Asamblea General Extraordinaria de Convencionales Departamentales en la cuidad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, 12 días del mes Abril del año 2008, en las instalaciones del Sindicato de la Industria de la Madera sito en calle Entre Ríos Nº 1555 de la cuidad de Posadas. Convocados con el fin de: Elegir las nuevas autoridades de la Convención, Consideración de las Memorias y Balances Partidario, Análisis y discusión de los lineamientos políticos que deberá seguir el partido, etc.
• El Sr. Eduardo Sigal después de saludar y expresar éxito a los convencionales, entre otros conceptos expone. La profunda vocación democrática del partido, la vocación frentista e integración, la lucha contra todo tipo de corrupción, la vocación de integración Latinoamericana , la recuperación y el fortalecimiento de la identidad nacional en el marco de mayor equidad en la distribución de l riqueza y fundamentando que hoy el partido es parte integrante del Frente para La Victoria, frente que Silvio de plataforma para la llegada del Dr. Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003 y el 2.007 a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Finalizando su alocución exhortando a redoblar el esfuerzo para lograr los objetivos fijados por el partido ya que al dia de hoy en 21 provincias están regularizadas institucionalmente el Frente Grande.
miércoles, 30 de abril de 2008
Buena noticia para el Mercosur
El triunfo de Fernando Lugo en la elección presidencial paraguaya es una noticia muy positiva para las perspectivas del proceso de integración regional.
El ahora presidente electo del Paraguay se pronunció reiteradamente, durante su campaña electoral, a favor del fortalecimiento y profundización del Mercosur. Lo hizo, incluso, polemizando con sectores empresarios de su país que, sobre la base de criticar aspectos de su funcionamiento, plantean la necesidad de que Paraguay se retire del bloque.
Claro está que la integración no es un proceso de unidad ideológica. Es un proyecto estratégico, de largo plazo, que tiene que ir creando una robustez institucional y un respaldo social y cultural de sus pueblos, que lo pongan al abrigo de los cambios de rumbo y de partido, propios de toda democracia.
Sin embargo, hay circunstancias como la actual, en que las etapas políticas que vive cada país se sincronizan notablemente a favor de un mayor ritmo y una mayor solidez en la integración. Paraguay se acaba de incorporar decididamente, con la elección realizada por su pueblo, al nuevo clima que vive la mayor parte de los países de Sudamérica. Es un clima en que el rol de los Estados, su capacidad de establecer los equilibrios que hagan socialmente sustentable a nuestras democracias, la cuestión de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la necesidad de asociar franca e irreversiblemente a nuestros países en términos de estrategias productivas competitivas y proyectos de justicia social, han pasado a ser puntos centrales de las agendas nacionales. Paraguay sufre, dentro del Mercosur, el peso de las asimetrías respecto de los países de mayor volumen del bloque, Brasil y la Argentina. Es una realidad sobre la que hemos venido trabajando en el último período; la creación de los Fondos de Convergencia Estructural destinados a financiar proyectos de desarrollo en países y regiones que sufran esas asimetrías es uno de los principales avances. En esa misma dirección, el Mercosur trabaja en proyectos para promover la asociatividad entre pequeñas y medianas empresas, orientados a favorecer cadenas de valor con el consecuente avance en la generación de empleo para cada uno de nuestros países. Naturalmente, estas iniciativas no están a la altura de lo que necesitamos, pero indican una disposición en todos nuestros países a atender esta realidad.
La de las asimetrías es, por otro lado, una realidad de la que no es responsable ninguno de los vecinos del Paraguay ni su propio pueblo, sino un tipo de políticas económicas que afectó a todos nuestros países.
El presidente Lugo tiene hoy la legitimidad y la convicción para encabezar una nueva etapa política en el hermano país. Una etapa que ayude a superar en común viejos recelos y estériles contradicciones que tendieron a acentuar el atraso y la injusticia en nuestros países. Más que ayer, Paraguay y Argentina pueden trabajar unidos por un proyecto común de fortalecimiento democrático, reparación social e integración regional.
Con seguridad, los cambios políticos, económicos y culturales por los que votó el pueblo paraguayo serán una contribución muy importante al fortalecimiento del Mercosur y a la perspectiva de la integración sudamericana.
El ahora presidente electo del Paraguay se pronunció reiteradamente, durante su campaña electoral, a favor del fortalecimiento y profundización del Mercosur. Lo hizo, incluso, polemizando con sectores empresarios de su país que, sobre la base de criticar aspectos de su funcionamiento, plantean la necesidad de que Paraguay se retire del bloque.
Claro está que la integración no es un proceso de unidad ideológica. Es un proyecto estratégico, de largo plazo, que tiene que ir creando una robustez institucional y un respaldo social y cultural de sus pueblos, que lo pongan al abrigo de los cambios de rumbo y de partido, propios de toda democracia.
Sin embargo, hay circunstancias como la actual, en que las etapas políticas que vive cada país se sincronizan notablemente a favor de un mayor ritmo y una mayor solidez en la integración. Paraguay se acaba de incorporar decididamente, con la elección realizada por su pueblo, al nuevo clima que vive la mayor parte de los países de Sudamérica. Es un clima en que el rol de los Estados, su capacidad de establecer los equilibrios que hagan socialmente sustentable a nuestras democracias, la cuestión de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la necesidad de asociar franca e irreversiblemente a nuestros países en términos de estrategias productivas competitivas y proyectos de justicia social, han pasado a ser puntos centrales de las agendas nacionales. Paraguay sufre, dentro del Mercosur, el peso de las asimetrías respecto de los países de mayor volumen del bloque, Brasil y la Argentina. Es una realidad sobre la que hemos venido trabajando en el último período; la creación de los Fondos de Convergencia Estructural destinados a financiar proyectos de desarrollo en países y regiones que sufran esas asimetrías es uno de los principales avances. En esa misma dirección, el Mercosur trabaja en proyectos para promover la asociatividad entre pequeñas y medianas empresas, orientados a favorecer cadenas de valor con el consecuente avance en la generación de empleo para cada uno de nuestros países. Naturalmente, estas iniciativas no están a la altura de lo que necesitamos, pero indican una disposición en todos nuestros países a atender esta realidad.
La de las asimetrías es, por otro lado, una realidad de la que no es responsable ninguno de los vecinos del Paraguay ni su propio pueblo, sino un tipo de políticas económicas que afectó a todos nuestros países.
El presidente Lugo tiene hoy la legitimidad y la convicción para encabezar una nueva etapa política en el hermano país. Una etapa que ayude a superar en común viejos recelos y estériles contradicciones que tendieron a acentuar el atraso y la injusticia en nuestros países. Más que ayer, Paraguay y Argentina pueden trabajar unidos por un proyecto común de fortalecimiento democrático, reparación social e integración regional.
Con seguridad, los cambios políticos, económicos y culturales por los que votó el pueblo paraguayo serán una contribución muy importante al fortalecimiento del Mercosur y a la perspectiva de la integración sudamericana.
lunes, 28 de abril de 2008
"APOYAR LA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN ES DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS”
“Apoyamos la propuesta de una nueva Ley de Radiodifusión, convencidos de que el respeto por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión -garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica- es un pilar fundamental en el proceso de consolidación de la democracia que vive hoy casi la totalidad del continente latinoamericano”, expresó Jorge Drkos, presidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, Drkos sostuvo que “la Ley 22.285 es uno de los últimos resabios legislativos de la última dictadura: habiendo transcurrido 25 años de continuidad democrática su espíritu, su letra y los intereses que defendió desde su nacimiento deben ser definitivamente reemplazados por una nueva norma que contemple la libertad de comunicar, investigar e informarse que poseemos todos los seres humanos”.
“En este marco -agregó el dirigente frentista- la nueva ley apunta a que se adopten políticas efectivas para evitar la concentración monopólica de los medios de comunicación, lo que la convierte en un valioso instrumento contra la censura, la discriminación y la manipulación de la opinión pública”.
Finalmente, Drkos afirmó que “el nuevo texto presentado a la Presidenta Fernández de Kirchner es fruto del debate y el aporte de ideas de más de cuarenta organizaciones entre las que se encuentran universidades, sindicatos, partidos políticos, organismos de Derechos Humanos, y movimientos barriales; esto muestra a las claras que, como sociedad, hemos alcanzado la madurez suficiente para construir una institucionalidad que nos permita defender y ejercer nuestros derechos, entre los que la libertad de expresión e información ocupa uno de los lugares más destacados”.
INICIATIVA CIUDADANA
POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
FUNDAMENTOS
Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.
