Los ciudadanos que suscribimos esta declaración, comprometidos con la realidad nacional, queremos expresar nuestra preocupación por la situación que hemos vivido debido al lock out patronal sojero, que ha angustiado y perjudicado a la inmensa mayoría de los argentinos.
Defendemos la democracia y la solución pacífica de los conflictos por encima de cualquier interés sectorial.
A pesar de los errores y limitaciones que percibimos en este Gobierno, reconocemos la reactivación de la economía, el saneamiento de la Corte Suprema, los Juicios a los responsables del terrorismo de Estado, el descenso de la desocupación, la recuperación del régimen de jubilación estatal, algunas de las políticas sectoriales en materia de Educación, la prohibición del uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones, así como una política exterior con eje en la integración con los gobiernos democráticos de Sudamérica.
Podemos contabilizar entre las deudas de este Gobierno, las reformas del sistema bancario e impositivo, la inflación e insuficiencia en el control de precios y diversificación productiva del agro, la política minera y pesquera, entre otras.
Somos críticos del alto nivel de hambre y exclusión que persiste, en un país que está entre los mayores productores de alimentos del mundo.
Siempre nos encontrarán luchando por toda medida que signifique una justa redistribución de la riqueza.
Asimismo propiciamos un mayor protagonismo popular a través del Congreso, de las instituciones intermedias y el reconocimiento a la CTA.
Promovemos medidas que tiendan a una mayor participación y pluralidad informativa a través de una nueva Ley de Radiodifusión, derogando la ley de la dictadura militar.
Contrariamente a lo que expresamos y aspiramos, nos encontramos frente a la restauración conservadora de los sectores del privilegio, encabezada por algunos dirigentes agrarios, que no cuestionan los defectos sino los aciertos del Gobierno, intentando imponer sus intereses económicos basados en el monocultivo de la soja, por encima de los intereses del país, sin reparar en costos ni métodos.
Después de más de 3 meses paralizando la vida económica del país, de agredir por medio de piquetes en las rutas a toda la población, desabastecer a las ciudades y hacer elevar el precio de los alimentos básicos, queda demostrado su objetivo de alzarse con el gobierno.
Su violencia fue en aumento, frente a una población y un gobierno, que a través de las legítimas instituciones del Estado, respondieron con la paz absorbiendo todo tipo de violaciones a las leyes legítimas de la República y a la Constitución Nacional tales como:
• el derecho al libre tránsito de transportes y personas;
• el abastecimiento y comercialización de bienes básicos como la comida y el
combustible;
• el derecho de los ciudadanos a no ser obligados por otros a actuar contra su
voluntad, ni a ser sometidos, perseguidos o extorsionados;
• la prohibición del uso de armas contra civiles desarmados;
• la destrucción de reservas naturales como las quemas intencionales de miles de
hectáreas de pastizales en el delta.
Ante los reiterados pedidos de levantamiento de los cortes, respondieron con mayor desobediencia a la autoridad, violando el derecho a la libre información, usando una cadena “desinformativa” encubierta como independiente, para interferir en el normal funcionamiento de las instituciones.
La violencia contra gobernadores, diputados, intendentes y opositores a sus propósitos sectoriales, son parte de su metodología.
En los últimos tres meses las pérdidas para el país son cuantiosas.
Por todo lo manifestado, condenamos enfáticamente este levantamiento que tuvo y tiene como protagonistas a los sectores sojeros de la región pampeana, y consideramos que estas medidas autoritarias, que nos tuvieron como rehenes, exceden el reclamo sectorial pretendiendo desautorizar a la Democracia.
En nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas exhortamos a la cordura a los legítimos productores que sienten que el país somos todos y no una factoría de donde drenar una riqueza que va al exterior y queda para unos pocos.
Llamamos a la reflexión a quienes sin tener intereses sectoriales directos, sucumben a la distorsión televisiva y al clima destituyente.
Pedimos a los confundidos que no se dejen seducir por discursos detrás de los cuales se esconden las transnacionales de alimentos más grandes del mundo.
Solicitamos que ante esta nueva instancia en el Congreso, se discuta un Plan Agrario y Productivo Nacional, que atienda las reivindicaciones de todos los sectores, especialmente de los pequeños y medianos productores, de los más desposeídos y de las economías regionales.
La batalla mundial por los alimentos se ha desatado, como también por la energía y los recursos naturales.
Sin un gobierno que atienda las necesidades de todos, habrá cada vez más excluidos y los alimentos serán inalcanzables para las familias argentinas.
El país es de todos y merece que lo cuidemos tanto como a esta democracia que mucho nos costó conseguir.
LA PAMPA-Santa Rosa, 21 de junio de 2008.-
ADHIEREN:
Hugo Arias- Ana María Alcala – Rosa Audisio- Leonardo Favio Avendaño- Julio Nelson Aguerrido- Héctor Agüera- Stella Maris Antonio- Norberto Asquini- Daniel Azcárate- Luis Bariffo- Luciano Facundo Bassino- Daniel Bedoti- Felicidad Bernabé- Facundo Blanco- María Elena Burgos- Elena Cáceres- Marta Candia- Ramiro Rodríguez Carámbula- Vanesa Catáneo- Rubén Corral- Mario Canoba- Franco Catalani- Edgardo Coronel- Clara Corvalan- Sergio De Matteo- José Carlos Depetris- Fernando Dagué- Ana Paula Di Nardo- Angel Pedro Di Nardo- Juan Eberhardt- Cristina Ércoli- Mario Serafín Folmer- J. Fadou- Flavio Frangolini- Oscar Ferrero- Mariano Fernández- Raul Fernández Olivi- Miguel García- Nelson González- Manuel González- Liliana B. González Inares- Rocío González- Omar Gebruers- Santiago Giuliano- Juan Jesús Harb- Graciela Hernández- Alicia Iribarren- Basko Inchaurraga- Susana Ippolitop- Maricel Jacob- Evangelina Kant- Armando Lagarejo- María Elena Magariños- Jimena Maldonado- Walter Malosetti- Jorgelina Marchant- Oscar Mario- Victoria Mario- Hugo C. Martina- Ariel Martínez- Silvia Martins- Oscar Martins- Mónica Molina- Soledad Mazolo- Nelson Nicoletti- Rita País- Leonardo Pelizari- Alicia Leda Piombo- José Puig- Lihué Pumilla- Marcela Urquiza- Hector Ramirez- Mabel Ríos- Susana Rivas- Miguel Ángel Rodríguez- Jimmy Rodríguez- Mónica Rojas- Dorila R. Romero- Luis Ernesto Roldán- Bruno Ramírez- Cristian Oscar Romero- Rubén Ruiz- Jesús Serna- Alicia Sevillano- Antonio Oscar Skara- Rubén Schaab- Alejandro Socolovsky- Osmar Sombra- Rita Soublé- Noemí Tejeda- Jorge Tribó- Mariana Villada- Martín Viñes- Blanca Salabardo- María Zerbino.
jueves, 31 de julio de 2008
miércoles, 30 de julio de 2008
Documento de la Asamblea Provincial del FRENTE GRANDE Bs As
La Asamblea Provincial del Frente Grande manifiesta ante el conflicto agrario, que el Proyecto de Ley enviado al Congreso de la Nación por la Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 17 de junio ha permitido que todos los sectores, sin excepción ni condicionamiento alguno, pudieran intercambiar diagnósticos, ideas, y propuestas sobre las medidas necesarias para solucionarlas controversias suscitadas por la medida.
Fijar las retenciones es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, el envío del Proyecto al Congreso para su tratamiento es una demostración deque este tipo de situaciones se solucionan con más democracia y no con amenazas
En este sentido, queremos decir que las retenciones móviles no son medidas aisladas, ya que forman parte de las políticas públicas desde el 25 de mayo de2003, y están destinadas a redefinir un modelo de país: una Argentina con trabajo, producción, respeto por los derechos humanos, consolidación institucional e integración latinoamericana.
Este notorio proceso de cambio necesita profundizar el debate y la participación para consolidar la voluntad de afirmar estrategias que sostengan el proceso redistributivo e incluyan en la agenda pública temas como la renta financiera, el sistema tributario o la diversidad productiva.
Apoyamos la decisión presidencial respecto a que lo recaudado en concepto de retenciones sea aplicado a mejorar la infraestructura de salud, viviendas y caminos rurales. Son medidas que generan una redistribución del ingreso con sentido social
Nuestro pueblo ha soportado durante más de tres meses la presión de aquellos que obteniendo ganancias extraordinarias, quieren imponer un programa de gobierno apelando a métodos que generaron desabastecimiento, aumento de precios y pérdidas de fuentes de trabajo.
La política de Concertación Plural, la cual, ha de ser permanente de manera que, articule el conjunto de las expresiones políticas, sociales y culturales que se identifican con este proceso de cambios. Debe contener una base orgánica y un funcionamiento político regular y periódico. Quienes se oponen manifiestamente al mismo, constituyen poderosas fuerzas que históricamente, han dado muestras de trabar cuando no, destruir a los gobiernos populares.
Ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley sobre la aplicación de las retenciones móviles de los comodities cerealeros, no podemos menos que expresar nuestro reconocimiento a todos los legisladores que acompañaron la propuesta oficial y en particular a los Diputados de nuestro Partido .
Plan de Actividades consensuadas en laAsamblea:
Impulsar el apoyo de la futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (radiodifusión y otros). Dirigentes del Partido y / o funcionarios potencien en sus distritos foros de debate multisectoriales para instalar la modificación de la actual Ley de Radiodifusión.
Apoyar e impulsar la constitución de Mesas Multisectoriales para discutir la distribución de la riqueza en nuestro país.
Proponer constituir Consejos de Integración, en el marco del trabajo por el Acuerdo del Bicentenario.
Convocar a las distritos a reuniones seccionales para evaluar la actual situación distrital y seccional.
Impulsar la constitución de una Red de usuarios del Ferrocarril Roca en el ámbito de la tercera sección electoral.
Fijar para dentro de 60-90 días aproximadamente, la próxima reunión provincial a realizarse en un distrito del interior.
Solicitar a nuestros Legisladores Nacionales la posibilidad de desarrollar actividades en los distritos de la provincia de Buenos Aires.
Buenos Aires, jueves 3 de julio de 2008
Fijar las retenciones es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, el envío del Proyecto al Congreso para su tratamiento es una demostración deque este tipo de situaciones se solucionan con más democracia y no con amenazas
En este sentido, queremos decir que las retenciones móviles no son medidas aisladas, ya que forman parte de las políticas públicas desde el 25 de mayo de2003, y están destinadas a redefinir un modelo de país: una Argentina con trabajo, producción, respeto por los derechos humanos, consolidación institucional e integración latinoamericana.
Este notorio proceso de cambio necesita profundizar el debate y la participación para consolidar la voluntad de afirmar estrategias que sostengan el proceso redistributivo e incluyan en la agenda pública temas como la renta financiera, el sistema tributario o la diversidad productiva.
Apoyamos la decisión presidencial respecto a que lo recaudado en concepto de retenciones sea aplicado a mejorar la infraestructura de salud, viviendas y caminos rurales. Son medidas que generan una redistribución del ingreso con sentido social
Nuestro pueblo ha soportado durante más de tres meses la presión de aquellos que obteniendo ganancias extraordinarias, quieren imponer un programa de gobierno apelando a métodos que generaron desabastecimiento, aumento de precios y pérdidas de fuentes de trabajo.
La política de Concertación Plural, la cual, ha de ser permanente de manera que, articule el conjunto de las expresiones políticas, sociales y culturales que se identifican con este proceso de cambios. Debe contener una base orgánica y un funcionamiento político regular y periódico. Quienes se oponen manifiestamente al mismo, constituyen poderosas fuerzas que históricamente, han dado muestras de trabar cuando no, destruir a los gobiernos populares.
Ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley sobre la aplicación de las retenciones móviles de los comodities cerealeros, no podemos menos que expresar nuestro reconocimiento a todos los legisladores que acompañaron la propuesta oficial y en particular a los Diputados de nuestro Partido .
Plan de Actividades consensuadas en laAsamblea:
Impulsar el apoyo de la futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (radiodifusión y otros). Dirigentes del Partido y / o funcionarios potencien en sus distritos foros de debate multisectoriales para instalar la modificación de la actual Ley de Radiodifusión.
Apoyar e impulsar la constitución de Mesas Multisectoriales para discutir la distribución de la riqueza en nuestro país.
Proponer constituir Consejos de Integración, en el marco del trabajo por el Acuerdo del Bicentenario.
Convocar a las distritos a reuniones seccionales para evaluar la actual situación distrital y seccional.
Impulsar la constitución de una Red de usuarios del Ferrocarril Roca en el ámbito de la tercera sección electoral.
Fijar para dentro de 60-90 días aproximadamente, la próxima reunión provincial a realizarse en un distrito del interior.
Solicitar a nuestros Legisladores Nacionales la posibilidad de desarrollar actividades en los distritos de la provincia de Buenos Aires.
Buenos Aires, jueves 3 de julio de 2008
martes, 29 de julio de 2008
La integración y el desarrollo
“La integración es un camino en la dirección del desarrollo”
El Subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, Eduardo Sigal, señaló que los procesos de integración latinoamericanos deben ser administrados políticamente, para que sean funcionales a un proceso de desarrollo. “Para nosotros, la integración es una prioridad, y es la posibilidad de que utilicemos las ventajas competitivas que tiene nuestra región no sólo para producir vacas, soja y maíz sino también para generar valor agregado a través de industrias competitivas”, dijo Sigal en el Salón Azul del Congreso de la Nación, durante el seminario “Pasando del Crecimiento al Desarrollo, Políticas y Estrategias para Iberoamérica”.
“La integración – dijo Sigal - es un camino en la dirección del desarrollo, si no, no tiene sentido. La integración que perseguimos es la de la producción, la del desarrollo de las cadenas de valor, la de las grandes obras de infraestructura, la de la cooperación financiera y del reconocimiento de las asimetrías en nuestra región”. Compartieron el panel el senador uruguayo José Mujica; el Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile, Patricio Hales; el diplomático y escritor mejicano Javier Wimer Zambrano y el Bernardo Kosacoff, Director de la CEPAL
“Nosotros queremos – señaló Sigal - una inserción administrada, que nos convenga a nuestras políticas del desarrollo, como un mandato para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones”. La disertación del funcionario de la Cancillería se enmarcó en la celebración de los 50 años del Capítulo Buenos Aires de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.
El Subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, Eduardo Sigal, señaló que los procesos de integración latinoamericanos deben ser administrados políticamente, para que sean funcionales a un proceso de desarrollo. “Para nosotros, la integración es una prioridad, y es la posibilidad de que utilicemos las ventajas competitivas que tiene nuestra región no sólo para producir vacas, soja y maíz sino también para generar valor agregado a través de industrias competitivas”, dijo Sigal en el Salón Azul del Congreso de la Nación, durante el seminario “Pasando del Crecimiento al Desarrollo, Políticas y Estrategias para Iberoamérica”.
“La integración – dijo Sigal - es un camino en la dirección del desarrollo, si no, no tiene sentido. La integración que perseguimos es la de la producción, la del desarrollo de las cadenas de valor, la de las grandes obras de infraestructura, la de la cooperación financiera y del reconocimiento de las asimetrías en nuestra región”. Compartieron el panel el senador uruguayo José Mujica; el Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile, Patricio Hales; el diplomático y escritor mejicano Javier Wimer Zambrano y el Bernardo Kosacoff, Director de la CEPAL
“Nosotros queremos – señaló Sigal - una inserción administrada, que nos convenga a nuestras políticas del desarrollo, como un mandato para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones”. La disertación del funcionario de la Cancillería se enmarcó en la celebración de los 50 años del Capítulo Buenos Aires de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.
jueves, 24 de julio de 2008
Opinión: de acá para adelante
Por Alejandro Vanoli *
La no convalidación de la Resolución 125 exige reflexionar con respecto a lo sucedido, sus implicancias, el rumbo que debe seguir el Gobierno y cuáles deberían ser los sectores que conformen una amplia coalición progresista.
