“La mano dura y la tortura no deben ocupar una banca de diputado”

El presidente del Frente Grande, Eduardo Sigal, consideró que, desde el punto de vista político, sería un “retroceso” la asunción de Luis Abelardo Patti como diputado nacional. El ex subcomisario de la Policía Bonaerense obtuvo ayer un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia. “Pero la mano dura y la tortura – consideró Sigal – no debe ocupar una banca en el Congreso”.

La Cámara de Diputados de la Nación había rechazado el pliego de Patti por “inhabilidad moral”, debido a su participación en varios casos de desaparición y tortura de militantes políticos durante la última dictadura militar. Patti ha sido procesado por la Justicia Federal de San Martín por su responsabilidad en la detención ilegal y asesinato de los dirigentes peronistas Cambiasso y Pereyra Rossi. El fallo de la Corte permitiría la asunción de una banca de diputado por parte del ex policía de La Bonaerense.

“No nos corresponde hacer una valoración del fallo desde el punto de vista de la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que ha dado sobradas muestras de idoneidad, honestidad e independencia como Poder del Estado de Derecho, lo que constituye una verdadera conquista institucional lograda durante la Presidencia de Néstor Kirchner”, dijo Sigal.

“Sin embargo, desde el punto de vista político significaría un verdadero retroceso tolerar que un reconocido represor asuma las funciones de legislador nacional, más aun cuando se trata de un defensor abierto de la tortura y la mano dura policial; y partícipe de la corrupción sistémica de la policía”, agregó el presidente del Frente Grande.

“Estas aparentes contradicciones – señaló Sigal - no deberían ocurrir en una democracia consolidada como la que aspiran vivir la amplia mayoría de los argentinos. Si el Caso Patti se volvió una cuestión jurídicamente opinable, es porque las investigaciones de los crímenes de los integrantes del Proceso militar se han dilatado a lo largo de más de 20 años, al igual que los juicios que castiguen legalmente esos delitos. Tampoco existe una clara legislación que excluya del desempeño de cargos políticos o administrativos en el gobierno del Estado Nacional y de las Provincias y Municipios, a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.

“En esta zona gris – continuó - se producen casos como el del ex subcomisario y antes el de Bussi, y reaparecen viejos represores reciclados como supuestos entendidos en cuestiones de seguridad como ocurren en varias provincias”.

El ex subcomisario Patti fue procesado en diciembre de 2007 por su actuación en una comisaría de Escobar durante la última dictadura. Un juez federal de San Martín lo encontró responsable de allanamientos ilegales, secuestros y torturas -entre otros delitos perpetrados entre 1976 y 1977-, decidió su prisión preventiva y le dictó un embargo de dos millones de pesos. Hace un mes, sufrió un nuevo procesamiento como supuesto cómplice del asesinato de un militante peronista en 1976.

“Es de esperar que en esta ocasión, no se dilate nuevamente el juicio oral que le impida maniobrar con una pretendida adquisición de fueros, y que una vez condenado con todas las garantías que nunca reconoció a sus víctimas, sea definitivamente excluido del desempeño de cargos políticos”, afirmó Sigal.