Asimismo, Drkos sostuvo que “la Ley 22.285 es uno de los últimos resabios legislativos de la última dictadura: habiendo transcurrido 25 años de continuidad democrática su espíritu, su letra y los intereses que defendió desde su nacimiento deben ser definitivamente reemplazados por una nueva norma que contemple la libertad de comunicar, investigar e informarse que poseemos todos los seres humanos”.
“En este marco -agregó el dirigente frentista- la nueva ley apunta a que se adopten políticas efectivas para evitar la concentración monopólica de los medios de comunicación, lo que la convierte en un valioso instrumento contra la censura, la discriminación y la manipulación de la opinión pública”.
Finalmente, Drkos afirmó que “el nuevo texto presentado a la Presidenta Fernández de Kirchner es fruto del debate y el aporte de ideas de más de cuarenta organizaciones entre las que se encuentran universidades, sindicatos, partidos políticos, organismos de Derechos Humanos, y movimientos barriales; esto muestra a las claras que, como sociedad, hemos alcanzado la madurez suficiente para construir una institucionalidad que nos permita defender y ejercer nuestros derechos, entre los que la libertad de expresión e información ocupa uno de los lugares más destacados”.
INICIATIVA CIUDADANA
POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
FUNDAMENTOS
Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.
viernes, 25 de abril de 2008
La agenda latinoamericana, en la Copppal
La COPPPAL es presidida por el senador Antonio Cafiero, quien fue acompañado por la Diputada Nacional Teresa García. Entre los participantes de otros países se cuentan el Comandante Tomas Borge, del Frente Sandinista de Nicaragua, Mauricio Funes candidato a Presidente en El Salvador , Iliada Lopez, del PT de Brasil, y Roberto Regalado de Cuba, entre otros.
Al inaugurar el encuentro, Torrijos, quien además es Vicepresidente de la COPPPAL, resaltó la visión y el reto de los colectivos políticos en luchar por la equidad y la justicia social. “El talento, las visiones y el liderazgo continental de los partidos políticos va más allá de rescatar la credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático, la gente espera que les brindemos soluciones. El reto de las formaciones políticas no solo es el sistema sino establecer nuevos objetivos y visiones a favor de la equidad, la justicia social y la igualdad en nuestros países para recuperar la confianza de los ciudadanos”, concluyó Martin Torrijos.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue analizar el conflicto de Colombia y la agresión al territorio ecuatoriano. En ese sentido una vez más la COPPPAL declaró estar dispuesta a colaborar en el proceso de paz en Colombia y realizó un llamado urgente para lograr el acuerdo humanitario que permita la liberación inmediata de todos y cada uno de los rehenes políticos y económicos en poder de la guerrilla de las FARC, así como la libertad de prisioneros de las FARC en las cárceles del gobierno colombiano.
También se condenó la acción armada ordenada por el Presidente colombiano Alvaro Uribe al territorio ecuatoriano. La Conferencia expresó que el principio de pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados no puede verse afectada bajo ninguna circunstancia por acciones unilaterales de ningún estado.
Otros temas analizados fueron la situación actual de América latina en el contexto mundial y los distintos procesos de integración en marcha MERCOSUR, ALBA , UNASUR ; la creación del Banco del Sur , el proceso electoral en El Salvador.
Se solicitó asimismo la liberación de los 5 cubanos presos políticos detenidos en EEUU y se aprobó enviar una delegación a la ONU para apoyar el proceso de Independencia de Puerto Rico; otros temas fueron la situación de Bolivia y los movimientos independentistas en las Antillas holandesas.
La COPPPAL, conmemorara el 12 de octubre del 2009 su XXX aniversario y en esta reunión de Panamá se reiteró el compromiso de favorecer la búsqueda permanente del diálogo político para perfeccionar y consolidar la democracia en América Latina y de continuar pugnando por un crecimiento económico sostenido y por políticas para la superación de la pobreza y la desigualdad, hasta alcanzar mayores niveles de inclusión y justicia social en los países de la región .
Al inaugurar el encuentro, Torrijos, quien además es Vicepresidente de la COPPPAL, resaltó la visión y el reto de los colectivos políticos en luchar por la equidad y la justicia social. “El talento, las visiones y el liderazgo continental de los partidos políticos va más allá de rescatar la credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático, la gente espera que les brindemos soluciones. El reto de las formaciones políticas no solo es el sistema sino establecer nuevos objetivos y visiones a favor de la equidad, la justicia social y la igualdad en nuestros países para recuperar la confianza de los ciudadanos”, concluyó Martin Torrijos.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue analizar el conflicto de Colombia y la agresión al territorio ecuatoriano. En ese sentido una vez más la COPPPAL declaró estar dispuesta a colaborar en el proceso de paz en Colombia y realizó un llamado urgente para lograr el acuerdo humanitario que permita la liberación inmediata de todos y cada uno de los rehenes políticos y económicos en poder de la guerrilla de las FARC, así como la libertad de prisioneros de las FARC en las cárceles del gobierno colombiano.
También se condenó la acción armada ordenada por el Presidente colombiano Alvaro Uribe al territorio ecuatoriano. La Conferencia expresó que el principio de pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados no puede verse afectada bajo ninguna circunstancia por acciones unilaterales de ningún estado.
Otros temas analizados fueron la situación actual de América latina en el contexto mundial y los distintos procesos de integración en marcha MERCOSUR, ALBA , UNASUR ; la creación del Banco del Sur , el proceso electoral en El Salvador.
Se solicitó asimismo la liberación de los 5 cubanos presos políticos detenidos en EEUU y se aprobó enviar una delegación a la ONU para apoyar el proceso de Independencia de Puerto Rico; otros temas fueron la situación de Bolivia y los movimientos independentistas en las Antillas holandesas.
La COPPPAL, conmemorara el 12 de octubre del 2009 su XXX aniversario y en esta reunión de Panamá se reiteró el compromiso de favorecer la búsqueda permanente del diálogo político para perfeccionar y consolidar la democracia en América Latina y de continuar pugnando por un crecimiento económico sostenido y por políticas para la superación de la pobreza y la desigualdad, hasta alcanzar mayores niveles de inclusión y justicia social en los países de la región .
jueves, 24 de abril de 2008
“EL OBSERVATORIO DE MEDIOS NO CENSURA:
El Presidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Drkos, manifestó su apoyo al Observatorio sobre Discriminación en los Medios de Comunicación -integrado por el COMFER, el INADI y el Consejo Nacional de la Mujer- expresando que “aunque muchos intenten presentarlo intencionalmente como un órgano violatorio de la libertad de prensa, este organismo es producto de un reclamo de las propias víctimas de discriminación” agregando que “su accionar fue reclamado recientemente por el propio Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y su verdadero objetivo no es controlar a nadie sino aportar a la construcción de una sociedad multicultural, integradora y solidaria”.
Además, el dirigente frentista explicó que “el Observatorio nació en 2005, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación que, a su vez, fue diseñado contemplando varios centenares de encuestas a especialistas y analizando una importante cantidad de denuncias realizadas por grupos e individuos victimizados, información que arrojó como resultado que en todo el país el 47% de la población cree que la televisión contiene mensajes altamente discriminatorios”.
“Por otra parte -continuó Drkos- este Observatorio no es otra cosa que el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, dado que el Plan Nacional contra la Discriminación que le da origen, responde al Documento Final de la Declaración de Durban de 2001, producto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y otras formas conexas de Intolerancia, la cual tiene rango constitucional (Art. 75, inc. 22) como todos los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina”.
Finalmente, el presidente del Frente Grande destacó que “afortunadamente, para nuestra legislación discriminar es un delito; por lo tanto, no debemos permitir que a través de un juego hipócrita y manipulatorio se confunda a la opinión pública diciendo que se coarta la libertad de expresión: sólo se trata de proteger a las víctimas -que generalmente no tienen voz- apuntando a la construcción de una sociedad multicultural, integradora y solidaria”.
Además, el dirigente frentista explicó que “el Observatorio nació en 2005, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación que, a su vez, fue diseñado contemplando varios centenares de encuestas a especialistas y analizando una importante cantidad de denuncias realizadas por grupos e individuos victimizados, información que arrojó como resultado que en todo el país el 47% de la población cree que la televisión contiene mensajes altamente discriminatorios”.
“Por otra parte -continuó Drkos- este Observatorio no es otra cosa que el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, dado que el Plan Nacional contra la Discriminación que le da origen, responde al Documento Final de la Declaración de Durban de 2001, producto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y otras formas conexas de Intolerancia, la cual tiene rango constitucional (Art. 75, inc. 22) como todos los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina”.