Es imprescindible un balance con la mente más fría posible a efectos de poder diseñar e implementar una estrategia integral, en un contexto más complejo, pero con amplias posibilidades para poder profundizar exitosamente el rumbo iniciado en 2003.
Empecemos con el porqué. En estos cinco años, el gobierno nacional ha consolidado una formidable recuperación económica que permitió una combinación virtuosa de crecimiento sostenido y fuerte reducción de la pobreza e indigencia. Recuperación íntimamente asociada a mejoras institucionales, logros en derechos humanos y de reafirmación de la autonomía nacional y de la dignidad en las negociaciones financieras internacionales.
Indudablemente que, más allá de esos logros, existen muchas asignaturas pendientes y condicionamientos propios de la herencia neoliberal, perdurables aún desaparecidos los efectos visibles de la crisis de 2001, un Estado desarticulado, un aparato productivo desequilibrado, la carencia de una burguesía nacional, la crisis de representatividad de los sectores políticos, la formidable deuda social.
No es un tema menor una conciencia ciudadana confusa en lo ideológico luego de tantos años de machacamiento ideológico neoconservador. Alejado el miedo de la crisis, parte de la clase media que vive el boom sojero disfruta los logros de la recuperación y parece virar en el clásico péndulo, hacia posiciones liberales e insolidarias.
Los muchos logros de este Gobierno y no sus desaciertos han sido una fuente de resentimiento, los sectores concentrados esperaron pacientemente su oportunidad para dar un golpe al Gobierno y torcer la tendencia hacia una política progresista iniciada hace cinco años. Así se instaló un falso dilema mediático campo-gobierno que galvanizó a muchos pequeños y medianos productores con los sectores concentrados a pesar de la contradicción objetiva de sus intereses.
La lógica de las retenciones no es meramente fiscal, se trata de tener tipos de cambios diferenciales que promuevan una recuperación del tejido industrial, mayor valor agregado y la necesaria desvinculación de los precios internacionales de los precios internos. Cuestiones que hacen a desarrollo regional, frenar el proceso de sojización, estimular una producción diversificada y sustentable ambientalmente, mayor empleo, menor inflación, mejores salarios reales, etcétera.
La votación marca la pérdida de una batalla a manos de los sectores retardatarios que privilegian sus intereses sectoriales en desmedro de los intereses del país y de los más pobres, no hay que negar esa realidad, pero tampoco dramatizarla.
Respecto al “qué hacer”, resulta claro que no hay viabilidad política, económica y social que no sea afirmar un modelo de desarrollo que privilegie un cambio en el modelo de acumulación productiva y que cambie la matriz distributiva del país.
Ello requiere un diagnóstico que ataque de raíz las restricciones y condicionantes de la estructura política y económico-social vigentes, evitando los extremos del inmovilismo, el aislamiento o la tentación de concesiones a los sectores de poder concentrado, que impliquen un viraje a la ortodoxia y la renuncia a bregar por una sociedad mejor, lo que sí sería perder mas que una batalla.
Respecto al “con quién”, si algo de positivo tuvo esta votación es que alineó los tantos quedando claro con qué fuerzas se cuenta de verdad y sincerando quiénes representan un modelo agroexportador dependiente y excluyente. Esta divisoria de aguas es una clara evidencia del anacronismo de las antinomias partidarias y que sólo hay espacio para una coalición popular y progresista y una conservadora neoliberal emergente.
En esta coyuntura difícil para el Gobierno, no hay alternativa que levantar con firmeza las convicciones en la línea de sus grandes logros, ampliando y fortaleciendo esa coalición progresista, con eje en lo mejor del peronismo –desgajado del tren fantasma que tenía algunos vagones más que los visibles– y otras fuerzas progresistas.
Se viene un período de una lucha cultural intensa donde será crucial contener a los sectores populares y a parte de los medios, con una agenda que permita profundizar los logros, para consolidar la gobernabilidad y la fuerza parlamentaria en 2009.
En tal batalla cultural es crucial la participación activa de los distintos sectores sociales, intelectuales; la emergencia de Carta Abierta, el accionar del Grupo Fénix y de otros colectivos, que marquen un camino posible en el desarrollo de la conciencia progresista y solidaria, que permita dar un efectivo combate a las fuerzas neoconservadoras.
Respecto al “cómo”, avanzar hacia una sociedad mas progresista requiere fortalecer al Estado. Por algo la derecha –además de para preservar sus privilegios– ha buscado su desguace y su desfinanciamiento. No pueden quedar dudas respecto de la necesidad del Estado de recaudar rentas extraordinarias y exentas, que impliquen más equidad, infraestructura, provisión elemental de bienes públicos, y la capacidad de articular políticas productivas además del cumplimiento de los compromisos financieros. Si esto no ocurre es virtualmente imposible avanzar en un proceso de crecimiento sostenido y con equidad.
Es crucial formular y ejecutar un plan de mediano plazo tendiente a instrumentar un desarrollo autónomo coherente y consistente. Ello puede entroncar con un acuerdo del Bicentenario que no sea meramente un conjunto de demandas sectoriales ni un caballo de Troya de la derecha, sino que promueva una mayor competitividad de la economía en el marco de mejoras progresivas y concretas en la distribución del ingreso.
Avanzar con convicciones y firmeza, con amplitud de criterio e inclusión de sectores que concuerden en lo esencial, con pragmatismo, teniendo en cuenta y ampliando las relaciones de fuerza, es la forma de construir una sociedad mejor. Si se salió de una situación muy difícil a partir de 2003, con el ánimo retemplado y teniendo en claro los objetivos, los actores y los instrumentos, se podrá seguir cambiando la historia.
* Economista, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores.
La no convalidación de la Resolución 125 exige reflexionar con respecto a lo sucedido, sus implicancias, el rumbo que debe seguir el Gobierno y cuáles deberían ser los sectores que conformen una amplia coalición progresista.
Es imprescindible un balance con la mente más fría posible a efectos de poder diseñar e implementar una estrategia integral, en un contexto más complejo, pero con amplias posibilidades para poder profundizar exitosamente el rumbo iniciado en 2003.
Empecemos con el porqué. En estos cinco años, el gobierno nacional ha consolidado una formidable recuperación económica que permitió una combinación virtuosa de crecimiento sostenido y fuerte reducción de la pobreza e indigencia. Recuperación íntimamente asociada a mejoras institucionales, logros en derechos humanos y de reafirmación de la autonomía nacional y de la dignidad en las negociaciones financieras internacionales.
Indudablemente que, más allá de esos logros, existen muchas asignaturas pendientes y condicionamientos propios de la herencia neoliberal, perdurables aún desaparecidos los efectos visibles de la crisis de 2001, un Estado desarticulado, un aparato productivo desequilibrado, la carencia de una burguesía nacional, la crisis de representatividad de los sectores políticos, la formidable deuda social.
No es un tema menor una conciencia ciudadana confusa en lo ideológico luego de tantos años de machacamiento ideológico neoconservador. Alejado el miedo de la crisis, parte de la clase media que vive el boom sojero disfruta los logros de la recuperación y parece virar en el clásico péndulo, hacia posiciones liberales e insolidarias.
Los muchos logros de este Gobierno y no sus desaciertos han sido una fuente de resentimiento, los sectores concentrados esperaron pacientemente su oportunidad para dar un golpe al Gobierno y torcer la tendencia hacia una política progresista iniciada hace cinco años. Así se instaló un falso dilema mediático campo-gobierno que galvanizó a muchos pequeños y medianos productores con los sectores concentrados a pesar de la contradicción objetiva de sus intereses.
La lógica de las retenciones no es meramente fiscal, se trata de tener tipos de cambios diferenciales que promuevan una recuperación del tejido industrial, mayor valor agregado y la necesaria desvinculación de los precios internacionales de los precios internos. Cuestiones que hacen a desarrollo regional, frenar el proceso de sojización, estimular una producción diversificada y sustentable ambientalmente, mayor empleo, menor inflación, mejores salarios reales, etcétera.
La votación marca la pérdida de una batalla a manos de los sectores retardatarios que privilegian sus intereses sectoriales en desmedro de los intereses del país y de los más pobres, no hay que negar esa realidad, pero tampoco dramatizarla.
Respecto al “qué hacer”, resulta claro que no hay viabilidad política, económica y social que no sea afirmar un modelo de desarrollo que privilegie un cambio en el modelo de acumulación productiva y que cambie la matriz distributiva del país.
Ello requiere un diagnóstico que ataque de raíz las restricciones y condicionantes de la estructura política y económico-social vigentes, evitando los extremos del inmovilismo, el aislamiento o la tentación de concesiones a los sectores de poder concentrado, que impliquen un viraje a la ortodoxia y la renuncia a bregar por una sociedad mejor, lo que sí sería perder mas que una batalla.
Respecto al “con quién”, si algo de positivo tuvo esta votación es que alineó los tantos quedando claro con qué fuerzas se cuenta de verdad y sincerando quiénes representan un modelo agroexportador dependiente y excluyente. Esta divisoria de aguas es una clara evidencia del anacronismo de las antinomias partidarias y que sólo hay espacio para una coalición popular y progresista y una conservadora neoliberal emergente.
En esta coyuntura difícil para el Gobierno, no hay alternativa que levantar con firmeza las convicciones en la línea de sus grandes logros, ampliando y fortaleciendo esa coalición progresista, con eje en lo mejor del peronismo –desgajado del tren fantasma que tenía algunos vagones más que los visibles– y otras fuerzas progresistas.
Se viene un período de una lucha cultural intensa donde será crucial contener a los sectores populares y a parte de los medios, con una agenda que permita profundizar los logros, para consolidar la gobernabilidad y la fuerza parlamentaria en 2009.
En tal batalla cultural es crucial la participación activa de los distintos sectores sociales, intelectuales; la emergencia de Carta Abierta, el accionar del Grupo Fénix y de otros colectivos, que marquen un camino posible en el desarrollo de la conciencia progresista y solidaria, que permita dar un efectivo combate a las fuerzas neoconservadoras.
Respecto al “cómo”, avanzar hacia una sociedad mas progresista requiere fortalecer al Estado. Por algo la derecha –además de para preservar sus privilegios– ha buscado su desguace y su desfinanciamiento. No pueden quedar dudas respecto de la necesidad del Estado de recaudar rentas extraordinarias y exentas, que impliquen más equidad, infraestructura, provisión elemental de bienes públicos, y la capacidad de articular políticas productivas además del cumplimiento de los compromisos financieros. Si esto no ocurre es virtualmente imposible avanzar en un proceso de crecimiento sostenido y con equidad.
Es crucial formular y ejecutar un plan de mediano plazo tendiente a instrumentar un desarrollo autónomo coherente y consistente. Ello puede entroncar con un acuerdo del Bicentenario que no sea meramente un conjunto de demandas sectoriales ni un caballo de Troya de la derecha, sino que promueva una mayor competitividad de la economía en el marco de mejoras progresivas y concretas en la distribución del ingreso.
Avanzar con convicciones y firmeza, con amplitud de criterio e inclusión de sectores que concuerden en lo esencial, con pragmatismo, teniendo en cuenta y ampliando las relaciones de fuerza, es la forma de construir una sociedad mejor. Si se salió de una situación muy difícil a partir de 2003, con el ánimo retemplado y teniendo en claro los objetivos, los actores y los instrumentos, se podrá seguir cambiando la historia.
* Economista, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores.
miércoles, 23 de julio de 2008
La capacidad de imposición de los concentrados
Por Paula Abal Medina *
Más de 120 días de un conflicto con los segmentos más concentrados del campo. No hace falta fundar esta afirmación para referirnos a CRA y SRA. La historia – inactual – de la Federación Agraria Argentina, en cambio, se ha usufructuado indignamente para crear una enorme confusión que impide comprender que la palabra “pequeño” no le cabe en términos de rentabilidad a ninguno de los que hoy han decidido paralizar la política gubernamental. Los usos indignos de lo pretérito permiten que estemos discutiendo en este país que los que ganan mucho ganen más y que esa discusión se ejercite como si encerrara algún criterio de justicia.
Quien escribe no logra comprender tantas inversiones. Se usa la palabra pequeño para referir a los que perciben ingresos equivalentes a los deciles más concentrados de la Argentina. Se trata de una discusión sobre la rentabilidad y quienes sólo pueden dirimir sobre su subsistencia - los sectores populares rurales y urbanos - no han podido contar con una sola explicación fundada sobre las ganancias contantes y sonantes de los productores de soja y granos. ¿Por qué los periodistas no les preguntan a los productores?; ¿porqué no exigen esta información, por qué tanta “prudencia” cuando esta discusión no tiene otro fundamento concreto más que la derogación de la resolución que les impide ganar más? ¿Ganar más que cuánto? ¿Cuánto más quieren ganar? ¿Cuánto más a costa de quienes? Porque las pujas distributivas son de suma cero y no visibilizar a los que pierden por los que ganan es silenciar lo más neurálgico de un debate. La democracia cuando está dotada de contenidos reales debe ser capaz de resolver los conflictos no predicando consensos abstractos, sino confrontando cuáles son las transferencias que subyacen a las políticas públicas. Hoy las transferencias reclamadas por los concentrados del campo involucran la vida cotidiana de decenas de miles de personas que habitan este país para signarlas con más y nuevas carencias.
La inversión más aberrante es, quizás, la que se aletarga desde lejos en el tiempo de nuestra historia y que cambiando palabras reproduce un contenido idéntico en términos de denigración de la movilización y la acción colectiva sostenida por los sectores populares de todas las épocas. Cabecitas, negros de mierda, vagos, cooptados, pagados…. y tantas otras que sólo duele recordar.
Y si sostengo que esta inversión es la más aberrante es por la carga de violencia que supone adjudicarle a ese otro, esos adjetivados de oscuros por estos sectores - los concentrados de todos los tiempos - los móviles propios, los que fundan sus movilizaciones, las suyas, en el marco de este conflicto. Pocos acontecimientos en la historia de nuestro país pueden prescindir de un ideario militante y de las tensiones y contradicciones de la constitución de una identidad colectiva; simplemente porque pueden usufructuar la comunión monologística (en palabras de Offe y Wiesenthal) de las asociaciones patronales: la aplicación de una pura racionalidad instrumental donde el costo de la movilización es ínfimo cuando ejercido desde dicha posición de fortaleza tiene tan altas probabilidades de redundar en grandes beneficios económicos.
El acto realizado en el monumento de los españoles en las vísperas del tratamiento parlamentario del proyecto de limitación de sus rentabilidades es el mejor ejemplo del más genuino potencial de movilización que resguardan por sus billeteras. Concentrada por concentrada, estructura agropecuaria y estructura mediática, coincidieron en la defensa de sus beneficios.
Invertir las tantas inversiones del orden neoliberal para volver efectiva la transformación de la estructura social argentina. Esa es nuestra tarea, la que supone un debate, una lucha, un ejercitar la crítica sobre lo que falta y sobre lo erróneo, una construcción necesaria e impostergable que continuará hilvanando a los sujetos y a las reivindicaciones múltiples de la justicia social que siempre alberga en los movimientos populares.
* Socióloga
Más de 120 días de un conflicto con los segmentos más concentrados del campo. No hace falta fundar esta afirmación para referirnos a CRA y SRA. La historia – inactual – de la Federación Agraria Argentina, en cambio, se ha usufructuado indignamente para crear una enorme confusión que impide comprender que la palabra “pequeño” no le cabe en términos de rentabilidad a ninguno de los que hoy han decidido paralizar la política gubernamental. Los usos indignos de lo pretérito permiten que estemos discutiendo en este país que los que ganan mucho ganen más y que esa discusión se ejercite como si encerrara algún criterio de justicia.
