necesarios para su permanente perfeccionamiento y la vincule a una concepción de protección y preservación de la base natural de toda actividad productiva sin las cuales aquella deviene insustentable. La Educación Agropecuaria, Minera e Industrial y la Formación Profesional se incluyen como capítulo de la presente Ley, evitando que existan circuitos de distinta calificación social destinados a sectores sociales diferentes y manteniendo estas modalidades educativas bajo la órbita excluyente de la planificación educativa provincial y nacional”.
Dicha Ley establece un papel fuerte para el Estado en relación a la educación agrotécnica y a su gratuidad, en tanto bien social. En ese sentido presenté un proyecto de Ley que proponía una modificación del destino de los fondos provenientes de las retenciones móviles, utilizando un 5% para escuelas agrotécnicas e instituciones de educación superior de estudios agrarios.
Es indispensable encarar una difícil tarea que consiste en promover un cambio que debe reorientar la cultura productiva de las jóvenes generaciones que trabajan el campo argentino en toda su extensión. La profunda penetración de los valores neoliberales atenta contra la posibilidad de su propio progreso en términos de arraigo, de acumulación de capital con perspectivas de reinversión en el espectro agroindustrial e industrial argentino, de contribución conscientemente solidaria al bien común.

La Ley de retenciones móviles establece una política que va más allá de las interpretaciones a las cuales son susceptibles las medidas específicas que contiene. Votemos teniendo en cuenta cuál es el problema fundamental que enfrenta, sabiendo que no es posible abordarlo sin conflictos y trabajemos para que las dificultades entre los sectores se ordenen en base a las diferencias reales, en las series que les son estratégicamente afines, y apliquemos la fuerza de los votos a quienes se negarán siempre a compartir la riqueza que acumulan usando los bienes y el esfuerzo de todos los argentinos.