Finalmente, el presidente del Frente Grande destacó que “afortunadamente, para nuestra legislación discriminar es un delito; por lo tanto, no debemos permitir que a través de un juego hipócrita y manipulatorio se confunda a la opinión pública diciendo que se coarta la libertad de expresión: sólo se trata de proteger a las víctimas -que generalmente no tienen voz- apuntando a la construcción de una sociedad multicultural, integradora y solidaria”.
sábado, 19 de abril de 2008
Documento presentado a la 27º conferencia de la Copppal
En los últimos meses se ha agudizado el debate sobre nuestra política exterior y particularmente sobre el modelo de integración que debe encarar nuestro país. No se trata de una discusión técnica ni exclusiva de especialistas. Cada vez más, la política internacional es un componente esencial del proyecto de país al que aspiramos. Las premisas que aquí se exponen no son, por lo tanto, un catálogo neutral de enunciaciones, sino un conjunto de consideraciones sobre orientaciones que la experiencia de estos años muestran como necesarias para consolidar el rumbo hacia un país inclusivo y justo en lo social, moderno en su perfil productivo y cultural y en pleno desarrollo de una democracia social de derecho.
1 Reconocimiento en plenitud del proceso de globalización.
Las fuerzas partidarias de reformas tienen que pensar al mundo global como el único escenario posible en el que se desenvolverá su acción política. La negación de esta realidad y la añoranza de proyectos de desarrollo autárquico, relativamente autónomos respecto de las corrientes políticas, económicas y culturales de alcance mundial, lleva al estancamiento conceptual y a la parálisis política. La globalización es una forma radicalizada de los procesos de internacionalización que atraviesan al mundo capitalista desde su origen; en ese sentido erosionan muchos de los presupuestos sobre cuya base pensábamos y actuábamos hasta hace menos de dos décadas. Cuestiones como la rígida división entre política exterior e interior, y la idea de que los estados eran los actores únicos y excluyentes de la política internacional han experimentado profundos cambios. El mundo es una red compleja de actores estatales, sociales y económicos; las organizaciones sociales, las empresas multinacionales, los grandes medios de comunicación actúan en escala mundial. Conviven enormes oportunidades tecnológicas, como las que provee la revolución informática, con un clima de incertidumbre y crisis de los mapas interpretativos antes vigentes; las desigualdades sociales y nacionales alcanzaron niveles nunca experimentados; surgen nuevos problemas globales, algunos de los cuales, como el caso del terrorismo, comprometen seriamente la seguridad y el orden mundial. No es una prueba de progresismo cerrar los ojos a las nuevas realidades para proteger dogmas o refugiarse en consignas simplificadas; lo progresista es elaborar una política para el mundo tal cual es, para aprovechar sus oportunidades y neutralizar sus amenazas.
El Estado nación sigue siendo, sin embargo, la sede realmente existente de la ciudadanía democrática. La negación de esta premisa lleva a una suerte de cosmopolitismo utópico que convierte el análisis de la globalización en una ideología justificadora de las asimetrías y las iniquidades.
2. Prioridad de la política.
El proceso de globalización tuvo su impulso principal en el crecimiento exponencial de los intercambios económicos y, particularmente, en un inédito nivel de autonomía y preponderancia alcanzado por el capital financiero, a partir de los primeros años de la década de los setenta. La condición de posibilidad del nivel de interdependencia global alcanzado está dada por la revolución comunicacional-informática. Existe una economía global y se desarrollan formas globales de actividad social y producción cultural. La política democrática está en franco retraso respecto de esas otras dimensiones; debilitados los estados nacionales frente al flujo incontrolable del capital, la política ve debilitado el ámbito en el que funcionó durante más de tres siglos. Empobrecidas las capacidades de los estados, se debilita el papel de los partidos políticos y se erosiona su base identitaria forjada en una época de claros y definidos conflictos ordenados alrededor de las clases sociales. Sin embargo, detrás del avance contra la política y los partidos está la intención, nada inocente, de neutralizar la capacidad de los países de alcanzar equilibrios sociales que la simple acción de los mercados no puede asegurar. Frente a la exaltación neoconservadora de un “mundo sin política”, el lugar de un enfoque político popular está en la búsqueda de nuevos ámbitos, nuevas formas y nuevas iniciativas que apunten a un gobierno político de la globalización. Es decir, una estrategia que supere el paradigma de la desregulación del comercio y lo suplante por un programa de desarrollo sustentable que adopte una escala supranacional. Estamos hablando de un proceso de integración de múltiples dimensiones, capaz de asegurar la capacidad de la política –o sea de la ciudadanía democrática- de controlar y dar sentido a los procesos de intercambio económico.
3 La integración regional como alternativa política.
El ámbito más propicio para encarar una recuperación de atributos de la política es la región. Para eso, los acuerdos regionales deben dejar de ser juzgados por las ventajas comerciales de corto plazo y pasar a ser concebidos como herramientas de alcance estratégico. Así como la construcción de identidades nacionales, como sustrato ideal de la soberanía estatal, llevó un largo, complejo y contradictorio proceso, hoy es necesario afrontar la creación de un ethos de solidaridad regional como un camino difícil y exigente. Nuestros países tienen poco menos de dos siglos de existencia independiente signados por una larga historia de conflictos políticos y militares. Esta historia permea nuestras mutuas miradas en el campo económico, social, político y diplomático; las fuerzas progresistas no pueden ceder a esos prejuicios regresivos y perjudiciales para nuestro desarrollo. Sin negar las dificultades, tienen que adoptar la brújula de la unidad regional como orientación sistemática de sus acciones.
4 Lo productivo como prioridad económica.
Los equilibrios macroeconómicos son una necesidad y no una consigna de derecha o de izquierda. El control de la inflación y el manejo prudente del déficit fiscal son una condición necesaria para el desarrollo económico. Sin embargo, la absolutización de esos elementos en detrimento de un rol activo del Estado en la promoción de la producción y en la orientación del desarrollo han llevado a situaciones extremadamente críticas. La integración regional tiene que tener en el desarrollo productivo uno de sus pilares esenciales. En consecuencia, los procesos de creación de infraestructura común, las cadenas de valor, las empresas combinadas y la asociación económica a niveles regionales y locales tienen que ocupar un lugar central en la agenda. Aquí también es necesaria una mirada de largo plazo que, más allá de las legítimas urgencias, tenga su norte en el desarrollo duradero y sustentable. Se trata de un proyecto de desarrollo de alcance regional orientado al empleo digno como factor central de la cohesión social en cada uno de nuestros países.
5 Las instituciones, garantía de la integración.
La integración necesita acumular un capital de confianza recíproca en su interior y de credibilidad externa. La clave, en esa dirección, es la construcción de instituciones sólidas y estables. Mecanismos previsibles para la solución de controversias, formas ágiles de internalización de la normativa Mercosur en el plexo legal de los países miembros, instancias de articulación de políticas macroeconómicas y, no en último término de importancia, avances concretos hacia un Parlamento de la región constituyen pilares institucionales básicos. Así como criticamos el fundamentalismo de mercado en nuestra discusión política a escala nacional, los progresistas tenemos que extender este criterio de primacía de lo político a escala de la integración regional. Esto es esencial para que el proceso de integración no esté sometido a los vaivenes políticos internos de cada país y se constituya en una realidad irreversible.
El reciente conflicto entre Colombia y Ecuador muestra la vitalidad y la potencialidad de la integración política regional. En la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo y en la posterior resolución de la OEA (en este caso con el voto opuesto y solitario de Estados Unidos) quedan robustecidos los principios centrales de la relación entre los países de la región; el respeto de la legalidad, la inviolabilidad de las fronteras, el multilateralismo y el rechazo a la doctrina de la guerra preventiva como solución del problema del terrorismo, por encima de la soberanía de los Estados han quedado establecidas como normas principales y principios irrenunciables para nuestros países. No solamente se evitó la guerra, sino que se crearon las premisas políticas y jurídicas para la consolidación del estado de derecho y la cooperación en la región.