Quien escribe no logra comprender tantas inversiones. Se usa la palabra pequeño para referir a los que perciben ingresos equivalentes a los deciles más concentrados de la Argentina. Se trata de una discusión sobre la rentabilidad y quienes sólo pueden dirimir sobre su subsistencia - los sectores populares rurales y urbanos - no han podido contar con una sola explicación fundada sobre las ganancias contantes y sonantes de los productores de soja y granos. ¿Por qué los periodistas no les preguntan a los productores?; ¿porqué no exigen esta información, por qué tanta “prudencia” cuando esta discusión no tiene otro fundamento concreto más que la derogación de la resolución que les impide ganar más? ¿Ganar más que cuánto? ¿Cuánto más quieren ganar? ¿Cuánto más a costa de quienes? Porque las pujas distributivas son de suma cero y no visibilizar a los que pierden por los que ganan es silenciar lo más neurálgico de un debate. La democracia cuando está dotada de contenidos reales debe ser capaz de resolver los conflictos no predicando consensos abstractos, sino confrontando cuáles son las transferencias que subyacen a las políticas públicas. Hoy las transferencias reclamadas por los concentrados del campo involucran la vida cotidiana de decenas de miles de personas que habitan este país para signarlas con más y nuevas carencias.
La inversión más aberrante es, quizás, la que se aletarga desde lejos en el tiempo de nuestra historia y que cambiando palabras reproduce un contenido idéntico en términos de denigración de la movilización y la acción colectiva sostenida por los sectores populares de todas las épocas. Cabecitas, negros de mierda, vagos, cooptados, pagados…. y tantas otras que sólo duele recordar.
Y si sostengo que esta inversión es la más aberrante es por la carga de violencia que supone adjudicarle a ese otro, esos adjetivados de oscuros por estos sectores - los concentrados de todos los tiempos - los móviles propios, los que fundan sus movilizaciones, las suyas, en el marco de este conflicto. Pocos acontecimientos en la historia de nuestro país pueden prescindir de un ideario militante y de las tensiones y contradicciones de la constitución de una identidad colectiva; simplemente porque pueden usufructuar la comunión monologística (en palabras de Offe y Wiesenthal) de las asociaciones patronales: la aplicación de una pura racionalidad instrumental donde el costo de la movilización es ínfimo cuando ejercido desde dicha posición de fortaleza tiene tan altas probabilidades de redundar en grandes beneficios económicos.
El acto realizado en el monumento de los españoles en las vísperas del tratamiento parlamentario del proyecto de limitación de sus rentabilidades es el mejor ejemplo del más genuino potencial de movilización que resguardan por sus billeteras. Concentrada por concentrada, estructura agropecuaria y estructura mediática, coincidieron en la defensa de sus beneficios.
Invertir las tantas inversiones del orden neoliberal para volver efectiva la transformación de la estructura social argentina. Esa es nuestra tarea, la que supone un debate, una lucha, un ejercitar la crítica sobre lo que falta y sobre lo erróneo, una construcción necesaria e impostergable que continuará hilvanando a los sujetos y a las reivindicaciones múltiples de la justicia social que siempre alberga en los movimientos populares.
* Socióloga
viernes, 18 de julio de 2008
Intervención de Nelio Calza
Sr. Calza.- Señora presidenta: anteriores al Estado nacional, los derechos de importación y exportación fueron motivo de las más intensas y férreas pujas de la historia de nuestro país. Desde la disputa por el control de la Aduana en los mismos orígenes del Estado argentino hasta la actual protesta del campo, estos gravámenes son sinónimo de conflicto y enfrentamiento.
En 1853 la Constitución Nacional los consagra en su artículo 4°, y no casualmente. Es el primer recurso que se menciona al enumerar aquellos que contribuyen al sostenimiento del Estado nacional, recurso exclusivo y excluyente de la Nación que no integra la masa de ingresos que obligatoriamente deben redistribuirse a las provincias por vía de la coparticipación federal.
Para este año 2008 se estima que su peso relativo en el total de ingresos colectados por el Estado nacional rondará el 17 por ciento, esto es, unos 45.000 millones de pesos.
Ahora bien, nos debemos preguntar para qué sirven o deberían servir estos derechos de exportación. Diciéndolo muy rápidamente, tienden a evitar que el alza de los precios internacionales se traslade al mercado doméstico, ayudando de ese modo a sostener el poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los que menos tienen, los trabajadores.
Generan un efecto redistributivo positivo en tanto hacen que quienes más ganan contribuyan en mayor medida al financiamiento del gasto público. Mejoran la situación financiera del sector público, en tanto incrementan los ingresos y, por ende, el superávit y su potencial uso en pos de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. También, mientras existan alícuotas diferenciadas y tratamientos diversos, constituyen un potente inductor de comportamientos deseables para los actores económicos de nuestro nuestro país.
Sin embargo, sus detractores afirman y han sostenido históricamente que desalientan la inversión y promueven el estancamiento productivo. Este argumento es el mismo que arguyen ante cada impuesto siempre que algún sector siente vulnerado lo que se considera su tasa de ganancia. En tanto existan márgenes de ganancia razonables, el argumento entonces tiene sólo una finalidad ideológica y de protección de intereses, más que otra cosa.
Varios diputados detallaron aquí la instrumentación de los derechos de exportación a lo largo de nuestra vida democrática. Los impuso Alfonsín durante su gobierno democrático, de lo cual se ha hablado aquí bastante.
Simplemente quiero recordar que cuando se eliminaron –y muchos lo aplaudieron fue durante la dictadura militar, siendo el ministro de Economía Martínez de Hoz, y así nos fue a los argentinos. (Aplausos.) También se liberaron durante el menemismo, y así nos fue a los argentinos en ese momento.
Por eso debemos remarcar que los derechos de exportación son una herramienta fundamental del Estado argentino que debemos conservar, pero fundamentalmente debemos diferenciar a los que se relacionan con los cereales, como se ha puesto de manifiesto durante el debate de estos últimos cien días en el país.
Al principio del conflicto se hacía referencia a que lo único que se pretendía con el aumento de los derechos de exportación era succionar los ingresos al interior del país para trasladarlos a la Capital Federal.
Algunos creían entonces que poniéndose un poncho a cuestas, hacían federalismo. Al federalismo no se lo construye de esa forma. Articular un país armónico y para todos los argentinos se logrará con una medida como la que tomó y anunció nuestra presidenta, que hoy estamos tratando en este recinto.
Se pretende generar con el aumento de las retenciones un fondo que vaya en un 60 por ciento para la salud pública, hospitales y centros de atención de salud para todo el pueblo argentino; también para construir caminos rurales. Así lo dice bien la disposición: no es para construir un segundo Obelisco o para generar más burocracia en la Capital Federal.
Se dice con exactitud que se trata de un fondo específico para esos fines. También se va a destinar en un 20 por ciento a viviendas rurales. ¡Y vaya si es necesario construir viviendas para los peones rurales, que muchas veces viven en condiciones infrahumanas!
Esto lo digo porque conozco la situación. Yo nací en la ciudad a que hacía referencia el señor diputado Viale, la ciudad de los amores de José Pedroni; en Esperanza, Santa Fe. Conozco lo que es el campo y no porque iba a pasear una semana, como ayer dijo una diputada, a los campos de mi abuelo. Porque mi abuelo vivió en el campo, también era tambero, como decía aquí uno de los diputados, y ordeñaba a mano más de 500 o 600 litros diarios con mi abuela, y generó una cooperativa tambera para poder sobrevivir. Lamentablemente, la política de Martínez de Hoz destruyó a todas las cooperativas. (Aplausos.)
Soy hijo y nieto de esa pampa gringa y descendiente de piamonteses, como alguno hizo referencia, pero no quiero un país segregacionista. No digo, como algunos dicen, que las retenciones no vuelven, que tal provincia paga tanto y después no le vuelve, porque sí vuelven las retenciones.
En Entre Ríos, en la provincia en la que yo vivo, se está construyendo una autopista que va desde Gualeguaychú hasta Paso de los Libres. Son más de 500 kilómetros de autopista, y ahí van las retenciones, para mejorar todo lo que son los caminos y los accesos, así como también los caminos rurales que sirven para potenciar, entre otras cosas, las economías regionales, para que la leche no se pudra cuando llueve en los caminos de barro, en los caminos de tierra greda.
Esa es una visión armónica de un país totalizado, porque a mí me asusta cuando algunos hacen referencia a que si se aporta tanto de tal sector tiene que volver todo para ese mismo sector. ¿Entonces, cómo hacemos un país para todos, cómo llegamos a los compañeros que viven en Jujuy, que necesitan del auxilio del Estado nacional, a los que viven en Tierra del Fuego, a los de Formosa, a los que necesitan asistencia social?
Eso es un país armónico y eso es lo que se pretende con este aumento de las retenciones. En ese sentido quiero marcar la justicia que se establece con este concepto.
Cuando la presidenta envió a este Congreso el proyecto que estamos considerando también se decía que lo íbamos a votar a libro cerrado y que no íbamos a ser otra cosa que una escribanía. Se cansaron de decir eso. Sin embargo, se están cambiando muchísimos aspectos. Como bien señaló nuestro presidente del bloque del Frente para la Victoria, diputado Agustín Rossi, se marca que hasta trescientas toneladas –se eliminó lo relativo a las hectáreas corresponde el 30 por ciento, o sea que se disminuye la alícuota que existía al 10 de marzo; y hasta 750 toneladas la retención es del 35 por ciento, es decir, lo mismo que regía hasta el 11 de marzo. Se favorece al pequeño y mediano productor y se deja de lado a los grandes productores, los pools de siembra, porque son los que tienen que pagar.
Ahora parecería que todos fueran pequeños y medianos productores. Yo nací en el campo, donde estaban los colonos, como los llamábamos nosotros, pero también estaban los estancieros, que hoy siguen teniendo sus estancias... (Aplausos.) ...y siguen produciendo en muchas hectáreas. No fueron eliminados.
Sr. Presidente (Fellner).- Le ruego que vaya redondeando, señor diputado.
Sr. Calza.- Ya concluyo, señor presidente.
Yo quiero un país integrado, que no sea solamente para la pampa gringa; lo quiero para todos. Quiero una Argentina para todos. Por eso apoyo este sistema de retenciones, que va a favorecer al pequeño y mediano productor y va a cobrar a los que tiene que cobrar. (Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
En 1853 la Constitución Nacional los consagra en su artículo 4°, y no casualmente. Es el primer recurso que se menciona al enumerar aquellos que contribuyen al sostenimiento del Estado nacional, recurso exclusivo y excluyente de la Nación que no integra la masa de ingresos que obligatoriamente deben redistribuirse a las provincias por vía de la coparticipación federal.
Para este año 2008 se estima que su peso relativo en el total de ingresos colectados por el Estado nacional rondará el 17 por ciento, esto es, unos 45.000 millones de pesos.
Ahora bien, nos debemos preguntar para qué sirven o deberían servir estos derechos de exportación. Diciéndolo muy rápidamente, tienden a evitar que el alza de los precios internacionales se traslade al mercado doméstico, ayudando de ese modo a sostener el poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los que menos tienen, los trabajadores.
Generan un efecto redistributivo positivo en tanto hacen que quienes más ganan contribuyan en mayor medida al financiamiento del gasto público. Mejoran la situación financiera del sector público, en tanto incrementan los ingresos y, por ende, el superávit y su potencial uso en pos de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. También, mientras existan alícuotas diferenciadas y tratamientos diversos, constituyen un potente inductor de comportamientos deseables para los actores económicos de nuestro nuestro país.
Sin embargo, sus detractores afirman y han sostenido históricamente que desalientan la inversión y promueven el estancamiento productivo. Este argumento es el mismo que arguyen ante cada impuesto siempre que algún sector siente vulnerado lo que se considera su tasa de ganancia. En tanto existan márgenes de ganancia razonables, el argumento entonces tiene sólo una finalidad ideológica y de protección de intereses, más que otra cosa.
Varios diputados detallaron aquí la instrumentación de los derechos de exportación a lo largo de nuestra vida democrática. Los impuso Alfonsín durante su gobierno democrático, de lo cual se ha hablado aquí bastante.
Simplemente quiero recordar que cuando se eliminaron –y muchos lo aplaudieron fue durante la dictadura militar, siendo el ministro de Economía Martínez de Hoz, y así nos fue a los argentinos. (Aplausos.) También se liberaron durante el menemismo, y así nos fue a los argentinos en ese momento.
Por eso debemos remarcar que los derechos de exportación son una herramienta fundamental del Estado argentino que debemos conservar, pero fundamentalmente debemos diferenciar a los que se relacionan con los cereales, como se ha puesto de manifiesto durante el debate de estos últimos cien días en el país.
Al principio del conflicto se hacía referencia a que lo único que se pretendía con el aumento de los derechos de exportación era succionar los ingresos al interior del país para trasladarlos a la Capital Federal.
Algunos creían entonces que poniéndose un poncho a cuestas, hacían federalismo. Al federalismo no se lo construye de esa forma. Articular un país armónico y para todos los argentinos se logrará con una medida como la que tomó y anunció nuestra presidenta, que hoy estamos tratando en este recinto.
Se pretende generar con el aumento de las retenciones un fondo que vaya en un 60 por ciento para la salud pública, hospitales y centros de atención de salud para todo el pueblo argentino; también para construir caminos rurales. Así lo dice bien la disposición: no es para construir un segundo Obelisco o para generar más burocracia en la Capital Federal.
Se dice con exactitud que se trata de un fondo específico para esos fines. También se va a destinar en un 20 por ciento a viviendas rurales. ¡Y vaya si es necesario construir viviendas para los peones rurales, que muchas veces viven en condiciones infrahumanas!
Esto lo digo porque conozco la situación. Yo nací en la ciudad a que hacía referencia el señor diputado Viale, la ciudad de los amores de José Pedroni; en Esperanza, Santa Fe. Conozco lo que es el campo y no porque iba a pasear una semana, como ayer dijo una diputada, a los campos de mi abuelo. Porque mi abuelo vivió en el campo, también era tambero, como decía aquí uno de los diputados, y ordeñaba a mano más de 500 o 600 litros diarios con mi abuela, y generó una cooperativa tambera para poder sobrevivir. Lamentablemente, la política de Martínez de Hoz destruyó a todas las cooperativas. (Aplausos.)
Soy hijo y nieto de esa pampa gringa y descendiente de piamonteses, como alguno hizo referencia, pero no quiero un país segregacionista. No digo, como algunos dicen, que las retenciones no vuelven, que tal provincia paga tanto y después no le vuelve, porque sí vuelven las retenciones.
En Entre Ríos, en la provincia en la que yo vivo, se está construyendo una autopista que va desde Gualeguaychú hasta Paso de los Libres. Son más de 500 kilómetros de autopista, y ahí van las retenciones, para mejorar todo lo que son los caminos y los accesos, así como también los caminos rurales que sirven para potenciar, entre otras cosas, las economías regionales, para que la leche no se pudra cuando llueve en los caminos de barro, en los caminos de tierra greda.
Esa es una visión armónica de un país totalizado, porque a mí me asusta cuando algunos hacen referencia a que si se aporta tanto de tal sector tiene que volver todo para ese mismo sector. ¿Entonces, cómo hacemos un país para todos, cómo llegamos a los compañeros que viven en Jujuy, que necesitan del auxilio del Estado nacional, a los que viven en Tierra del Fuego, a los de Formosa, a los que necesitan asistencia social?
Eso es un país armónico y eso es lo que se pretende con este aumento de las retenciones. En ese sentido quiero marcar la justicia que se establece con este concepto.