6 Una perspectiva integrada de la agenda global.
La unidad regional es un camino de inserción en el mundo global y no una ampliación de la escala del aislamiento. Y se trata, desde una mirada progresista, de una inserción activa y en procura de un nivel superior de intervención en la discusión de la agenda global. Hoy asistimos a la crisis de un modelo de abordaje fragmentario de los problemas globales: estamos apreciando los dramáticos resultados de un modo de enfrentar al terrorismo fundamentalista como problema en sí mismo, de carácter puramente militar y divorciado del conjunto de condiciones que posibilitan y alimentan su emergencia. De ese modo el tema de la seguridad aparece desgajado de la continuidad de focos de guerra, como el de Medio Oriente y de los graves problemas de desigualdad y discriminación que atraviesan al mundo. Es necesario reintegrar la agenda mundial; pensar un abordaje de conjunto de los problemas: para aislar y derrotar políticamente al terrorismo -en todas sus formas e incluyendo en esa categoría a los Estados que practican la matanza indiscriminada de civiles como estrategia de guerra- hay que desactivar conflictos regionales, proveer a un intercambio económico más justo y democratizar el manejo de los asuntos mundiales recuperando el papel de los organismos internacionales y, particularmente, el de la ONU.
7 Un orden mundial multilateral.
El fracaso ostensible del orden unipolar para asegurar condiciones mínimas de seguridad y estabilidad debe dar lugar a un orden mundial multipolar. Con los Estados Unidos jugando un papel acorde con su condición de primera potencia mundial, pero en el contexto de una escena en la que la Unión Europea, China, Japón y el resto de los países asiáticos, India y otras regiones participen en un orden de mutuo respeto y sobre la base de amplios consensos. En ese orden mundial el Mercosur y el conjunto de los países de América del Sur más México pueden aportar sus esfuerzos. Es, creemos, el perfil adecuado de un mundo que busca soluciones globales para problemas globales.
La Unión de Naciones Sudamericanas puede ser un enorme aporte a la configuración de este orden mundial basado en la existencia de sólidos procesos de integración regional. Si la iniciativa avanza y se plasma su integración política y económica, estaríamos ante un conglomerado de 360 millones de habitantes diseminados en 17 millones de kilómetros cuadrados, con reservas de hidrocarburos para 100 años; con el 27% del agua potable del mundo; con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques y salida a dos océanos; con reservas minerales y un potencial de producción de alimentos único en el mundo. Nuestros países podrían, asociados en esas condiciones, alcanzar un nivel de interlocución en el tratamiento de la agenda global, impensable en la actual situación.
8 El activo involucramiento de la sociedad civil en los asuntos de la política internacional es otro signo de una perspectiva popular y progresista en materia de política exterior. En la medida en que el interés de diversos grupos sociales se juega más allá de las fronteras nacionales, la política exterior pasa a constituir una arena deliberativa y de solución de conflictos que les atañen directamente. Problemas tales como la promoción de condiciones dignas de trabajo, la defensa del medio ambiente, el desarrollo científico-tecnológico a escala regional pueden y deben ser materias de amplia participación social en su consideración. El alcance global de la vigencia de los derechos humanos y sociales fundamentales es una de las conquistas que ningún estrecho nacionalismo debería hacer retroceder. Una visión democrática de la política internacional está fuertemente comprometida con el desarrollo de instancias judiciales supranacionales que velen por su vigencia por encima de cualquier otra consideración.
Consideraciones finales.
La integración regional es el territorio de un profundo debate de ideas. Durante los años noventa, se la entendió reducida excluyentemente a la liberalización comercial, en plena correspondencia con el clima de ideas propio de aquella época. Con el derrumbe económico, social y político del 2001, las certezas neoliberales quedaron en entredicho. Desde mayo de 2003, el país ha encarado un rumbo diferente. En ese contexto, se afirman núcleos básicos de una política exterior independiente, comprometida con la paz, el multilateralismo y la promoción integral de los derechos humanos.
No puede extrañar que a un nuevo rumbo correspondan nuevas prioridades y nuevas alianzas. Argentina viene desarrollando una política de alianza estratégica con Brasil que muestra, cada vez más, su condición de herramienta indispensable del proceso de integración regional. No es una relación negativa hacia otros países; por el contrario, esta sociedad facilita el abordaje de cuestiones complejas en el interior del Mercosur y contribuye a reforzar su rol como núcleo de un proceso más amplio de integración sudamericana.
Las renovadas relaciones con la región han permitido y permiten abordar problemas como los del abastecimiento energético y la cooperación en materia financiera y de infraestructura que son vitales para nuestro país. Hoy sabemos –ojalá que definitivamente- que nuestro progreso como sociedad no se logrará a partir de adhesiones incondicionales a políticas de las grandes potencias mundiales, sino de un reforzamiento de nuestros vínculos solidarios con los países hermanos de la región. Es desde allí que podemos ensanchar la escala de nuestra necesaria inserción en el mundo.
1 Reconocimiento en plenitud del proceso de globalización.
Las fuerzas partidarias de reformas tienen que pensar al mundo global como el único escenario posible en el que se desenvolverá su acción política. La negación de esta realidad y la añoranza de proyectos de desarrollo autárquico, relativamente autónomos respecto de las corrientes políticas, económicas y culturales de alcance mundial, lleva al estancamiento conceptual y a la parálisis política. La globalización es una forma radicalizada de los procesos de internacionalización que atraviesan al mundo capitalista desde su origen; en ese sentido erosionan muchos de los presupuestos sobre cuya base pensábamos y actuábamos hasta hace menos de dos décadas. Cuestiones como la rígida división entre política exterior e interior, y la idea de que los estados eran los actores únicos y excluyentes de la política internacional han experimentado profundos cambios. El mundo es una red compleja de actores estatales, sociales y económicos; las organizaciones sociales, las empresas multinacionales, los grandes medios de comunicación actúan en escala mundial. Conviven enormes oportunidades tecnológicas, como las que provee la revolución informática, con un clima de incertidumbre y crisis de los mapas interpretativos antes vigentes; las desigualdades sociales y nacionales alcanzaron niveles nunca experimentados; surgen nuevos problemas globales, algunos de los cuales, como el caso del terrorismo, comprometen seriamente la seguridad y el orden mundial. No es una prueba de progresismo cerrar los ojos a las nuevas realidades para proteger dogmas o refugiarse en consignas simplificadas; lo progresista es elaborar una política para el mundo tal cual es, para aprovechar sus oportunidades y neutralizar sus amenazas.
El Estado nación sigue siendo, sin embargo, la sede realmente existente de la ciudadanía democrática. La negación de esta premisa lleva a una suerte de cosmopolitismo utópico que convierte el análisis de la globalización en una ideología justificadora de las asimetrías y las iniquidades.
2. Prioridad de la política.
El proceso de globalización tuvo su impulso principal en el crecimiento exponencial de los intercambios económicos y, particularmente, en un inédito nivel de autonomía y preponderancia alcanzado por el capital financiero, a partir de los primeros años de la década de los setenta. La condición de posibilidad del nivel de interdependencia global alcanzado está dada por la revolución comunicacional-informática. Existe una economía global y se desarrollan formas globales de actividad social y producción cultural. La política democrática está en franco retraso respecto de esas otras dimensiones; debilitados los estados nacionales frente al flujo incontrolable del capital, la política ve debilitado el ámbito en el que funcionó durante más de tres siglos. Empobrecidas las capacidades de los estados, se debilita el papel de los partidos políticos y se erosiona su base identitaria forjada en una época de claros y definidos conflictos ordenados alrededor de las clases sociales. Sin embargo, detrás del avance contra la política y los partidos está la intención, nada inocente, de neutralizar la capacidad de los países de alcanzar equilibrios sociales que la simple acción de los mercados no puede asegurar. Frente a la exaltación neoconservadora de un “mundo sin política”, el lugar de un enfoque político popular está en la búsqueda de nuevos ámbitos, nuevas formas y nuevas iniciativas que apunten a un gobierno político de la globalización. Es decir, una estrategia que supere el paradigma de la desregulación del comercio y lo suplante por un programa de desarrollo sustentable que adopte una escala supranacional. Estamos hablando de un proceso de integración de múltiples dimensiones, capaz de asegurar la capacidad de la política –o sea de la ciudadanía democrática- de controlar y dar sentido a los procesos de intercambio económico.
3 La integración regional como alternativa política.
El ámbito más propicio para encarar una recuperación de atributos de la política es la región. Para eso, los acuerdos regionales deben dejar de ser juzgados por las ventajas comerciales de corto plazo y pasar a ser concebidos como herramientas de alcance estratégico. Así como la construcción de identidades nacionales, como sustrato ideal de la soberanía estatal, llevó un largo, complejo y contradictorio proceso, hoy es necesario afrontar la creación de un ethos de solidaridad regional como un camino difícil y exigente. Nuestros países tienen poco menos de dos siglos de existencia independiente signados por una larga historia de conflictos políticos y militares. Esta historia permea nuestras mutuas miradas en el campo económico, social, político y diplomático; las fuerzas progresistas no pueden ceder a esos prejuicios regresivos y perjudiciales para nuestro desarrollo. Sin negar las dificultades, tienen que adoptar la brújula de la unidad regional como orientación sistemática de sus acciones.
4 Lo productivo como prioridad económica.
Los equilibrios macroeconómicos son una necesidad y no una consigna de derecha o de izquierda. El control de la inflación y el manejo prudente del déficit fiscal son una condición necesaria para el desarrollo económico. Sin embargo, la absolutización de esos elementos en detrimento de un rol activo del Estado en la promoción de la producción y en la orientación del desarrollo han llevado a situaciones extremadamente críticas. La integración regional tiene que tener en el desarrollo productivo uno de sus pilares esenciales. En consecuencia, los procesos de creación de infraestructura común, las cadenas de valor, las empresas combinadas y la asociación económica a niveles regionales y locales tienen que ocupar un lugar central en la agenda. Aquí también es necesaria una mirada de largo plazo que, más allá de las legítimas urgencias, tenga su norte en el desarrollo duradero y sustentable. Se trata de un proyecto de desarrollo de alcance regional orientado al empleo digno como factor central de la cohesión social en cada uno de nuestros países.
5 Las instituciones, garantía de la integración.
La integración necesita acumular un capital de confianza recíproca en su interior y de credibilidad externa. La clave, en esa dirección, es la construcción de instituciones sólidas y estables. Mecanismos previsibles para la solución de controversias, formas ágiles de internalización de la normativa Mercosur en el plexo legal de los países miembros, instancias de articulación de políticas macroeconómicas y, no en último término de importancia, avances concretos hacia un Parlamento de la región constituyen pilares institucionales básicos. Así como criticamos el fundamentalismo de mercado en nuestra discusión política a escala nacional, los progresistas tenemos que extender este criterio de primacía de lo político a escala de la integración regional. Esto es esencial para que el proceso de integración no esté sometido a los vaivenes políticos internos de cada país y se constituya en una realidad irreversible.
El reciente conflicto entre Colombia y Ecuador muestra la vitalidad y la potencialidad de la integración política regional. En la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo y en la posterior resolución de la OEA (en este caso con el voto opuesto y solitario de Estados Unidos) quedan robustecidos los principios centrales de la relación entre los países de la región; el respeto de la legalidad, la inviolabilidad de las fronteras, el multilateralismo y el rechazo a la doctrina de la guerra preventiva como solución del problema del terrorismo, por encima de la soberanía de los Estados han quedado establecidas como normas principales y principios irrenunciables para nuestros países. No solamente se evitó la guerra, sino que se crearon las premisas políticas y jurídicas para la consolidación del estado de derecho y la cooperación en la región.
6 Una perspectiva integrada de la agenda global.
La unidad regional es un camino de inserción en el mundo global y no una ampliación de la escala del aislamiento. Y se trata, desde una mirada progresista, de una inserción activa y en procura de un nivel superior de intervención en la discusión de la agenda global. Hoy asistimos a la crisis de un modelo de abordaje fragmentario de los problemas globales: estamos apreciando los dramáticos resultados de un modo de enfrentar al terrorismo fundamentalista como problema en sí mismo, de carácter puramente militar y divorciado del conjunto de condiciones que posibilitan y alimentan su emergencia. De ese modo el tema de la seguridad aparece desgajado de la continuidad de focos de guerra, como el de Medio Oriente y de los graves problemas de desigualdad y discriminación que atraviesan al mundo. Es necesario reintegrar la agenda mundial; pensar un abordaje de conjunto de los problemas: para aislar y derrotar políticamente al terrorismo -en todas sus formas e incluyendo en esa categoría a los Estados que practican la matanza indiscriminada de civiles como estrategia de guerra- hay que desactivar conflictos regionales, proveer a un intercambio económico más justo y democratizar el manejo de los asuntos mundiales recuperando el papel de los organismos internacionales y, particularmente, el de la ONU.
7 Un orden mundial multilateral.
El fracaso ostensible del orden unipolar para asegurar condiciones mínimas de seguridad y estabilidad debe dar lugar a un orden mundial multipolar. Con los Estados Unidos jugando un papel acorde con su condición de primera potencia mundial, pero en el contexto de una escena en la que la Unión Europea, China, Japón y el resto de los países asiáticos, India y otras regiones participen en un orden de mutuo respeto y sobre la base de amplios consensos. En ese orden mundial el Mercosur y el conjunto de los países de América del Sur más México pueden aportar sus esfuerzos. Es, creemos, el perfil adecuado de un mundo que busca soluciones globales para problemas globales.
La Unión de Naciones Sudamericanas puede ser un enorme aporte a la configuración de este orden mundial basado en la existencia de sólidos procesos de integración regional. Si la iniciativa avanza y se plasma su integración política y económica, estaríamos ante un conglomerado de 360 millones de habitantes diseminados en 17 millones de kilómetros cuadrados, con reservas de hidrocarburos para 100 años; con el 27% del agua potable del mundo; con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques y salida a dos océanos; con reservas minerales y un potencial de producción de alimentos único en el mundo. Nuestros países podrían, asociados en esas condiciones, alcanzar un nivel de interlocución en el tratamiento de la agenda global, impensable en la actual situación.
8 El activo involucramiento de la sociedad civil en los asuntos de la política internacional es otro signo de una perspectiva popular y progresista en materia de política exterior. En la medida en que el interés de diversos grupos sociales se juega más allá de las fronteras nacionales, la política exterior pasa a constituir una arena deliberativa y de solución de conflictos que les atañen directamente. Problemas tales como la promoción de condiciones dignas de trabajo, la defensa del medio ambiente, el desarrollo científico-tecnológico a escala regional pueden y deben ser materias de amplia participación social en su consideración. El alcance global de la vigencia de los derechos humanos y sociales fundamentales es una de las conquistas que ningún estrecho nacionalismo debería hacer retroceder. Una visión democrática de la política internacional está fuertemente comprometida con el desarrollo de instancias judiciales supranacionales que velen por su vigencia por encima de cualquier otra consideración.
Consideraciones finales.
La integración regional es el territorio de un profundo debate de ideas. Durante los años noventa, se la entendió reducida excluyentemente a la liberalización comercial, en plena correspondencia con el clima de ideas propio de aquella época. Con el derrumbe económico, social y político del 2001, las certezas neoliberales quedaron en entredicho. Desde mayo de 2003, el país ha encarado un rumbo diferente. En ese contexto, se afirman núcleos básicos de una política exterior independiente, comprometida con la paz, el multilateralismo y la promoción integral de los derechos humanos.
No puede extrañar que a un nuevo rumbo correspondan nuevas prioridades y nuevas alianzas. Argentina viene desarrollando una política de alianza estratégica con Brasil que muestra, cada vez más, su condición de herramienta indispensable del proceso de integración regional. No es una relación negativa hacia otros países; por el contrario, esta sociedad facilita el abordaje de cuestiones complejas en el interior del Mercosur y contribuye a reforzar su rol como núcleo de un proceso más amplio de integración sudamericana.
Las renovadas relaciones con la región han permitido y permiten abordar problemas como los del abastecimiento energético y la cooperación en materia financiera y de infraestructura que son vitales para nuestro país. Hoy sabemos –ojalá que definitivamente- que nuestro progreso como sociedad no se logrará a partir de adhesiones incondicionales a políticas de las grandes potencias mundiales, sino de un reforzamiento de nuestros vínculos solidarios con los países hermanos de la región. Es desde allí que podemos ensanchar la escala de nuestra necesaria inserción en el mundo.
miércoles, 16 de abril de 2008
Unir América y Europa a través de Galicia
O SECRETARIO DE EXTERIORES PROPÓN EN BUENOS AIRES “UNIR EUROPA E AMÉRICA LATINA A TRAVÉS DE GALICIA”
Julio César Fernández Mato vén de presentar aos presidentes dos centros galegos de arxentina o proxecto de difusión da Unión Europea en América Latina
Nun encontro na Delegación da Xunta en Buenos Aires, avanzou que este programa ten como finalidade dar a coñecer as institucións comunitarias e os dereitos de todos os cidadáns europeos
O responsable da política exterior do Goberno galego afondou nesta liña nunha entrevista co titular da Subsecretaría de Integración Económica Americana e Mercosur, Eudardo Alberto Sigal
Buenos Aires, 15 de abril de 2008.- O Secretario Xeral de Relacións Exteriores do Goberno galego, Julio César Fernández Mato, vén de propoñer aos presidentes dos centros galegos de arxentina sumarse á tarefa de “unir Europa e América Latina a través de Galicia”. Fixo este chamamento nun encontro mantido este martes na sede da Delegación da Xunta de Galicia en Buenos Aires no que lles informou do proxecto de información sobre a UE que se vai desenvolver de xeito piloto en Arxentina, a través da colaboración do Executivo galego, a Fundación Galicia Europa e a propia Delegación.