Cuando la presidenta envió a este Congreso el proyecto que estamos considerando también se decía que lo íbamos a votar a libro cerrado y que no íbamos a ser otra cosa que una escribanía. Se cansaron de decir eso. Sin embargo, se están cambiando muchísimos aspectos. Como bien señaló nuestro presidente del bloque del Frente para la Victoria, diputado Agustín Rossi, se marca que hasta trescientas toneladas –se eliminó lo relativo a las hectáreas corresponde el 30 por ciento, o sea que se disminuye la alícuota que existía al 10 de marzo; y hasta 750 toneladas la retención es del 35 por ciento, es decir, lo mismo que regía hasta el 11 de marzo. Se favorece al pequeño y mediano productor y se deja de lado a los grandes productores, los pools de siembra, porque son los que tienen que pagar.
Ahora parecería que todos fueran pequeños y medianos productores. Yo nací en el campo, donde estaban los colonos, como los llamábamos nosotros, pero también estaban los estancieros, que hoy siguen teniendo sus estancias... (Aplausos.) ...y siguen produciendo en muchas hectáreas. No fueron eliminados.
Sr. Presidente (Fellner).- Le ruego que vaya redondeando, señor diputado.
Sr. Calza.- Ya concluyo, señor presidente.
Yo quiero un país integrado, que no sea solamente para la pampa gringa; lo quiero para todos. Quiero una Argentina para todos. Por eso apoyo este sistema de retenciones, que va a favorecer al pequeño y mediano productor y va a cobrar a los que tiene que cobrar. (Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
jueves, 17 de julio de 2008
Reunión con Kirchner, el 11 de julio
Kirchner pidió apoyo a sus aliados políticos y a los piqueteros
Se reunió con radicales K, dirigentes del Frente Grande y movimientos sociales. Llevarán gente al acto oficialista.
Buenos Aires. El ex presidente y titular del PJ, Néstor Kirchner, se reunió ayer con sus socios de la Concertación Plural y movimientos piqueteros oficialistas y los convocó a marchar “unidos” a la plaza del Congreso el próximo martes para apoyar el proyecto de retenciones móviles un día antes de que el tema sea tratado en el Senado.
Luego del encuentro realizado en un hotel a metros de la Plaza de Mayo, Kirchner volvió a hablar con la prensa por segundo día consecutivo y ratificó que “la convocatoria es por más democracia, más institucionalidad, más pluralidad, no en contra de nadie”.
Del encuentro, Kirchner se llevó el apoyo de los gobernadores del radicalismo K: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Saiz (Río Negro) y Maurice Closs (Misiones); también de las máximas autoridades del Frente Grande: Eduardo Sigal y Nilda Garré; del Partido de la Victoria, Graciela Ocaña; de socialistas bonaerenses como Ariel Basteiro y partidos menores aliados. Junto a Kirchner compartieron la cabecera de la reunión el jefe de Gabinete, Alberto Fernández (jefe del PJ porteño); las ministras de Defensa y de Salud, además de las diputadas Vilma Ibarra, Adriana Puigrós y el titular de Cascos Blancos, Gabriel Fucks.
Los funcionarios compartieron escenario con los líderes de organizaciones piqueteras oficialistas como Luis D'Elía (FTV); Emilio Pérsico (MTD Evita); Edgardo Depetri (diputado por el Frente Transversal, y Humberto Tumini (Libres del Sur).
Todos prometieron a Kirchner “movilizar la mayor cantidad de gente para defender las retenciones móviles y al gobierno”.
El vocero del encuentro fue el gobernador Saiz quien negó, igual que más tarde lo hiciera Garré, que con Kirchner hayan hablado del número de senadores con que cuenta el oficialismo para aprobar el próximo miércoles el proyecto que tiene media sanción de diputados.
“Vamos a adherir a la convocatoria en apoyo a la institucionalidad y la democracia, con una participación masiva de la ciudadanía”, anticipó Saiz.
El gobernador radical de Río Negro evitó responder a una consulta sobre qué harán los senadores de su provincia, que estaban en duda de votar el proyecto oficial y dijo que “ese tema no se habló en la reunión con Kirchner”.
De buen humor, Kirchner salió caminando del salón y en el lobby del hotel se paró en medio de una nube de periodistas y “agradeció el acompañamiento” de los sectores aliados.
“No, ¿querés que me echen de mi casa?” respondió Kirchner a una consulta sobre si tenía pensado pasar la noche del martes 15 en vigilia acampando frente al Congreso.
Esta vez evitó lanzar críticas al sector agropecuario que lo acusó de convocar a la contramarcha oficialista para promover la confrontación; se limitó a hablar de “movilización en defensa de las instituciones y de la democracia”.
Kirchner repitió así su discurso inaugurado en la conferencia de prensa realizada el jueves en el mismo hotel.
“Por el término de 20 minutos, nos habló a los que no somos peronistas y nos pidió que nos movilicemos todos unidos, más firmes que nunca en apoyo al gobierno nacional y al proyecto”, reveló Tumini al término del encuentro.
Agencia DyN
Se reunió con radicales K, dirigentes del Frente Grande y movimientos sociales. Llevarán gente al acto oficialista.
Buenos Aires. El ex presidente y titular del PJ, Néstor Kirchner, se reunió ayer con sus socios de la Concertación Plural y movimientos piqueteros oficialistas y los convocó a marchar “unidos” a la plaza del Congreso el próximo martes para apoyar el proyecto de retenciones móviles un día antes de que el tema sea tratado en el Senado.
Luego del encuentro realizado en un hotel a metros de la Plaza de Mayo, Kirchner volvió a hablar con la prensa por segundo día consecutivo y ratificó que “la convocatoria es por más democracia, más institucionalidad, más pluralidad, no en contra de nadie”.
Del encuentro, Kirchner se llevó el apoyo de los gobernadores del radicalismo K: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Saiz (Río Negro) y Maurice Closs (Misiones); también de las máximas autoridades del Frente Grande: Eduardo Sigal y Nilda Garré; del Partido de la Victoria, Graciela Ocaña; de socialistas bonaerenses como Ariel Basteiro y partidos menores aliados. Junto a Kirchner compartieron la cabecera de la reunión el jefe de Gabinete, Alberto Fernández (jefe del PJ porteño); las ministras de Defensa y de Salud, además de las diputadas Vilma Ibarra, Adriana Puigrós y el titular de Cascos Blancos, Gabriel Fucks.
Los funcionarios compartieron escenario con los líderes de organizaciones piqueteras oficialistas como Luis D'Elía (FTV); Emilio Pérsico (MTD Evita); Edgardo Depetri (diputado por el Frente Transversal, y Humberto Tumini (Libres del Sur).
Todos prometieron a Kirchner “movilizar la mayor cantidad de gente para defender las retenciones móviles y al gobierno”.
El vocero del encuentro fue el gobernador Saiz quien negó, igual que más tarde lo hiciera Garré, que con Kirchner hayan hablado del número de senadores con que cuenta el oficialismo para aprobar el próximo miércoles el proyecto que tiene media sanción de diputados.
“Vamos a adherir a la convocatoria en apoyo a la institucionalidad y la democracia, con una participación masiva de la ciudadanía”, anticipó Saiz.
El gobernador radical de Río Negro evitó responder a una consulta sobre qué harán los senadores de su provincia, que estaban en duda de votar el proyecto oficial y dijo que “ese tema no se habló en la reunión con Kirchner”.
De buen humor, Kirchner salió caminando del salón y en el lobby del hotel se paró en medio de una nube de periodistas y “agradeció el acompañamiento” de los sectores aliados.
“No, ¿querés que me echen de mi casa?” respondió Kirchner a una consulta sobre si tenía pensado pasar la noche del martes 15 en vigilia acampando frente al Congreso.
Esta vez evitó lanzar críticas al sector agropecuario que lo acusó de convocar a la contramarcha oficialista para promover la confrontación; se limitó a hablar de “movilización en defensa de las instituciones y de la democracia”.
Kirchner repitió así su discurso inaugurado en la conferencia de prensa realizada el jueves en el mismo hotel.
“Por el término de 20 minutos, nos habló a los que no somos peronistas y nos pidió que nos movilicemos todos unidos, más firmes que nunca en apoyo al gobierno nacional y al proyecto”, reveló Tumini al término del encuentro.
Agencia DyN
miércoles, 16 de julio de 2008
Opinión de Héctor Arias
Partido Frente Grande ante la situación del país.
Por mas de cuatro años hemos mantenido un prudente silencio por respeto a la ciudadanía después del fracaso de la Alianza y por ello la posibilidad de un Gobierno de coalición en la Argentina contribuyendo con humildad a la transformación de este país sumándonos al Frente para la Victoria tanto a nivel nacional y provincial.
Nos sumamos al “Frente para la Victoria” en el convencimiento que el modelo de país planteado desde este nos contiene tanto en lo económico-social como en la política de Derechos Humanos y lo que es fundamental en el rol del Estado, entre otras coincidencias. Hoy ante los hechos que son de publico conocimiento tenemos el deber de hacer algunas reflexiones, en un país con cinco años interrumpidos de crecimiento económico aparece el tema de la redistribución del ingreso que estaba congelada por estar esta atada a la convertividad y a la teoría del derrame con un país totalmente con su capacidad industrial óseosa, con los campos en general hipotecados, producto de un tipo de cambio basado en endeudamiento externo y no a la productividad.-
Este crecimiento se inicio desde el campo por ser el sector más dinámico y el mas rápidamente beneficiado con la Devaluación que pago y paga todo el pueblo argentino la herramienta de las retenciones fue creado con el objeto de lograr superávit fiscal y equilibrar las asimetrías entre cultivos y regiones para de esta manera poder redistribuir la renta nacional, así vemos que se construyen viviendas para los más humildes con el llamado plan federal de construcción de viviendas, escuelas, caminos, diques (ej. Caracoles) etc. es decir infraestructura a partir de la obra publica, dinamizando la industria de la construcción, llamada por muchos economistas “industria de industrias”.
Las sociedades abiertas y complejas se caracterizan por estar frecuentemente en estado de permanente tensión o equilibrios provisorios tanto por las luchas de origen económico-social como por la emergencia de nuevas subjetividades e identidades sociales. Y es ahora cuando cierto capitalismo muestra “su” verdad desnudando quién se queda con qué, o en otras palabras, haciendo transparente que las relaciones económicas son también relaciones de dominación. Aquí es cuando no se mide con la misma vara cuando sectores del campo inician cortes de ruta hasta de manera cuasi confiscatoria decidiendo con total arbitrialidad quien pasa y quien no usando la misma “arma” que le criticaban a los hasta ese momento “piqueteros” que usaban esta metodología no justificada pero al menos entendida en función que no tenían otra manera de manifestarse, los dirigentes del campo podrían haber usado otras formas sin necesidad de llegar a este nivel de violencia, no es casual estos cortes necesariamente traerán desabastecimiento y con ello una escalada de precios provocando un justificado malestar en la ciudadanía.
En las postrimerías de cumplirse un cuarto de siglo ininterrumpidos de pleno ejercicio de democracia aparecen voces disonantes y esto es bueno lo que hay que releer es la forma en que esas voces se quieren hacer escuchar en un país signado por las antinomias, la intolerancia y el autoritarismo, mas que nunca se impone la política más precisamente la política del consenso, como herramienta para superar estas diferencias buscando mecanismos de redistribución del ingreso equilibrados y de inclusión social más que nunca se impone una profunda reforma tributaria que tenga como ejes centrales la renta y el capital y no el consumo como hasta la fecha. Momento también de poner sobre la mesa de discusión la postergada “Ley de Copartipación Federal de Impuestos” y ejecutar en forma inmediata la “Ley de abastecimiento interior” liberando las rutas para la libre circulación.
Por lo expresado apelamos a que se conforme una “Mesa de Dialogo” permanente entre el gobierno nacional y los distintos sectores del campo, Además, como una contribución a esa “Mesa de Diálogo”, cuyo objetivo principal debería ser establecer retenciones en función de toneladas producidas y no sobre el precio de los granos, a efectos de resguardar a los pequeños y medianos productores, tampoco puede estar ausente en este dialogo la situación de los trabajadores del campo. Según datos proporcionados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), en la Argentina existen aproximadamente 1,5 millón de peones, de los cuales un millón es informal es decir “ en negro” Y para el escaso tercio que está en blanco, el convenio firmado el 1° de diciembre de 2007 –hace menos de tres meses– marca que un peón gana un jornal de 47,52 pesos o un sueldo mensual de 1.080 pesos, y el promedio de todos los trabajadores rurales no llega a 1.500 pesos. Pero de eso hay que descontar la casa y la comida. Sobre el alojamiento se tienen que poner de acuerdo con el terrateniente.
En el convencimiento que otro país es posible intentando humildemente aportar algunas reflexiones ante la situación que aparece como de posiciones irreconciliables apelamos a la comprensión, tolerancia, búsqueda de consensos ratificando con total convicción el rumbo del país y la provincia. San Juan 31 marzo 2008.
Héctor Arias (ex Diputado Provincial de San Juan)
Por mas de cuatro años hemos mantenido un prudente silencio por respeto a la ciudadanía después del fracaso de la Alianza y por ello la posibilidad de un Gobierno de coalición en la Argentina contribuyendo con humildad a la transformación de este país sumándonos al Frente para la Victoria tanto a nivel nacional y provincial.
Nos sumamos al “Frente para la Victoria” en el convencimiento que el modelo de país planteado desde este nos contiene tanto en lo económico-social como en la política de Derechos Humanos y lo que es fundamental en el rol del Estado, entre otras coincidencias. Hoy ante los hechos que son de publico conocimiento tenemos el deber de hacer algunas reflexiones, en un país con cinco años interrumpidos de crecimiento económico aparece el tema de la redistribución del ingreso que estaba congelada por estar esta atada a la convertividad y a la teoría del derrame con un país totalmente con su capacidad industrial óseosa, con los campos en general hipotecados, producto de un tipo de cambio basado en endeudamiento externo y no a la productividad.-
Este crecimiento se inicio desde el campo por ser el sector más dinámico y el mas rápidamente beneficiado con la Devaluación que pago y paga todo el pueblo argentino la herramienta de las retenciones fue creado con el objeto de lograr superávit fiscal y equilibrar las asimetrías entre cultivos y regiones para de esta manera poder redistribuir la renta nacional, así vemos que se construyen viviendas para los más humildes con el llamado plan federal de construcción de viviendas, escuelas, caminos, diques (ej. Caracoles) etc. es decir infraestructura a partir de la obra publica, dinamizando la industria de la construcción, llamada por muchos economistas “industria de industrias”.
Las sociedades abiertas y complejas se caracterizan por estar frecuentemente en estado de permanente tensión o equilibrios provisorios tanto por las luchas de origen económico-social como por la emergencia de nuevas subjetividades e identidades sociales. Y es ahora cuando cierto capitalismo muestra “su” verdad desnudando quién se queda con qué, o en otras palabras, haciendo transparente que las relaciones económicas son también relaciones de dominación. Aquí es cuando no se mide con la misma vara cuando sectores del campo inician cortes de ruta hasta de manera cuasi confiscatoria decidiendo con total arbitrialidad quien pasa y quien no usando la misma “arma” que le criticaban a los hasta ese momento “piqueteros” que usaban esta metodología no justificada pero al menos entendida en función que no tenían otra manera de manifestarse, los dirigentes del campo podrían haber usado otras formas sin necesidad de llegar a este nivel de violencia, no es casual estos cortes necesariamente traerán desabastecimiento y con ello una escalada de precios provocando un justificado malestar en la ciudadanía.
En las postrimerías de cumplirse un cuarto de siglo ininterrumpidos de pleno ejercicio de democracia aparecen voces disonantes y esto es bueno lo que hay que releer es la forma en que esas voces se quieren hacer escuchar en un país signado por las antinomias, la intolerancia y el autoritarismo, mas que nunca se impone la política más precisamente la política del consenso, como herramienta para superar estas diferencias buscando mecanismos de redistribución del ingreso equilibrados y de inclusión social más que nunca se impone una profunda reforma tributaria que tenga como ejes centrales la renta y el capital y no el consumo como hasta la fecha. Momento también de poner sobre la mesa de discusión la postergada “Ley de Copartipación Federal de Impuestos” y ejecutar en forma inmediata la “Ley de abastecimiento interior” liberando las rutas para la libre circulación.
Por lo expresado apelamos a que se conforme una “Mesa de Dialogo” permanente entre el gobierno nacional y los distintos sectores del campo, Además, como una contribución a esa “Mesa de Diálogo”, cuyo objetivo principal debería ser establecer retenciones en función de toneladas producidas y no sobre el precio de los granos, a efectos de resguardar a los pequeños y medianos productores, tampoco puede estar ausente en este dialogo la situación de los trabajadores del campo. Según datos proporcionados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), en la Argentina existen aproximadamente 1,5 millón de peones, de los cuales un millón es informal es decir “ en negro” Y para el escaso tercio que está en blanco, el convenio firmado el 1° de diciembre de 2007 –hace menos de tres meses– marca que un peón gana un jornal de 47,52 pesos o un sueldo mensual de 1.080 pesos, y el promedio de todos los trabajadores rurales no llega a 1.500 pesos. Pero de eso hay que descontar la casa y la comida. Sobre el alojamiento se tienen que poner de acuerdo con el terrateniente.
En el convencimiento que otro país es posible intentando humildemente aportar algunas reflexiones ante la situación que aparece como de posiciones irreconciliables apelamos a la comprensión, tolerancia, búsqueda de consensos ratificando con total convicción el rumbo del país y la provincia. San Juan 31 marzo 2008.
Héctor Arias (ex Diputado Provincial de San Juan)
Adriana Puiggrós, sobre las retenciones
Inserción de la Dip. Adriana Puiggrós
Sesión plenaria 4 de julio de 2008
Esta inserción extiende y detalla los sentidos centrales de la exposición preparada por la Diputada Adriana Puiggrós para pronunciar en el recinto en la sesión plenaria del 4 de julio de 2008, y que no alcanzó a ser pronunciada por haberse acordado entre los bloques parlamentarios el cierre de las exposiciones unos minutos antes.
Sr. Presidente:
Son las doce del mediodía y hemos estado trabajando desde ayer por la tarde. Pero mucha gente está de vigilia esperando el resultado de nuestra discusión. Casi dos mil intelectuales han firmado varias cartas de apoyo a la política de las retenciones móviles y sostienen la pertinencia de la política de derechos humanos y de defensa de ambos gobiernos. Es un hecho inédito en la historia argentina ese compromiso masivo de filósofos, científicos sociales, comunicadores, psicoanalistas, educadores y gente del arte. El agrupamiento autoconvocado “Carta Abierta” lo hace sin ningún compromiso y habiendo analizado profundamente los fundamentos teóricos y políticos que sostienen las medidas.
Sr. Presidente:
Están los trabajadores rurales cuyos salarios apenas si arañan la canasta básica; están los productores de manzanas del Alto Valle, los productores de cítricos del Noroeste, los vitivinicultores, los lecheros. Están también esos jóvenes que aprendieron los saberes agrícolas en el campo arrendado de sus padres, en la escuela aerotécnica o en las facultades de agronomía y que han sido atravesados por la mentalidad neoliberal, que son muy distintos de los “farmers”, y han crecido en las épocas de la bicicleta financiera y del la convertibilidad, en una cultura de la especulación. Pero es necesario convencerlos para que constituyan una burguesía agraria que soñamos aliada a sectores medios urbanos con mentalidad solidaria, nacional, que hoy está lejos de existir, pero que es indispensable para que la fuerza progresista -en un sentido nacional y popular que representa este gobierno- se torne consistente, sustentable y profunda su presencia en el poder de este país.
El proyecto de Ley que convalida la Resolución 125 la mejora enormente pues incluye a los sectores escasamente advertidos por aquélla. Pero ha comenzado un tiempo en el cual la mayoría parlamentaria que logramos en Diputados y lograremos con seguridad en el Senado, debe pasar de ser la mayoría de un bloque parlamentario a engrosar un bloque histórico capaz de operar las transformaciones que nuestro país requiere.
LA DISCUSIÓN POR LA RENTA de la TIERRA ES CRUCIAL E HISTÓRICA
Una catarata de criticas y tergiversación de sentidos se escucharon desde los diversos sectores agropecuarios, y de parte de la oposición, cuando el 11 de marzo de 2008 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), decidió aplicar retenciones móviles a las exportaciones de granos. Con total claridad se escuchó a representantes de bloques minoritarios, en esta Cámara, acusar al Gobierno de atacar “al entramado agro- comercial-industrial”, es decir esa alianza económica que pretende apropiarse del excedente de la riqueza de todos los argentinos. Desde la famosa “Representación de los hacendados”, de Mariano Moreno, el destino del país se ha jugado numerosas veces en la misma discusión. Para algunos diputados que dicen no saber ya qué se discute, vamos a recordar, que lo que está en debate es un aspecto de la distribución de la potencial riqueza de todos los argentinos. Una medida concreta y limitada en el tiempo, como es la Resolución 125 nos embarca en una confrontación de opiniones que lo es de intereses fundamentales que rebasan en mucho esta circunstancia: la Presidenta ha tocado el núcleo de la cuestión argentina.
Esa cuestión encierra la paradoja crucial de nuestra sociedad: qué hacer con la potencial capacidad de generar excedente a partir de la explotación de sus dotaciones naturales, cómo vincularse tecnológicamente con la naturaleza para convertirla en riqueza, cómo repartir las valoraciones entre el trabajo y el capital que se asocian y en consecuencia qué le toca a cada cual.
Ese excedente es producto del trabajo de todos, porque no hay riqueza sin trabajo, sólo que la propiedad y el trabajo cobran valor diferente de acuerdo a los objetivos que los ordenen. En ese sentido disiento con quienes en esta discusión nos solicitan a hombres y mujeres “un poco de caballerosidad” para facilitar la disolución de eso que atribuyen a “ideologías irreductibles”: no se trata de maneras irreductibles de valorar la realidad sino de objetivas, profundas diferencias sociales que dividen a los argentinos. Tan concretas como la diferencia entre el peón de campo cuyo salario araña con dificultad la canasta básica, el pequeño productor que le saca con sus manos el jugo a su pedazo de tierra, el productor que la pegó con los precios internacionales del mercado de granos y juntó un nada desdeñable capital y los grandes propietarios, pooles, y transnacionales, cuya compleja composición abarca desde los herederos de la vieja oligarquía hasta los jugadores en el mercado especulativo, devenidos en inversores del impredecible mercado alimentario.
Los mismos opinantes sostienen que no existen las diferencias, señalan de manera acusatoria a quienes decimos, hay diferencias que son desigualdades, injusticias y acusan a nuestro gobierno de generar discursivamente los antagonismos, de inventar diferencias con la oposición, de fantasear con la existencia de intereses confrontados. Todo ello es un artificio elaborado para enmascarar la acumulación excesiva de riqueza, la insolidaridad social, el egoísmo de ese 20% que concentra el 80% de la renta agraria argentina. Su objetivo es la pura acumulación, el enriquecimiento, muy concretamente distinto del de aquellos cuya meta es arribar a un nivel digno de subsistencia.
En el mundo se observa no sólo crisis de energía y de ambiente. Está la otra crisis que preocupa a las naciones tanto o más que éstas: la crisis de alimentos, y en el último año la inflación en este rubro se duplicó. En la toma de decisiones del PEN primó la necesidad de llevar a la práctica una política pública de redistribución de las riquezas, tan necesaria en este proceso histórico de la Argentina, en donde lo que hace falta es profundizar el modelo económico social, puesto en práctica desde mayo de 2003. En este sentido es que además de implementar la resolución 125 del PEN se anunciaron herramientas tendientes al incentivo de otras producciones.
La decisión del PEN se basó en la modificación de los niveles de retenciones a las exportaciones de maíz, trigo, girasol y soja, con clara intención de eliminar las diferencias de precios que mantuvieron éstos desde diciembre de 2007 y retrotraerlos a ese mes. El Ministerio de Economía aumentó los derechos que tiene el Estado sobre la exportación. El de la soja pasó del 35% por ciento al 44,1. El del girasol a 39,1 por ciento y bajó el derecho de retenciones del maíz (en 0,8 puntos) y del trigo. (0,9 por ciento).
El otro aspecto que se debe tener en cuenta en este conflicto es el fenómeno de la sojización del campo argentino por la alta rentabilidad coyuntural del producto, dada la incorporación al mercado internacional de granos de grandes poblaciones antes marginadas. La constante rentabilidad del campo argentino se tornó hiperrentabilidad para los mayores y una franja significativa de medianos productores. Se propuso entonces incentivos diferenciales con niveles de retención inferiores a los de soja y girasol para la producción de trigo y maíz.
A partir de la puesta en vigencia de la Resolución 125/08 del PEN, se creó un mecanismo de retenciones móviles. Su propósito: tratar de que el precio neto del exportador continuara igual -o lo más próximo posible- aunque internacionalmente la cotización por la movilidad de los mercados fluctúe hacia abajo o hacia arriba intempestivamente. Su fin: evitar el traslado del alza de los precios internacionales a los valores cotidianos de la mesa familiar, y por ende, proteger a las clases sociales de menores recursos económicos; detener la suba sostenida de los precios en productos alimentarios, sobre todo en aquellos de la mesa de los argentinos.
La medida valiente, correcta, tuvo un aspecto débil en su diagnóstico social y en su implementación política. En ambos sentidos se dirigió a un sujeto compacto sin deslindar entre los distintos actores agrarios, que hemos enunciado más arriba, ni dar cuenta de las diferencias regionales, ni atender suficientemente las que determina el tipo de producción. Esa indiferenciación hizo posible que se constituyera de inmediato un sujeto inédito por su composición actual, denominado “el campo”. En cuanto a la implementación política, creo que era no solo posible sino indispensable haber solucionado los problemas de sectores como los lecheros, los productores de cítricos del noroeste o de manzanas del Alto Valle, para dar solo algunos ejemplos, sumándolos así al bloque nacional popular, así como reconocer claramente las zonas no sojeras y sus productos.
Creo que muchos actores se sintieron no reconocidos por la Resolución 125 ( además de, en muchos casos, advertirse damnificados) y encontraron en “el campo” y “el gobierno” enunciados en los cuales unir circunstancialmente irreductibles diferencias. Así fue posible que la derecha- esa complejidad articulada por la convicción antipolítico, el antoperonismo demodé, la insolidaridad y hasta el racismo- diera un verdadero golpe discursivo que tuvo en vilo al país. Cuando, la Presidenta convocó al pueblo, apeló a la unidad de los argentinos, explicó las diferencias, marcó el terreno dejando de este lado a los pobres, a los medianos y a quienes quisieran ser solidarios, ya no se trataba de construir una identidad previa a la Resolución, sino que tenía la tremenda tarea de disolver una identidad que se había constituido mediante una de las peores alianzas de la historia argentina.
¿QUÉ PASO ENTONCES?
Las entidades del agro nucleadas en la Sociedad Rural Argentina (SAA), las Confederacines Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (Coninagro), respondieron con un brutal lockout agropecuario para repudiar la suba de retenciones a la soja y el girasol. Los dirigentes rurales criticaron duramente al Gobierno reclamando que se modificara la política agropecuaria y aseverando que se trataba de una medida de corte fiscalista, recaudatorio y autoritario. La clase media rural se transformó en vanguardia de la derecha, en tanto detrás se aposentaban cómodamente los grandes capitalistas agrarios. Productores rurales copiaron la táctica de los “piqueteros”, colocándose en su lugar de sujeto sometido y atacado; avanzaron con sus tractores y “cuatro por cuatro”, cortaron rutas e hicieron sentir el peso del bloque que integraron, sobre factores poderosos de la vida de la población, como la alimentación, la circulación y la opinión pública. Hicieron uso de recursos incomparables con los que cuentan las organizaciones sociales. Los cortadores de ruta de estas últimas constituyen agrupamientos recientes que asoman la cabeza desde el más profundo fondo de miseria que se haya conocido en el país, en tanto los “del campo” tienen detrás a quienes han acumulado poder durante los últimos doscientos años y se acoplaron a un lockout agropecuario que intentó no sólo la distorsión de los fundamentos de las retenciones sino además la desestabilización de la institucionalidad de la Nación (como cada vez que se rozó la renta agraria [1]) con el objetivo de evitar la redistribución de las rentas extraordinarias del sector.
Representantes políticos de la oposición y de las cuatro entidades agropecuarias, se lanzaron a la construcción discursiva en el imaginario social, para afirmar que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no eran de su competencia y que caían en la inconstitucionalidad. El debate se centró en que si las retenciones son impuestos o no; si el gobierno tiene facultades para establecerlas si su piso es el que determina la Constitución Nacional (CN).
“ATRIBUCIONES LEGITIMAS QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL”
Tal como se cita en el mensaje del Poder Ejecutivo Nº 0941, la Res. 125/08 encuentra sus fundamentos constitucionales y legales en los art. 4º, 75 inc. 1º y 99 inc. 1º y 2º de la Constitución Nacional, art. 755 ap. 1 inc. c y ap. 2 inc. a, b, c y d del Código Aduanero y en los Decretos nº 2752/91 y 2275/94. Veamos que nos dice cada una de estas normas citadas:
El art. 4º de la Constitución Nacional habla de los recursos del Estado nacional, y menciona entre ellos a los derechos de importación y exportación. Las llamadas retenciones no son otra cosa que derechos de exportación. En concordancia el art. 9º de la CN establece que las únicas aduanas que habrá en el territorio son nacionales, y el art. 126 de la CN prohíbe a las provincias establecer aduanas propias.
El art. 75 de la Constitución Nacional se refiere a las atribuciones del Congreso de la Nación. El inc. 1º establece que a este corresponde la legislación en materia aduanera y de derechos de exportación e importación que además, deben ser uniformes en toda la Nación. El Código Aduanero (sancionado en 1981, pero válido, en tanto y en cuanto las autoridades constitucionales así lo han reconocido desde 1983) faculta al PEN a gravar, desgravar y modificar los derechos de exportación.
El art. 99 de la Constitución Nacional define las atribuciones del presidente de la Nación, entre ellas, el Inc. 1º dice que es responsable de la administración general del país, y el inc. 2º que es quien expide todos los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cosa que, en el caso, ha hecho, a través de la Res. 125/08 en aplicación de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
Los derechos de exportación e importación, no son recursos coparticipables, así surge de los artículos citados y del Inc. 2º del art. 75 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso de la Nación podrá imponer impuestos (la constitución dice contribuciones pero técnicamente corresponde hablar de impuestos) indirectos y directos (estos últimas sujetos a condiciones) siendo coparticipables solamente las contribuciones (impuestos) previstas en este Inciso 2º.
Al respecto Néstor Pedro Sagúes dice, al referirse a los derechos de exportación e importación: “La Corte Suprema ha apuntado que son los únicos otorgados con exclusividad a la Federación y que ello importa una concesión de carácter limitado y estricto. El propósito de esta norma fue, además de nutrir de recursos a la Nación, impedir que las provincias pudiesen crear barreras aduaneras que dificultasen la integración del país y la circulación de bienes dentro de él (Alberdi)” [3]. Ahora bien, el Código Aduanero, en lo que aquí interesa, dispone:
ARTICULO 755. – 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:...
c) modificar el derecho de exportación establecido.
2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades:
a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional;
b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior;
c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales;
d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
Es decir, desde la sanción del Código Aduanero (año 1981) estaba perfectamente habilitado el Presidente de la Nación para establecer los derechos de exportación (retenciones) que han desatado el brutal lockout agropecuario a que se ve sometida no la actual presidenta, sino toda la sociedad.