Segundo informou Fernández Mato, este proxecto despréndese da colaboración acordada a principios deste mes entre o Presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, e o director xeral de Relacións Exteriores da Comisión Europea, Eneko Landaburu, para “aproveitar a relación privilexiada” do noso país con algúns países de América Latina.
Neste contexto, preténdese utilizar a Delegación da Xunta de Galicia en Buenos Aires e a rede de centros galegos do país austral para divulgar a actividade da UE nas diferentes áreas de actuación, comunicar as oportunidades que ofrecen as institucións comunitarias para os distintos sectores profesionais e sociais, así como para a cidadanía en xeral e dar a coñecer o que significa a cidadanía europea á poboación latinoamericana, con especial atención aos galegos residentes no exterior.
Así o puxo de manifesto o Secretario de Relacións Exteriores da Xunta, animando ás entidades a participar e sumarse ás conferencias, charlas e actividades que se programen no marco desta iniciativa piloto que se vai desenvolver en Arxentina ao longo de 2008. De conseguirse os obxectivos marcados, este programa podería estenderse a outras comunidades latinoamericanas con presenza de cidadanía galega.
Comunicar Europa
En xuño de 2007 o Consello Europeo destacou a necesidade de reforzo da comunicación cos cidadáns europeos e de fomento da participación da sociedade civil. Nesta liña, estanse a impulsar as accións de información e comunicación, así como fomentar as relacións coas organizacións da sociedade civil. As accións que se desenvolvan na comunidade autónoma de Galicia tamén deben incluír á numerosa poboación galega residente no exterior e a súa rede asociativa. Galicia mantén unha relación de colaboración e cooperación con América Latina debido á importante presenza de galegos e galegas nestes países, así como aos intereses económicos e culturais comúns.
Contactos institucionais Galicia-Mercosur
O responsable da política exterior do Goberno galego afondou nesta liña de traballo nunha entrevista que mantivo co titular da Subsecretaría de Integración Económica Americana e Mercosur, Eudardo Alberto Sigal. Na sede da Cancillería, Mato e Sigal acordaron colaborar neste proxecto de difusión de Europa en América, así como desenvolver outros recursos de relacións para reforzar e fortalecer os vínculos entre Galicia e Arxentina e servir de unión entre Europa e América.
Eduardo Sigal trasladoulle ao Secretario de Exteriores a plena disposición do Goberno arxentino para colaborar neste eido e recoñecemento do papel que pode xogar Galicia nas relacións entre o Mercosur e Europa.
SAÚDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN
SIGAL PROPUSO A CLOSS QUE PARTICIPE REAGRUPAMIENTO DE FUERZAS
Buenos Aires, 15 de abril (Télam).- El presidente del Frente
Grande, Eduardo Sigal, propuso al gobernador de Misiones, Maurice
Closs, que el Frente Renovador se incorpore al proceso de
reagrupamiento que están realizando las fuerzas nacionales,
populares y progresistas que adhieren al kirchnerismo pero no
integran el PJ.
"La propuesta fue bien recepcionada por el gobernador", dijo
Sigal en un comunicado.
Participaron de la reunión Ricardo Escobar, Jefe de Gabinete
provincial, Gustavo Torres, miembro de la Mesa Nacional
frentegrandista, y Oscar Mathot, presidente del Frente Grande de
Misiones.
El partido es una de las fuerzas que integran el Frente
Renovador, que gobierna Misiones.
La pertenencia a ese espacio fue ratificada durante la
convención provincial del Frente Grande, que permitió normalizar
el funcionamiento del partido en la provincia numero 21. (Télam).-
Grande, Eduardo Sigal, propuso al gobernador de Misiones, Maurice
Closs, que el Frente Renovador se incorpore al proceso de
reagrupamiento que están realizando las fuerzas nacionales,
populares y progresistas que adhieren al kirchnerismo pero no
integran el PJ.
"La propuesta fue bien recepcionada por el gobernador", dijo
Sigal en un comunicado.
Participaron de la reunión Ricardo Escobar, Jefe de Gabinete
provincial, Gustavo Torres, miembro de la Mesa Nacional
frentegrandista, y Oscar Mathot, presidente del Frente Grande de
Misiones.
El partido es una de las fuerzas que integran el Frente
Renovador, que gobierna Misiones.
La pertenencia a ese espacio fue ratificada durante la
convención provincial del Frente Grande, que permitió normalizar
el funcionamiento del partido en la provincia numero 21. (Télam).-
lunes, 14 de abril de 2008
Carta de Agradecimiento
Estimado Compañero Eduardo:
Deseo, a través de tu persona, exteriorizar mi profundo agradecimiento por el accionar realizado por todos los compañeros y compañeras que se solidarizaron con mi situación y se comprometieron en forma personal, activa, directa y eficaz para exigir que se revirtiera la decisión de decretar mi cesantía en el cargo de asesora de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Salta.
Si bien es cierto que mi situación laboral aun no está definida en razón de la inexistencia de un pronunciamiento expreso y oficial del Sr. Gobernador de Salta en tal sentido, las declaraciones periodísticas formuladas por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos de que “no hubo ningún inconveniente” con mi persona y con mis tareas profesionales, y que continúo trabajando en el área, “con derecho a discrepar”, indicarían que, por el momento, habría quedado neutralizada la decisión de rescindir mi contrato.
El transcurrir de las horas o de los días marcará si existe real voluntad de rectificar la injusta medida que se había adoptado no sólo en mi perjuicio sino – y esto es lo único que realmente importa –en el de mi desempeño en defensa de los Derechos Humanos y de constante lucha en contra de todos aquellos que conculcaron la dignidad de miles de argentinos, los secuestraron y los asesinaron, tras someterlos a vejaciones crueles e inhumanas, en un vano intento de cercenar su objetivo de luchar para lograr un mundo mejor, en el que todos y todas gocen y participen, sin ningún tipo de desigualdades y diferencias, de los bienes espirituales y materiales que constituyen patrimonio de la humanidad en su globalidad y no de sectores minoritarios que se apropiaron y usufructúan estas riquezas.
El vinculo solidario y militante -puesto de manifiesto por los cientos de mensajes de apoyo a mi situación y de repudio a la errónea conducta gubernamental, exigiendo su inmediata rectificación, que pretendieron concretar el ministro Juárez Campos y la Secretaria de Derechos Humanos, Maria Pace- se vigorizó con este rápido accionar y acreditó, una vez mas, que con la unión, decidida y férrea de todos -hombre y mujeres, jóvenes y ancianos y hasta niños- la victoria de los marginados, humillados y excluidos, será una realidad en un futuro que se avizora no muy lejano.
Con actitudes como ésta, sin duda otro mundo será posible.
Gracias a todos y a todas.
TANIA NIEVES KIRIACO
SALTA, 10 de Abril de 2008
Deseo, a través de tu persona, exteriorizar mi profundo agradecimiento por el accionar realizado por todos los compañeros y compañeras que se solidarizaron con mi situación y se comprometieron en forma personal, activa, directa y eficaz para exigir que se revirtiera la decisión de decretar mi cesantía en el cargo de asesora de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Salta.
Si bien es cierto que mi situación laboral aun no está definida en razón de la inexistencia de un pronunciamiento expreso y oficial del Sr. Gobernador de Salta en tal sentido, las declaraciones periodísticas formuladas por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos de que “no hubo ningún inconveniente” con mi persona y con mis tareas profesionales, y que continúo trabajando en el área, “con derecho a discrepar”, indicarían que, por el momento, habría quedado neutralizada la decisión de rescindir mi contrato.
El transcurrir de las horas o de los días marcará si existe real voluntad de rectificar la injusta medida que se había adoptado no sólo en mi perjuicio sino – y esto es lo único que realmente importa –en el de mi desempeño en defensa de los Derechos Humanos y de constante lucha en contra de todos aquellos que conculcaron la dignidad de miles de argentinos, los secuestraron y los asesinaron, tras someterlos a vejaciones crueles e inhumanas, en un vano intento de cercenar su objetivo de luchar para lograr un mundo mejor, en el que todos y todas gocen y participen, sin ningún tipo de desigualdades y diferencias, de los bienes espirituales y materiales que constituyen patrimonio de la humanidad en su globalidad y no de sectores minoritarios que se apropiaron y usufructúan estas riquezas.
El vinculo solidario y militante -puesto de manifiesto por los cientos de mensajes de apoyo a mi situación y de repudio a la errónea conducta gubernamental, exigiendo su inmediata rectificación, que pretendieron concretar el ministro Juárez Campos y la Secretaria de Derechos Humanos, Maria Pace- se vigorizó con este rápido accionar y acreditó, una vez mas, que con la unión, decidida y férrea de todos -hombre y mujeres, jóvenes y ancianos y hasta niños- la victoria de los marginados, humillados y excluidos, será una realidad en un futuro que se avizora no muy lejano.
Con actitudes como ésta, sin duda otro mundo será posible.
Gracias a todos y a todas.
TANIA NIEVES KIRIACO
SALTA, 10 de Abril de 2008
domingo, 13 de abril de 2008
viernes, 11 de abril de 2008
“RECHAZO DE PLANO EL INGRESO DE PATTI AL CONGRESO”
Lo dijo el diputado nacional del Frente Grande (FPV – PJ) Nelio Calza
El diputado del Frente Grande Nelio Calza ( Frente para la Victoria – PJ) sostuvo que “el
fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Luis Abelardo Patti en su reclamo por un lugar en Diputados, significa desde la política un retroceso en el camino de la memoria la verdad y la justicia, imprescindibles para la consolidación de una democracia sólida. No hay que olvidar que Patti está imputado, procesado y con prisión preventiva por delitos cometidos entre 1976 y 1977 cuando no era aspirante ni a concejal, por lo tanto no le corresponde ninguna protección”.
La Cámara de Diputados rechazo a Luis Patti por inhabilidad moral entre otras consideraciones, como en su momento lo hizo con Domingo Bussi o expulsando del cuerpo al diputado Luque (Catamarca, caso Maria Soledad), recordó el legislador nacional.
Calza afirmó “que la justicia haya retardado el juzgar al acusado no puede ser motivo de absolución. Por otro lado el poder legislativo es un poder independiente y con autonomía para juzgar a sus pares. Estamos ante un conflicto de poderes. Así como respeto la honorabilidad de la actual Corte Suprema, uno de los logros de la gestión iniciada por Néstor Kirchner; rechazaré el ingreso de un torturador al Congreso de la Nación”.
El diputado del Frente Grande Nelio Calza ( Frente para la Victoria – PJ) sostuvo que “el
fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Luis Abelardo Patti en su reclamo por un lugar en Diputados, significa desde la política un retroceso en el camino de la memoria la verdad y la justicia, imprescindibles para la consolidación de una democracia sólida. No hay que olvidar que Patti está imputado, procesado y con prisión preventiva por delitos cometidos entre 1976 y 1977 cuando no era aspirante ni a concejal, por lo tanto no le corresponde ninguna protección”.
La Cámara de Diputados rechazo a Luis Patti por inhabilidad moral entre otras consideraciones, como en su momento lo hizo con Domingo Bussi o expulsando del cuerpo al diputado Luque (Catamarca, caso Maria Soledad), recordó el legislador nacional.
Calza afirmó “que la justicia haya retardado el juzgar al acusado no puede ser motivo de absolución. Por otro lado el poder legislativo es un poder independiente y con autonomía para juzgar a sus pares. Estamos ante un conflicto de poderes. Así como respeto la honorabilidad de la actual Corte Suprema, uno de los logros de la gestión iniciada por Néstor Kirchner; rechazaré el ingreso de un torturador al Congreso de la Nación”.
“La mano dura y la tortura no deben ocupar una banca de diputado”
El presidente del Frente Grande, Eduardo Sigal, consideró que, desde el punto de vista político, sería un “retroceso” la asunción de Luis Abelardo Patti como diputado nacional. El ex subcomisario de la Policía Bonaerense obtuvo ayer un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia. “Pero la mano dura y la tortura – consideró Sigal – no debe ocupar una banca en el Congreso”.
La Cámara de Diputados de la Nación había rechazado el pliego de Patti por “inhabilidad moral”, debido a su participación en varios casos de desaparición y tortura de militantes políticos durante la última dictadura militar. Patti ha sido procesado por la Justicia Federal de San Martín por su responsabilidad en la detención ilegal y asesinato de los dirigentes peronistas Cambiasso y Pereyra Rossi. El fallo de la Corte permitiría la asunción de una banca de diputado por parte del ex policía de La Bonaerense.
“No nos corresponde hacer una valoración del fallo desde el punto de vista de la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que ha dado sobradas muestras de idoneidad, honestidad e independencia como Poder del Estado de Derecho, lo que constituye una verdadera conquista institucional lograda durante la Presidencia de Néstor Kirchner”, dijo Sigal.
“Sin embargo, desde el punto de vista político significaría un verdadero retroceso tolerar que un reconocido represor asuma las funciones de legislador nacional, más aun cuando se trata de un defensor abierto de la tortura y la mano dura policial; y partícipe de la corrupción sistémica de la policía”, agregó el presidente del Frente Grande.
“Estas aparentes contradicciones – señaló Sigal - no deberían ocurrir en una democracia consolidada como la que aspiran vivir la amplia mayoría de los argentinos. Si el Caso Patti se volvió una cuestión jurídicamente opinable, es porque las investigaciones de los crímenes de los integrantes del Proceso militar se han dilatado a lo largo de más de 20 años, al igual que los juicios que castiguen legalmente esos delitos. Tampoco existe una clara legislación que excluya del desempeño de cargos políticos o administrativos en el gobierno del Estado Nacional y de las Provincias y Municipios, a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
“En esta zona gris – continuó - se producen casos como el del ex subcomisario y antes el de Bussi, y reaparecen viejos represores reciclados como supuestos entendidos en cuestiones de seguridad como ocurren en varias provincias”.
El ex subcomisario Patti fue procesado en diciembre de 2007 por su actuación en una comisaría de Escobar durante la última dictadura. Un juez federal de San Martín lo encontró responsable de allanamientos ilegales, secuestros y torturas -entre otros delitos perpetrados entre 1976 y 1977-, decidió su prisión preventiva y le dictó un embargo de dos millones de pesos. Hace un mes, sufrió un nuevo procesamiento como supuesto cómplice del asesinato de un militante peronista en 1976.
“Es de esperar que en esta ocasión, no se dilate nuevamente el juicio oral que le impida maniobrar con una pretendida adquisición de fueros, y que una vez condenado con todas las garantías que nunca reconoció a sus víctimas, sea definitivamente excluido del desempeño de cargos políticos”, afirmó Sigal.
La Cámara de Diputados de la Nación había rechazado el pliego de Patti por “inhabilidad moral”, debido a su participación en varios casos de desaparición y tortura de militantes políticos durante la última dictadura militar. Patti ha sido procesado por la Justicia Federal de San Martín por su responsabilidad en la detención ilegal y asesinato de los dirigentes peronistas Cambiasso y Pereyra Rossi. El fallo de la Corte permitiría la asunción de una banca de diputado por parte del ex policía de La Bonaerense.
“No nos corresponde hacer una valoración del fallo desde el punto de vista de la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que ha dado sobradas muestras de idoneidad, honestidad e independencia como Poder del Estado de Derecho, lo que constituye una verdadera conquista institucional lograda durante la Presidencia de Néstor Kirchner”, dijo Sigal.
“Sin embargo, desde el punto de vista político significaría un verdadero retroceso tolerar que un reconocido represor asuma las funciones de legislador nacional, más aun cuando se trata de un defensor abierto de la tortura y la mano dura policial; y partícipe de la corrupción sistémica de la policía”, agregó el presidente del Frente Grande.
“Estas aparentes contradicciones – señaló Sigal - no deberían ocurrir en una democracia consolidada como la que aspiran vivir la amplia mayoría de los argentinos. Si el Caso Patti se volvió una cuestión jurídicamente opinable, es porque las investigaciones de los crímenes de los integrantes del Proceso militar se han dilatado a lo largo de más de 20 años, al igual que los juicios que castiguen legalmente esos delitos. Tampoco existe una clara legislación que excluya del desempeño de cargos políticos o administrativos en el gobierno del Estado Nacional y de las Provincias y Municipios, a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
“En esta zona gris – continuó - se producen casos como el del ex subcomisario y antes el de Bussi, y reaparecen viejos represores reciclados como supuestos entendidos en cuestiones de seguridad como ocurren en varias provincias”.