Sin embargo, se dirá, que éstas no fueron establecidas por un decreto de la Presidenta sino por resolución del Ministerio de Economía. Ello es así, por cuanto por el art. 1º del Decreto Nº 2752/91 se delegaron en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (hoy Ministerio de Economía) las facultades conferidas por el art. 755 del Código Aduanero.
Por último, el Decreto Nº 2275/94 aprueba la nomenclatura del MERCOSUR en el orden nacional.
Entonces, no cabe discusión alguna, y es falaz el argumento de que no se encontraba el Poder Ejecutivo habilitado para el dictado de la Resolución en debate.
Ahora bien, podría cuestionarse la legitimidad del Código Aduanero dictado durante la última Dictadura. La Corte Suprema de la Nación ha sostenido al respecto, que las normas dictadas en aquellos períodos dictatoriales subsisten hasta tanto los gobiernos constitucionales las reconozcan explícita o implícitamente. La Corte ha adoptado este criterio entendiendo que el desconocimiento in totum de estas normas resultaría caótico puesto que anularía el universo íntegro de las relaciones jurídicas nacidas durante ese tiempo al amparo necesario de esas normas. [4] No debemos olvidar, que los gobiernos dictatoriales que se sucedieron a lo largo del siglo XX dictaron profusa legislación, llegando incluso a modificar la Constitución Nacional. También debe recordarse que la única ocasión en la cual un gobierno constitucional revisó los decretos de la dictadura que le precedió (entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946), fue cuando el Presidente Gral. Juan Domingo Perón envió al Congreso de la Nación la iniciativa de esa revisión, revocando o convirtiendo en leyes de base constitucional, cada caso.
Pero en lo que hace al Código Aduanero en particular, el Congreso de la Nación sí ha intervenido sancionando numerosas leyes modificatorias o complementarias de éste.
En cuanto a los fundamentos económicos de la medida.
El propósito del régimen de contribuciones programado por la Constitución Nacional es, desde luego, proveer los recursos al Estado, pero opera también como un instrumento de regulación de la vida económica, que, como dijo la Corte Suprema, a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida que corresponde a las exigencias del bienestar general, cuya satisfacción ha sido prevista en la Constitución Nacional como uno de los objetos del poder impositivo (Montarce fallos 289:443). En otros pronunciamientos, la Corte ha destacado como objetivo del impuesto, además de los puntualizados, impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas productivas.
En este punto, resulta necesario conocer si realmente el agro tiene una rentabilidad extraordinaria y en su caso cómo se explica esto.
Las hiperganancias del grueso del sector agrícola en la post convertibilidad tienen dos pilares: las mejoras de los precios internacionales y la reducción de los costos de producción local expresados en dólares. Desde el punto de vista de los ingresos no hay mayor misterio: el dinamismo de la demanda mundial empujó el precio internacional de la soja, el girasol y el trigo a sus niveles más altos de los últimos 25 años, y en el caso del maíz de los últimos 12 años. Esta tendencia se agudizó todavía más desde 2006. Y en el actual contexto de inestabilidad financiera mundial también interviene otro componente: las presiones especulativas sobre los precios de las commodities.
Sin embargo, esta rentabilidad no es sólo producto de la favorable situación internacional. La adopción de un tipo de cambio competitivo (dólar caro) ha sido una herramienta de política económica sostenida por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, contrapuesta a la “convertibilidad” de la década del 90. Para ello, el Estado interviene activamente en el mercado, comprando dólares cuando así resulta necesario para sostener el precio alto del mismo, y esto se hace con el esfuerzo de todos los argentinos y no solamente del sector exportador que es quien más se ve beneficiado con estas políticas.
El campo es sin duda, un sector importante de la economía nacional, pero conviene, para ser precisos, dimensionar en su verdadera magnitud esa importancia:
Un primer punto llamativo acerca de la presunta importancia económica del campo, es que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Es más, el crecimiento de la producción del sector ascendió sólo el 3% del aumento total del PBI en los últimos cinco años. Tampoco su peso en el empleo es muy significativo: incluso si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponde al sector. En cambio, como a lo largo de toda la historia argentina, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de que dispones el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando tanto las correspondientes a productos primarios como las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por su parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de los trabajadores (bienes-salario) de la economía argentina. Los alimentos y bebidas constituyen el 31.3% de la canasta de consumo de la población y un porcentaje aún mayor para los hogares más pobres (46,6% en el primer quintil de ingresos). Las variaciones en sus precios tienen, por lo tanto una influencia fundamental en la evolución de los salarios reales” .
Sí como en la década del 90, se dejara librada a la regulación del mercado la economía nacional, esta falta de intervención del Estado repercutiría de manera desastrosa en los bolsillos de las clases media y baja, tentando a los productores agropecuarios a exportar la totalidad de su producción, o a venderla en el mercado interno a los mismos precios del mercado externo.
Por último, recordemos que, mientras que el precio de los productos industriales tiene dos componentes: costo y ganancia, el precio de los productos agrarios tiene tres: costo, ganancia y renta del suelo, que en el caso de la pampa húmeda, reúne condiciones excepcionales. Y que el tipo de acumulación que queremos generar tiene tres componentes: Potencial de recursos naturales +trabajo +justa distribución.
David Ricardo, fundador de la escuela clásica o Alfred Marshall, fundador de la escuela neoclásica señalaron que en la producción agrícola existe una diferencia sustancial: como la actividad se asiente sobre determinadas circunstancias climáticas y de fertilidad del suelo, a diferencia de otras ramas, ningún inversor puede reproducir esas mismas condiciones naturales, por más que hacerlo represente un excelente negocio .
Por último, sin retención de la renta extraordinaria de los sectores más ricos no hay posibilidad alguna de redistribuir riqueza que es más justicia social y más educación para el conjunto del pueblo argentino.
ANTIGUO DEBATE DE MODELOS ENFRENTADOS
Hay otro argumento de la oposición que quiero discutir. Se trata de la repentina defensa del federalismo sostenida insistentemente por representantes del más resistente poder unitario, y de esas expresiones de la centroizquierda que se han alineado con la oligarquía en los momentos cruciales de la historia argentina. Estas últimas proponen caminos sin salida.
Pero más me preocupa que hay unitarios que se vuelven federales en la hora neoliberal. Unitarios del Puerto y unitarios de sus provincias, socios portuarios, que defienden sus intereses particulares a costa de la Nación. Federalismo neoliberal, que adopta la idea de descentralización para evadir al Estado cuando cobra impuestos, cuando impone medidas que regulan la producción a favor de los sectores populares, cuando el Estado lo hace en resguardo de la diversidad del sistema productivo argentino.
Es característico del discurso político llenar de contenidos a los términos de acuerdo a la configuración de la cual forman parte. Pero es obligación de políticos, no sólo de intelectuales, reconstruir las categorías que se usan, máxime en una época en la cual el pasaje de la verbalización hecha por personalidades públicas al lenguaje de la calle es instantánea. Ayuda a aquella tarea la reflexión histórica.
Mariano Moreno escribió la “Representación de los Hacendados” porque había descubierto el antagonismo sobre el cual se estaba fundando el país: la distribución de la renta agraria, que no es otra cosa que la discusión por el modelo de desarrollo económico-social que es tan vieja como el país y completamente actual. Gervasio José de ARTIGAS sancionó en 1815 el Código agrario que otorgaba el principal derecho sobre las tierras a los indios y los pobres del campo, introduciendo relaciones capitalistas en la vida del gaucho errante. Las relaciones sociales y productivas que pretendió reglar eran muy simples, comparadas con el “entramado agro- comercial-industrial” que hoy defiende el federalismo neoliberal. Pero no tuvo tras sí la suficiente fuerza social y política como para que su política tuviera sostén y no fuera liquidada por la fuerza concentradora del poder agrario- portuario.
Repasemos nuevamente la base histórica de la propiedad agraria argentina: se asociaron los sectores de la burguesía comercial con los dueños de la tierra —en su mayoría apropiada por la fuerza a los pueblos originarios que eran los legítimos dueños— actuando como instrumentos del capitalismo europeo que sangraba a las colonias. Luego de acaparar el poder político, se consolidaron los grandes latifundios y se impuso un modelo de libre cambio a la invasión de las mercancías británicas que imposibilitó el desarrollo incipiente de una industria nacional.
La célebre polémica entre Alberdi y Sarmiento acerca de cómo debía organizarse y sostenerse el Estado nacional y el proyecto de desarrollo, contiene gran parte de la discusión que hoy todavía nos convoca: es acerca de las aduanas y la renta por exportación, entre otras cuestiones. En tal contexto, Sarmiento formuló una propuesta sobre lo que debe decretarse en la materia:
Sobrecoge y agobia el ánimo la gravedad de las materias en que tiene de entender el Congreso, después de despejar el ho¬rizonte de todas esas interminables cuestiones con las naciones extranjeras o los Estados vecinos. [….] Supresión de las Aduanas interiores que aniquilan el comercio y creación de un nuevo sistema general en las fronteras y puertos. - Destinación de las rentas nacio¬nales a objetos comunes. - Constitución del poder general con arreglo a las necesidades del país y a sus usos y costumbres. […].
El “debate de las carnes” que se produjo en 1935 en el Senado de la Nación, protagonizado por Lisandro de la Torre y que costó la vida al senador Enzo Bordabehere, no logró modificar la entrega de nuestra economía sellada por el Pacto Roca- Rucinman.. Se probaron en la discusión fraudes de los frigoríficos, abusos en contra de los ganaderos, evasiones fiscales y prácticas monopólicos. [12] A diferencia de algunos dirigentes de la actualidad, De la Torre entendía la defensa de los valores republicanos en el marco de la defensa de los intereses del conjunto del pueblo en contraposición a los grandes capitales agro exportadores que se apropiaban de la renta extraordinaria obtenida mediante el esfuerzo de los trabajadores rurales, explotados entonces y ahora, y consideraba imprescindible la intervención del Estado para controlar y regular las exportaciones. En tal sentido, afirmaba la:
[…] participación de los obreros en las utilidades de las fábricas, limitación de las grandes ganancias y de las grandes fortunas, pensiones a la vejez, seguro de desocupación y otros puntos semejantes. No caben ya equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía.[...].La postura del senador De la Torre fue casi heroica ideológica y políticamente pero careció del respaldo político de una fuerza nacional popular, única conformación capaz de sostener la independencia económica del país.
Distinto ha sido el hecho de la creación del IAPI, que precisamente llegó a instituirse por la potencia y unidad de conducción del gobierno peronista y fue necesario un golpe de Estado para destruir la política en que el control de las exportaciones agrícolas se inscribía [i] [13].
Vacas o soja, la Argentina, pese a las condiciones privilegiadas de su pampa húmeda, de la variedad de recursos naturales y la particularidad de tener una escasa población a la cual alimentar, nunca sorteó totalmente el peligro de la monoproducción que enferma a tantos los países latinoamericanos. Esta es la cuestión de fondo, que se anticipa a las transformaciones de los actores, a su relación con los distintos tipos de tecnología, a sus distintas vinculaciones y la variación, siempre temporaria de los precios de los commodities en los mercados nacional e internacional.
No registrar la permanencia del antagonismo sirve para ocultarlo; no darse cuenta de los cambios en los aspectos enunciados, es quedarse encerrados en la simplicidad de la consigna “Patria-colonia”. En ambos casos se aumentan las dificultades para la generar la estrategia pertinente, que permita sumar sectores al bloque popular y desnudar ante la calle, los medios y los votantes, los más crudos intereses del capitalismo salvaje. Con un agregado: este capitalismo neoliberal encajó justo en el liberalismo económico y el conservadurismo político de la clase alta y la clase media alta argentinas. Un problema no menor que debemos considerar es la eficacia que ha tenido una cultura mediática socialmente irresponsable, la degradación del mensaje político de una parte de la oposición producto de su lamentable deslizamiento de partidos y dirigentes desde posturas de centroizquierda hacia alianzas ideológicas y políticas con la derecha.
En la sociedad existen muchas inconformidades distintas, más aún cuando lo que se violentó fue mucho, en las décadas anteriores. Pero el clima de inconformidad se produce cuando las demandas de diverso tipo y tamaño se articulan. En ese momento la solución de cada una se complica por su ligazón con el conjunto, al mismo tiempo que resulta difícil de destrabar aquello que ha encontrado compañía en la disolución dentro de un lema compartido, aunque externo a su demanda específica. La pérdida de actualidad del lema liberaría las múltiples demandas dejando a cada uno con su tema o frente a su problema. El poder lo tiene quien condujo, consciente o inconscientemente, la conformación del lema. Nuestro problema es que el gobierno no alcanzó a dirigir el proceso de condensación de demandas (tampoco la oposición partidista, que recoge beneficios de un proceso del cual ha sido beneficiada casi de regalo), sino que pudo organizarse un centro de atracción la derecha neoliberal, conservador, para distintos y grandes sectores. Contó o cuenta con bases que pueden ser cada vez más orgánicas, sindicatos, adherentes caceroleros (una estética), medios de comunicación poderosos, sus juristas, sus intelectuales y una base endeble y dividida de partidos políticos. Más allá de la subsistencia que tenga ese bloque en la situación actual, importa ser muy conscientes de la permanente potencialidad de su rápida y peligrosa conformación.
RETENCIONES PARA RETENER
Artigas acompañó la reforma agraria con una campaña alfabetizadora apoyada en los más modernos métodos de la época porque había comprendido que una misma lógica política, que un mismo sistema de valores, emparenta la distribución justa de la tierra y sus productos con la distribución de la cultura.
Quienes levantan la figura del liberal Sarmiento deberían recordar que, cuando tuvo que gobernar, el mismo hombre defendió la necesidad de crear una aduana nacional que pudiera recaudar rentas nacionales que administrara el Poder Ejecutivo. A su vez, estaba convencido que el desarrollo del país sólo era posible mediante la extensión de la educación común, y ésta estaba directamente vinculada a una política agraria de distribución de la tierra y desarrollo de colonias agrícolas, tal como lo demostró la experiencia que impulsó en Chivilcoy, [14] provincia de Buenos Aires. En esa misma obra,
Ambos, Artigas y Sarmiento, dos tradiciones e identidades enfrentadas, entendieron la íntima relación entre la educación, el desarrollo agrario y la distribución de la tierra, aunque el primero se apoyó en el protagonismo del pueblo rioplatense y el segundo aportó al crecimiento basado en la incorporación de la argentina al mercado mundial sobre un modelo agro exportador que favorecía principalmente el comercio con Inglaterra y dejaba afuera a los sectores populares.
La vinculación entre el modelo de país y el tipo de sistema educativo ha estado instalada desde el comienzo de nuestra historia. Me remito a la opinión del economista Aldo Ferrer cuando sostiene que en el debate sobre las retenciones está implícito “un problema previo muy importante, que es el de la estructura productiva”, para reafirmar que las estrategias que se proponen para solucionar la cuestión educativa están comprometidas con la política que impulsa “una estructura integrada y diversificada, que incorpore los diversos segmentos de una nación moderna” o un sistema poco diversificado sin “capacidad de incorporar el conocimiento y gestionarlo”, incapaz de “producir desarrollo en las condiciones contemporáneas” [15]
En nuestra historia, pese a numerosos proyectos, debates parlamentarios y políticas de gobiernos, el clasicismo, el excesivo profesionalismo y la exclusión del trabajo productivo han sido los sellos dominantes en la educación de los argentinos. Entre las voces más relevantes que visualizaron a la educación como un factor interno de las estrategias nacionales de desarrollo autónomo mencionaré la polémica entre el diputado conservador Alejandro Carbó y el Ministro de Instrucción Pública de Julio A. Roca, en 1901. Carbó defendía una educación secundaria clásica, al estilo mitrista, en tanto Magnasco valoraba en su proyecto la sintonía de ese nivel escolar con la producción nacional: "educación de agricultores y ganaderos o si fuera un país de industrias, educación de técnicos y empresarios" [16].
La educación para el trabajo en el campo ha avanzado según los ritmos y orientaciones de las políticas económicas y sociales. Las concepciones político educativas muestran especial sensibilidad respecto a las concepciones sobre el mercado de trabajo, los nichos productivos, la preeminencia de un tipo u otro de producto en el marcado internacional. Entre los grandes propietarios del campo argentino ha predominado la opción por mandar a sus hijos a los colegios nacionales y llegar al peón con educación primaria; seleccionar producciones que requieren alta tecnología y baja mano de obra capacitada.
Pero desde mediados del siglo pasado, luchan por su protagonismo modalidades de la educación secundaria y superior que alcancen a la población rural en sus lugares de residencia o cercanos a ellos, combatiendo el desarraigo y vinculando la enseñanza- aprendizaje directamente con el trabajo. Existen en el país secundarias aerotécnicas y una serie de otras variantes que se multiplican en las provincias y que requieren ser apoyadas. Hay importantes facultades e institutos superiores agrotécnicos.
El incremento de la capacidad de producción de los jóvenes debe ser considerada prioritaria. Pero para ello es necesario superar la incoherencia de reclamar escuelas rurales, secundarias agrotécnicas e instituciones de estudios superiores en la zona de residencia, gratuita, y al mismo tiempo negarse a entregar al Estado que debe proporcionar ese servicio, una parte de sus ganancias.
La Ley de Educación Nacional No. 26.206/06 introduce por primera vez la educación para el trabajo como central de la estrategia pedagógica de todo el sistema y otorga especial importancia a la educación agrotécnica, otorgando al Estado la principal responsabilidad de su financiamiento, provisión y supervisión.
En la fundamentación de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires No.13.688/07, se recalca la importancia de la “formación del ciudadano, otorgándole las condiciones para continuar aprendiendo de manera que el trabajador posea saberes socialmente productivos que le permitan adaptarse a las cambiantes condiciones tecnológicas y productivas, cuente con los fundamentos necesarios para su permanente perfeccionamiento y la vincule a una concepción de protección y preservación de la base natural de toda actividad productiva sin las cuales aquella deviene insustentable. La Educación Agropecuaria, Minera e Industrial y la Formación Profesional se incluyen como capítulo de la presente Ley, evitando que existan circuitos de distinta calificación social destinados a sectores sociales diferentes y manteniendo estas modalidades educativas bajo la órbita excluyente de la planificación educativa provincial y nacional”.
Dicha Ley establece un papel fuerte para el Estado en relación a la educación agrotécnica y a su gratuidad, en tanto bien social. En ese sentido presenté un proyecto de Ley que proponía una modificación del destino de los fondos provenientes de las retenciones móviles, utilizando un 5% para escuelas agrotécnicas e instituciones de educación superior de estudios agrarios.
Es indispensable encarar una difícil tarea que consiste en promover un cambio que debe reorientar la cultura productiva de las jóvenes generaciones que trabajan el campo argentino en toda su extensión. La profunda penetración de los valores neoliberales atenta contra la posibilidad de su propio progreso en términos de arraigo, de acumulación de capital con perspectivas de reinversión en el espectro agroindustrial e industrial argentino, de contribución conscientemente solidaria al bien común.
La Ley de retenciones móviles establece una política que va más allá de las interpretaciones a las cuales son susceptibles las medidas específicas que contiene. Votemos teniendo en cuenta cuál es el problema fundamental que enfrenta, sabiendo que no es posible abordarlo sin conflictos y trabajemos para que las dificultades entre los sectores se ordenen en base a las diferencias reales, en las series que les son estratégicamente afines, y apliquemos la fuerza de los votos a quienes se negarán siempre a compartir la riqueza que acumulan usando los bienes y el esfuerzo de todos los argentinos.
Sesión plenaria 4 de julio de 2008
Esta inserción extiende y detalla los sentidos centrales de la exposición preparada por la Diputada Adriana Puiggrós para pronunciar en el recinto en la sesión plenaria del 4 de julio de 2008, y que no alcanzó a ser pronunciada por haberse acordado entre los bloques parlamentarios el cierre de las exposiciones unos minutos antes.
Sr. Presidente:
Son las doce del mediodía y hemos estado trabajando desde ayer por la tarde. Pero mucha gente está de vigilia esperando el resultado de nuestra discusión. Casi dos mil intelectuales han firmado varias cartas de apoyo a la política de las retenciones móviles y sostienen la pertinencia de la política de derechos humanos y de defensa de ambos gobiernos. Es un hecho inédito en la historia argentina ese compromiso masivo de filósofos, científicos sociales, comunicadores, psicoanalistas, educadores y gente del arte. El agrupamiento autoconvocado “Carta Abierta” lo hace sin ningún compromiso y habiendo analizado profundamente los fundamentos teóricos y políticos que sostienen las medidas.
Sr. Presidente:
Están los trabajadores rurales cuyos salarios apenas si arañan la canasta básica; están los productores de manzanas del Alto Valle, los productores de cítricos del Noroeste, los vitivinicultores, los lecheros. Están también esos jóvenes que aprendieron los saberes agrícolas en el campo arrendado de sus padres, en la escuela aerotécnica o en las facultades de agronomía y que han sido atravesados por la mentalidad neoliberal, que son muy distintos de los “farmers”, y han crecido en las épocas de la bicicleta financiera y del la convertibilidad, en una cultura de la especulación. Pero es necesario convencerlos para que constituyan una burguesía agraria que soñamos aliada a sectores medios urbanos con mentalidad solidaria, nacional, que hoy está lejos de existir, pero que es indispensable para que la fuerza progresista -en un sentido nacional y popular que representa este gobierno- se torne consistente, sustentable y profunda su presencia en el poder de este país.
El proyecto de Ley que convalida la Resolución 125 la mejora enormente pues incluye a los sectores escasamente advertidos por aquélla. Pero ha comenzado un tiempo en el cual la mayoría parlamentaria que logramos en Diputados y lograremos con seguridad en el Senado, debe pasar de ser la mayoría de un bloque parlamentario a engrosar un bloque histórico capaz de operar las transformaciones que nuestro país requiere.
LA DISCUSIÓN POR LA RENTA de la TIERRA ES CRUCIAL E HISTÓRICA
Una catarata de criticas y tergiversación de sentidos se escucharon desde los diversos sectores agropecuarios, y de parte de la oposición, cuando el 11 de marzo de 2008 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), decidió aplicar retenciones móviles a las exportaciones de granos. Con total claridad se escuchó a representantes de bloques minoritarios, en esta Cámara, acusar al Gobierno de atacar “al entramado agro- comercial-industrial”, es decir esa alianza económica que pretende apropiarse del excedente de la riqueza de todos los argentinos. Desde la famosa “Representación de los hacendados”, de Mariano Moreno, el destino del país se ha jugado numerosas veces en la misma discusión. Para algunos diputados que dicen no saber ya qué se discute, vamos a recordar, que lo que está en debate es un aspecto de la distribución de la potencial riqueza de todos los argentinos. Una medida concreta y limitada en el tiempo, como es la Resolución 125 nos embarca en una confrontación de opiniones que lo es de intereses fundamentales que rebasan en mucho esta circunstancia: la Presidenta ha tocado el núcleo de la cuestión argentina.
Esa cuestión encierra la paradoja crucial de nuestra sociedad: qué hacer con la potencial capacidad de generar excedente a partir de la explotación de sus dotaciones naturales, cómo vincularse tecnológicamente con la naturaleza para convertirla en riqueza, cómo repartir las valoraciones entre el trabajo y el capital que se asocian y en consecuencia qué le toca a cada cual.
Ese excedente es producto del trabajo de todos, porque no hay riqueza sin trabajo, sólo que la propiedad y el trabajo cobran valor diferente de acuerdo a los objetivos que los ordenen. En ese sentido disiento con quienes en esta discusión nos solicitan a hombres y mujeres “un poco de caballerosidad” para facilitar la disolución de eso que atribuyen a “ideologías irreductibles”: no se trata de maneras irreductibles de valorar la realidad sino de objetivas, profundas diferencias sociales que dividen a los argentinos. Tan concretas como la diferencia entre el peón de campo cuyo salario araña con dificultad la canasta básica, el pequeño productor que le saca con sus manos el jugo a su pedazo de tierra, el productor que la pegó con los precios internacionales del mercado de granos y juntó un nada desdeñable capital y los grandes propietarios, pooles, y transnacionales, cuya compleja composición abarca desde los herederos de la vieja oligarquía hasta los jugadores en el mercado especulativo, devenidos en inversores del impredecible mercado alimentario.
Los mismos opinantes sostienen que no existen las diferencias, señalan de manera acusatoria a quienes decimos, hay diferencias que son desigualdades, injusticias y acusan a nuestro gobierno de generar discursivamente los antagonismos, de inventar diferencias con la oposición, de fantasear con la existencia de intereses confrontados. Todo ello es un artificio elaborado para enmascarar la acumulación excesiva de riqueza, la insolidaridad social, el egoísmo de ese 20% que concentra el 80% de la renta agraria argentina. Su objetivo es la pura acumulación, el enriquecimiento, muy concretamente distinto del de aquellos cuya meta es arribar a un nivel digno de subsistencia.
En el mundo se observa no sólo crisis de energía y de ambiente. Está la otra crisis que preocupa a las naciones tanto o más que éstas: la crisis de alimentos, y en el último año la inflación en este rubro se duplicó. En la toma de decisiones del PEN primó la necesidad de llevar a la práctica una política pública de redistribución de las riquezas, tan necesaria en este proceso histórico de la Argentina, en donde lo que hace falta es profundizar el modelo económico social, puesto en práctica desde mayo de 2003. En este sentido es que además de implementar la resolución 125 del PEN se anunciaron herramientas tendientes al incentivo de otras producciones.
La decisión del PEN se basó en la modificación de los niveles de retenciones a las exportaciones de maíz, trigo, girasol y soja, con clara intención de eliminar las diferencias de precios que mantuvieron éstos desde diciembre de 2007 y retrotraerlos a ese mes. El Ministerio de Economía aumentó los derechos que tiene el Estado sobre la exportación. El de la soja pasó del 35% por ciento al 44,1. El del girasol a 39,1 por ciento y bajó el derecho de retenciones del maíz (en 0,8 puntos) y del trigo. (0,9 por ciento).
El otro aspecto que se debe tener en cuenta en este conflicto es el fenómeno de la sojización del campo argentino por la alta rentabilidad coyuntural del producto, dada la incorporación al mercado internacional de granos de grandes poblaciones antes marginadas. La constante rentabilidad del campo argentino se tornó hiperrentabilidad para los mayores y una franja significativa de medianos productores. Se propuso entonces incentivos diferenciales con niveles de retención inferiores a los de soja y girasol para la producción de trigo y maíz.
A partir de la puesta en vigencia de la Resolución 125/08 del PEN, se creó un mecanismo de retenciones móviles. Su propósito: tratar de que el precio neto del exportador continuara igual -o lo más próximo posible- aunque internacionalmente la cotización por la movilidad de los mercados fluctúe hacia abajo o hacia arriba intempestivamente. Su fin: evitar el traslado del alza de los precios internacionales a los valores cotidianos de la mesa familiar, y por ende, proteger a las clases sociales de menores recursos económicos; detener la suba sostenida de los precios en productos alimentarios, sobre todo en aquellos de la mesa de los argentinos.
La medida valiente, correcta, tuvo un aspecto débil en su diagnóstico social y en su implementación política. En ambos sentidos se dirigió a un sujeto compacto sin deslindar entre los distintos actores agrarios, que hemos enunciado más arriba, ni dar cuenta de las diferencias regionales, ni atender suficientemente las que determina el tipo de producción. Esa indiferenciación hizo posible que se constituyera de inmediato un sujeto inédito por su composición actual, denominado “el campo”. En cuanto a la implementación política, creo que era no solo posible sino indispensable haber solucionado los problemas de sectores como los lecheros, los productores de cítricos del noroeste o de manzanas del Alto Valle, para dar solo algunos ejemplos, sumándolos así al bloque nacional popular, así como reconocer claramente las zonas no sojeras y sus productos.
Creo que muchos actores se sintieron no reconocidos por la Resolución 125 ( además de, en muchos casos, advertirse damnificados) y encontraron en “el campo” y “el gobierno” enunciados en los cuales unir circunstancialmente irreductibles diferencias. Así fue posible que la derecha- esa complejidad articulada por la convicción antipolítico, el antoperonismo demodé, la insolidaridad y hasta el racismo- diera un verdadero golpe discursivo que tuvo en vilo al país. Cuando, la Presidenta convocó al pueblo, apeló a la unidad de los argentinos, explicó las diferencias, marcó el terreno dejando de este lado a los pobres, a los medianos y a quienes quisieran ser solidarios, ya no se trataba de construir una identidad previa a la Resolución, sino que tenía la tremenda tarea de disolver una identidad que se había constituido mediante una de las peores alianzas de la historia argentina.
¿QUÉ PASO ENTONCES?
Las entidades del agro nucleadas en la Sociedad Rural Argentina (SAA), las Confederacines Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (Coninagro), respondieron con un brutal lockout agropecuario para repudiar la suba de retenciones a la soja y el girasol. Los dirigentes rurales criticaron duramente al Gobierno reclamando que se modificara la política agropecuaria y aseverando que se trataba de una medida de corte fiscalista, recaudatorio y autoritario. La clase media rural se transformó en vanguardia de la derecha, en tanto detrás se aposentaban cómodamente los grandes capitalistas agrarios. Productores rurales copiaron la táctica de los “piqueteros”, colocándose en su lugar de sujeto sometido y atacado; avanzaron con sus tractores y “cuatro por cuatro”, cortaron rutas e hicieron sentir el peso del bloque que integraron, sobre factores poderosos de la vida de la población, como la alimentación, la circulación y la opinión pública. Hicieron uso de recursos incomparables con los que cuentan las organizaciones sociales. Los cortadores de ruta de estas últimas constituyen agrupamientos recientes que asoman la cabeza desde el más profundo fondo de miseria que se haya conocido en el país, en tanto los “del campo” tienen detrás a quienes han acumulado poder durante los últimos doscientos años y se acoplaron a un lockout agropecuario que intentó no sólo la distorsión de los fundamentos de las retenciones sino además la desestabilización de la institucionalidad de la Nación (como cada vez que se rozó la renta agraria [1]) con el objetivo de evitar la redistribución de las rentas extraordinarias del sector.
Representantes políticos de la oposición y de las cuatro entidades agropecuarias, se lanzaron a la construcción discursiva en el imaginario social, para afirmar que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no eran de su competencia y que caían en la inconstitucionalidad. El debate se centró en que si las retenciones son impuestos o no; si el gobierno tiene facultades para establecerlas si su piso es el que determina la Constitución Nacional (CN).
“ATRIBUCIONES LEGITIMAS QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL”
Tal como se cita en el mensaje del Poder Ejecutivo Nº 0941, la Res. 125/08 encuentra sus fundamentos constitucionales y legales en los art. 4º, 75 inc. 1º y 99 inc. 1º y 2º de la Constitución Nacional, art. 755 ap. 1 inc. c y ap. 2 inc. a, b, c y d del Código Aduanero y en los Decretos nº 2752/91 y 2275/94. Veamos que nos dice cada una de estas normas citadas:
El art. 4º de la Constitución Nacional habla de los recursos del Estado nacional, y menciona entre ellos a los derechos de importación y exportación. Las llamadas retenciones no son otra cosa que derechos de exportación. En concordancia el art. 9º de la CN establece que las únicas aduanas que habrá en el territorio son nacionales, y el art. 126 de la CN prohíbe a las provincias establecer aduanas propias.