El ex subcomisario Patti fue procesado en diciembre de 2007 por su actuación en una comisaría de Escobar durante la última dictadura. Un juez federal de San Martín lo encontró responsable de allanamientos ilegales, secuestros y torturas -entre otros delitos perpetrados entre 1976 y 1977-, decidió su prisión preventiva y le dictó un embargo de dos millones de pesos. Hace un mes, sufrió un nuevo procesamiento como supuesto cómplice del asesinato de un militante peronista en 1976.
“Es de esperar que en esta ocasión, no se dilate nuevamente el juicio oral que le impida maniobrar con una pretendida adquisición de fueros, y que una vez condenado con todas las garantías que nunca reconoció a sus víctimas, sea definitivamente excluido del desempeño de cargos políticos”, afirmó Sigal.
jueves, 3 de abril de 2008
Carta del Frente Amplio
SOLIDARIDAD CON EDUARDO MATARAZZO
ESTIMADOS COMPAÑEROS VA EN ESTE NUESTRO FRATERNO ABRAZO SOLIDARIO CON EL COMPAÑERO EDUARDO MATARAZZO Y NUESTRO MAS PROFUNDO RECHAZO A VIEJAS PRACTICAS DE PATOTERISMO CON EL QUE NOS TIENEN ACOSTUMBRADOS LOS INTOLERANTES DE SIEMPRE, LOS QUE EN LOS AÑOS NEGROS DE LA DICTADURA FUERON EL SOPORTE FINANCIERO Y ECONOMICO DE LAS ATROCIDADES COMETIDAS POR EL REGIMEN.
HAN EXPOLIADO A NUESTROS PUEBLOS SUS RIQUEZAS DESDE TIEMPOS DE LA COLONIA, PORQUE FORMAN PARTE DE LA DEGRADANTE BURGUESIA CRIOLLA NACIDA DE LA OBSECUENCIA CON EL IMPERIO ESPAÑOL Y CONTINUAN OBSECUENTES CON EL IMPERIO DE TURNO.
NO COMPRENDEN QUE SOPLAN NUEVOS TIEMPOS NO SOLO EN ARGENTINA SINO EN TODA AMERICA LATINA, DONDE LOS GOBIERNOS POR PRIMERA VEZ HAN PENSADO EN LAS GRANDES MAYORIAS DEJANDO DE PRIORIZAR LOS PRIVILEGIOS DE LAS OLIGARQUIAS.
QUE NO SE CREAN QUE DESCONOCEMOS LA REALIDAD INTERNA DE LA ARGENTINA, TODO LO CONTRARIO, SABEMOS MUY BIEN LAS DIFICULTADES QUE TIENE EL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ A LA HORA DE ENFRENTAR LOS GRANDES CENTROS DE PODER ECONOMICO Y PRODUCTIVO, QUE A PESAR DE LAS MEDIDAS COMO LA QUE SE TOMO CON EL AUMENTO DE LAS RETENCIONES LOS GRANDES PRODUCTORES DE GRANOS Y GANADEROS SIGUEN AMASANDO INMENSAS FORTUNAS, PERO POR ENCIMA DE TODO SEGUIMOS APOSTANDO LA NEGOCIACION DE LOS PROCESOS, SABEDORES DE QUE SON INCAPACES DE ADMITIR QUE HA LLEGADO EL TIEMPO DE LAS GRANDES MAYORIAS.
LA AGRESION AL COMPAÑERO EDUARDO NO HACE MAS QUE AFIRMAR NUESTRA POSICION DE INTRANSIGENCIA A LA HORA DE ESTABLECER QUE LO PRIMERO SON LAS PRIORIDADES DE LOS MAS DESPOSEIDOS, Y NUESTRA APUESTA A QUE EL DIFERENDO SE SOLUCIONE POR LA VIA DEL DIALOGO Y DEL ENTENDIMIENTO ENTRE LAS PARTES, NO HABRAN DE TORCER LA VOLUNTAD DE NINGUNO DE NOSOTROS CON AGRESIONES COBARDES PATOTERILES.
NO NOS INVOLUCRAMOS AHORA EN LA LUCHA DE TODOS USTEDES POR UNA ARGENTINA MAS JUSTA Y SOLIDARIA, PORQUE SOMOS CONTESTES AL PENSAMIENTO DE ESE GRAN ARGENTINO DE AMERICA Y COMO EL DECIMOS QUE SOMOS CAPACES DE SENTIR COMO PROPIA CUALQUIER INJUSTICIA QUE SE COMETA CONTRA CUALQUIERA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, PERO ADEMAS NOS SENTIMOS HERMANOS DE TODOS USTEDES...
CARLOS ALEJANDRO
EDUARDO GARCIA
SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
CORRIENTE DE UNIDAD FRENTEAMPLISTA
FRENTE AMPLIO - URUGUAY
ESTIMADOS COMPAÑEROS VA EN ESTE NUESTRO FRATERNO ABRAZO SOLIDARIO CON EL COMPAÑERO EDUARDO MATARAZZO Y NUESTRO MAS PROFUNDO RECHAZO A VIEJAS PRACTICAS DE PATOTERISMO CON EL QUE NOS TIENEN ACOSTUMBRADOS LOS INTOLERANTES DE SIEMPRE, LOS QUE EN LOS AÑOS NEGROS DE LA DICTADURA FUERON EL SOPORTE FINANCIERO Y ECONOMICO DE LAS ATROCIDADES COMETIDAS POR EL REGIMEN.
HAN EXPOLIADO A NUESTROS PUEBLOS SUS RIQUEZAS DESDE TIEMPOS DE LA COLONIA, PORQUE FORMAN PARTE DE LA DEGRADANTE BURGUESIA CRIOLLA NACIDA DE LA OBSECUENCIA CON EL IMPERIO ESPAÑOL Y CONTINUAN OBSECUENTES CON EL IMPERIO DE TURNO.
NO COMPRENDEN QUE SOPLAN NUEVOS TIEMPOS NO SOLO EN ARGENTINA SINO EN TODA AMERICA LATINA, DONDE LOS GOBIERNOS POR PRIMERA VEZ HAN PENSADO EN LAS GRANDES MAYORIAS DEJANDO DE PRIORIZAR LOS PRIVILEGIOS DE LAS OLIGARQUIAS.
QUE NO SE CREAN QUE DESCONOCEMOS LA REALIDAD INTERNA DE LA ARGENTINA, TODO LO CONTRARIO, SABEMOS MUY BIEN LAS DIFICULTADES QUE TIENE EL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ A LA HORA DE ENFRENTAR LOS GRANDES CENTROS DE PODER ECONOMICO Y PRODUCTIVO, QUE A PESAR DE LAS MEDIDAS COMO LA QUE SE TOMO CON EL AUMENTO DE LAS RETENCIONES LOS GRANDES PRODUCTORES DE GRANOS Y GANADEROS SIGUEN AMASANDO INMENSAS FORTUNAS, PERO POR ENCIMA DE TODO SEGUIMOS APOSTANDO LA NEGOCIACION DE LOS PROCESOS, SABEDORES DE QUE SON INCAPACES DE ADMITIR QUE HA LLEGADO EL TIEMPO DE LAS GRANDES MAYORIAS.
LA AGRESION AL COMPAÑERO EDUARDO NO HACE MAS QUE AFIRMAR NUESTRA POSICION DE INTRANSIGENCIA A LA HORA DE ESTABLECER QUE LO PRIMERO SON LAS PRIORIDADES DE LOS MAS DESPOSEIDOS, Y NUESTRA APUESTA A QUE EL DIFERENDO SE SOLUCIONE POR LA VIA DEL DIALOGO Y DEL ENTENDIMIENTO ENTRE LAS PARTES, NO HABRAN DE TORCER LA VOLUNTAD DE NINGUNO DE NOSOTROS CON AGRESIONES COBARDES PATOTERILES.
NO NOS INVOLUCRAMOS AHORA EN LA LUCHA DE TODOS USTEDES POR UNA ARGENTINA MAS JUSTA Y SOLIDARIA, PORQUE SOMOS CONTESTES AL PENSAMIENTO DE ESE GRAN ARGENTINO DE AMERICA Y COMO EL DECIMOS QUE SOMOS CAPACES DE SENTIR COMO PROPIA CUALQUIER INJUSTICIA QUE SE COMETA CONTRA CUALQUIERA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, PERO ADEMAS NOS SENTIMOS HERMANOS DE TODOS USTEDES...
CARLOS ALEJANDRO
EDUARDO GARCIA
SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
CORRIENTE DE UNIDAD FRENTEAMPLISTA
FRENTE AMPLIO - URUGUAY
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