El art. 75 de la Constitución Nacional se refiere a las atribuciones del Congreso de la Nación. El inc. 1º establece que a este corresponde la legislación en materia aduanera y de derechos de exportación e importación que además, deben ser uniformes en toda la Nación. El Código Aduanero (sancionado en 1981, pero válido, en tanto y en cuanto las autoridades constitucionales así lo han reconocido desde 1983) faculta al PEN a gravar, desgravar y modificar los derechos de exportación.
El art. 99 de la Constitución Nacional define las atribuciones del presidente de la Nación, entre ellas, el Inc. 1º dice que es responsable de la administración general del país, y el inc. 2º que es quien expide todos los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cosa que, en el caso, ha hecho, a través de la Res. 125/08 en aplicación de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
Los derechos de exportación e importación, no son recursos coparticipables, así surge de los artículos citados y del Inc. 2º del art. 75 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso de la Nación podrá imponer impuestos (la constitución dice contribuciones pero técnicamente corresponde hablar de impuestos) indirectos y directos (estos últimas sujetos a condiciones) siendo coparticipables solamente las contribuciones (impuestos) previstas en este Inciso 2º.
Al respecto Néstor Pedro Sagúes dice, al referirse a los derechos de exportación e importación: “La Corte Suprema ha apuntado que son los únicos otorgados con exclusividad a la Federación y que ello importa una concesión de carácter limitado y estricto. El propósito de esta norma fue, además de nutrir de recursos a la Nación, impedir que las provincias pudiesen crear barreras aduaneras que dificultasen la integración del país y la circulación de bienes dentro de él (Alberdi)” [3]. Ahora bien, el Código Aduanero, en lo que aquí interesa, dispone:
ARTICULO 755. – 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:...
c) modificar el derecho de exportación establecido.
2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades:
a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional;
b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior;
c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales;
d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
Es decir, desde la sanción del Código Aduanero (año 1981) estaba perfectamente habilitado el Presidente de la Nación para establecer los derechos de exportación (retenciones) que han desatado el brutal lockout agropecuario a que se ve sometida no la actual presidenta, sino toda la sociedad.
Sin embargo, se dirá, que éstas no fueron establecidas por un decreto de la Presidenta sino por resolución del Ministerio de Economía. Ello es así, por cuanto por el art. 1º del Decreto Nº 2752/91 se delegaron en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (hoy Ministerio de Economía) las facultades conferidas por el art. 755 del Código Aduanero.
Por último, el Decreto Nº 2275/94 aprueba la nomenclatura del MERCOSUR en el orden nacional.
Entonces, no cabe discusión alguna, y es falaz el argumento de que no se encontraba el Poder Ejecutivo habilitado para el dictado de la Resolución en debate.
Ahora bien, podría cuestionarse la legitimidad del Código Aduanero dictado durante la última Dictadura. La Corte Suprema de la Nación ha sostenido al respecto, que las normas dictadas en aquellos períodos dictatoriales subsisten hasta tanto los gobiernos constitucionales las reconozcan explícita o implícitamente. La Corte ha adoptado este criterio entendiendo que el desconocimiento in totum de estas normas resultaría caótico puesto que anularía el universo íntegro de las relaciones jurídicas nacidas durante ese tiempo al amparo necesario de esas normas. [4] No debemos olvidar, que los gobiernos dictatoriales que se sucedieron a lo largo del siglo XX dictaron profusa legislación, llegando incluso a modificar la Constitución Nacional. También debe recordarse que la única ocasión en la cual un gobierno constitucional revisó los decretos de la dictadura que le precedió (entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946), fue cuando el Presidente Gral. Juan Domingo Perón envió al Congreso de la Nación la iniciativa de esa revisión, revocando o convirtiendo en leyes de base constitucional, cada caso.
Pero en lo que hace al Código Aduanero en particular, el Congreso de la Nación sí ha intervenido sancionando numerosas leyes modificatorias o complementarias de éste.
En cuanto a los fundamentos económicos de la medida.
El propósito del régimen de contribuciones programado por la Constitución Nacional es, desde luego, proveer los recursos al Estado, pero opera también como un instrumento de regulación de la vida económica, que, como dijo la Corte Suprema, a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida que corresponde a las exigencias del bienestar general, cuya satisfacción ha sido prevista en la Constitución Nacional como uno de los objetos del poder impositivo (Montarce fallos 289:443). En otros pronunciamientos, la Corte ha destacado como objetivo del impuesto, además de los puntualizados, impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas productivas.
En este punto, resulta necesario conocer si realmente el agro tiene una rentabilidad extraordinaria y en su caso cómo se explica esto.
Las hiperganancias del grueso del sector agrícola en la post convertibilidad tienen dos pilares: las mejoras de los precios internacionales y la reducción de los costos de producción local expresados en dólares. Desde el punto de vista de los ingresos no hay mayor misterio: el dinamismo de la demanda mundial empujó el precio internacional de la soja, el girasol y el trigo a sus niveles más altos de los últimos 25 años, y en el caso del maíz de los últimos 12 años. Esta tendencia se agudizó todavía más desde 2006. Y en el actual contexto de inestabilidad financiera mundial también interviene otro componente: las presiones especulativas sobre los precios de las commodities.
Sin embargo, esta rentabilidad no es sólo producto de la favorable situación internacional. La adopción de un tipo de cambio competitivo (dólar caro) ha sido una herramienta de política económica sostenida por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, contrapuesta a la “convertibilidad” de la década del 90. Para ello, el Estado interviene activamente en el mercado, comprando dólares cuando así resulta necesario para sostener el precio alto del mismo, y esto se hace con el esfuerzo de todos los argentinos y no solamente del sector exportador que es quien más se ve beneficiado con estas políticas.
El campo es sin duda, un sector importante de la economía nacional, pero conviene, para ser precisos, dimensionar en su verdadera magnitud esa importancia:
Un primer punto llamativo acerca de la presunta importancia económica del campo, es que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Es más, el crecimiento de la producción del sector ascendió sólo el 3% del aumento total del PBI en los últimos cinco años. Tampoco su peso en el empleo es muy significativo: incluso si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponde al sector. En cambio, como a lo largo de toda la historia argentina, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de que dispones el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando tanto las correspondientes a productos primarios como las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por su parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de los trabajadores (bienes-salario) de la economía argentina. Los alimentos y bebidas constituyen el 31.3% de la canasta de consumo de la población y un porcentaje aún mayor para los hogares más pobres (46,6% en el primer quintil de ingresos). Las variaciones en sus precios tienen, por lo tanto una influencia fundamental en la evolución de los salarios reales” .
Sí como en la década del 90, se dejara librada a la regulación del mercado la economía nacional, esta falta de intervención del Estado repercutiría de manera desastrosa en los bolsillos de las clases media y baja, tentando a los productores agropecuarios a exportar la totalidad de su producción, o a venderla en el mercado interno a los mismos precios del mercado externo.
Por último, recordemos que, mientras que el precio de los productos industriales tiene dos componentes: costo y ganancia, el precio de los productos agrarios tiene tres: costo, ganancia y renta del suelo, que en el caso de la pampa húmeda, reúne condiciones excepcionales. Y que el tipo de acumulación que queremos generar tiene tres componentes: Potencial de recursos naturales +trabajo +justa distribución.
David Ricardo, fundador de la escuela clásica o Alfred Marshall, fundador de la escuela neoclásica señalaron que en la producción agrícola existe una diferencia sustancial: como la actividad se asiente sobre determinadas circunstancias climáticas y de fertilidad del suelo, a diferencia de otras ramas, ningún inversor puede reproducir esas mismas condiciones naturales, por más que hacerlo represente un excelente negocio .
Por último, sin retención de la renta extraordinaria de los sectores más ricos no hay posibilidad alguna de redistribuir riqueza que es más justicia social y más educación para el conjunto del pueblo argentino.
ANTIGUO DEBATE DE MODELOS ENFRENTADOS
Hay otro argumento de la oposición que quiero discutir. Se trata de la repentina defensa del federalismo sostenida insistentemente por representantes del más resistente poder unitario, y de esas expresiones de la centroizquierda que se han alineado con la oligarquía en los momentos cruciales de la historia argentina. Estas últimas proponen caminos sin salida.
Pero más me preocupa que hay unitarios que se vuelven federales en la hora neoliberal. Unitarios del Puerto y unitarios de sus provincias, socios portuarios, que defienden sus intereses particulares a costa de la Nación. Federalismo neoliberal, que adopta la idea de descentralización para evadir al Estado cuando cobra impuestos, cuando impone medidas que regulan la producción a favor de los sectores populares, cuando el Estado lo hace en resguardo de la diversidad del sistema productivo argentino.
Es característico del discurso político llenar de contenidos a los términos de acuerdo a la configuración de la cual forman parte. Pero es obligación de políticos, no sólo de intelectuales, reconstruir las categorías que se usan, máxime en una época en la cual el pasaje de la verbalización hecha por personalidades públicas al lenguaje de la calle es instantánea. Ayuda a aquella tarea la reflexión histórica.
Mariano Moreno escribió la “Representación de los Hacendados” porque había descubierto el antagonismo sobre el cual se estaba fundando el país: la distribución de la renta agraria, que no es otra cosa que la discusión por el modelo de desarrollo económico-social que es tan vieja como el país y completamente actual. Gervasio José de ARTIGAS sancionó en 1815 el Código agrario que otorgaba el principal derecho sobre las tierras a los indios y los pobres del campo, introduciendo relaciones capitalistas en la vida del gaucho errante. Las relaciones sociales y productivas que pretendió reglar eran muy simples, comparadas con el “entramado agro- comercial-industrial” que hoy defiende el federalismo neoliberal. Pero no tuvo tras sí la suficiente fuerza social y política como para que su política tuviera sostén y no fuera liquidada por la fuerza concentradora del poder agrario- portuario.
Repasemos nuevamente la base histórica de la propiedad agraria argentina: se asociaron los sectores de la burguesía comercial con los dueños de la tierra —en su mayoría apropiada por la fuerza a los pueblos originarios que eran los legítimos dueños— actuando como instrumentos del capitalismo europeo que sangraba a las colonias. Luego de acaparar el poder político, se consolidaron los grandes latifundios y se impuso un modelo de libre cambio a la invasión de las mercancías británicas que imposibilitó el desarrollo incipiente de una industria nacional.
La célebre polémica entre Alberdi y Sarmiento acerca de cómo debía organizarse y sostenerse el Estado nacional y el proyecto de desarrollo, contiene gran parte de la discusión que hoy todavía nos convoca: es acerca de las aduanas y la renta por exportación, entre otras cuestiones. En tal contexto, Sarmiento formuló una propuesta sobre lo que debe decretarse en la materia:
Sobrecoge y agobia el ánimo la gravedad de las materias en que tiene de entender el Congreso, después de despejar el ho¬rizonte de todas esas interminables cuestiones con las naciones extranjeras o los Estados vecinos. [….] Supresión de las Aduanas interiores que aniquilan el comercio y creación de un nuevo sistema general en las fronteras y puertos. - Destinación de las rentas nacio¬nales a objetos comunes. - Constitución del poder general con arreglo a las necesidades del país y a sus usos y costumbres. […].
El “debate de las carnes” que se produjo en 1935 en el Senado de la Nación, protagonizado por Lisandro de la Torre y que costó la vida al senador Enzo Bordabehere, no logró modificar la entrega de nuestra economía sellada por el Pacto Roca- Rucinman.. Se probaron en la discusión fraudes de los frigoríficos, abusos en contra de los ganaderos, evasiones fiscales y prácticas monopólicos. [12] A diferencia de algunos dirigentes de la actualidad, De la Torre entendía la defensa de los valores republicanos en el marco de la defensa de los intereses del conjunto del pueblo en contraposición a los grandes capitales agro exportadores que se apropiaban de la renta extraordinaria obtenida mediante el esfuerzo de los trabajadores rurales, explotados entonces y ahora, y consideraba imprescindible la intervención del Estado para controlar y regular las exportaciones. En tal sentido, afirmaba la:
[…] participación de los obreros en las utilidades de las fábricas, limitación de las grandes ganancias y de las grandes fortunas, pensiones a la vejez, seguro de desocupación y otros puntos semejantes. No caben ya equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía.[...].La postura del senador De la Torre fue casi heroica ideológica y políticamente pero careció del respaldo político de una fuerza nacional popular, única conformación capaz de sostener la independencia económica del país.
Distinto ha sido el hecho de la creación del IAPI, que precisamente llegó a instituirse por la potencia y unidad de conducción del gobierno peronista y fue necesario un golpe de Estado para destruir la política en que el control de las exportaciones agrícolas se inscribía [i] [13].
Vacas o soja, la Argentina, pese a las condiciones privilegiadas de su pampa húmeda, de la variedad de recursos naturales y la particularidad de tener una escasa población a la cual alimentar, nunca sorteó totalmente el peligro de la monoproducción que enferma a tantos los países latinoamericanos. Esta es la cuestión de fondo, que se anticipa a las transformaciones de los actores, a su relación con los distintos tipos de tecnología, a sus distintas vinculaciones y la variación, siempre temporaria de los precios de los commodities en los mercados nacional e internacional.
No registrar la permanencia del antagonismo sirve para ocultarlo; no darse cuenta de los cambios en los aspectos enunciados, es quedarse encerrados en la simplicidad de la consigna “Patria-colonia”. En ambos casos se aumentan las dificultades para la generar la estrategia pertinente, que permita sumar sectores al bloque popular y desnudar ante la calle, los medios y los votantes, los más crudos intereses del capitalismo salvaje. Con un agregado: este capitalismo neoliberal encajó justo en el liberalismo económico y el conservadurismo político de la clase alta y la clase media alta argentinas. Un problema no menor que debemos considerar es la eficacia que ha tenido una cultura mediática socialmente irresponsable, la degradación del mensaje político de una parte de la oposición producto de su lamentable deslizamiento de partidos y dirigentes desde posturas de centroizquierda hacia alianzas ideológicas y políticas con la derecha.
En la sociedad existen muchas inconformidades distintas, más aún cuando lo que se violentó fue mucho, en las décadas anteriores. Pero el clima de inconformidad se produce cuando las demandas de diverso tipo y tamaño se articulan. En ese momento la solución de cada una se complica por su ligazón con el conjunto, al mismo tiempo que resulta difícil de destrabar aquello que ha encontrado compañía en la disolución dentro de un lema compartido, aunque externo a su demanda específica. La pérdida de actualidad del lema liberaría las múltiples demandas dejando a cada uno con su tema o frente a su problema. El poder lo tiene quien condujo, consciente o inconscientemente, la conformación del lema. Nuestro problema es que el gobierno no alcanzó a dirigir el proceso de condensación de demandas (tampoco la oposición partidista, que recoge beneficios de un proceso del cual ha sido beneficiada casi de regalo), sino que pudo organizarse un centro de atracción la derecha neoliberal, conservador, para distintos y grandes sectores. Contó o cuenta con bases que pueden ser cada vez más orgánicas, sindicatos, adherentes caceroleros (una estética), medios de comunicación poderosos, sus juristas, sus intelectuales y una base endeble y dividida de partidos políticos. Más allá de la subsistencia que tenga ese bloque en la situación actual, importa ser muy conscientes de la permanente potencialidad de su rápida y peligrosa conformación.
RETENCIONES PARA RETENER
Artigas acompañó la reforma agraria con una campaña alfabetizadora apoyada en los más modernos métodos de la época porque había comprendido que una misma lógica política, que un mismo sistema de valores, emparenta la distribución justa de la tierra y sus productos con la distribución de la cultura.
Quienes levantan la figura del liberal Sarmiento deberían recordar que, cuando tuvo que gobernar, el mismo hombre defendió la necesidad de crear una aduana nacional que pudiera recaudar rentas nacionales que administrara el Poder Ejecutivo. A su vez, estaba convencido que el desarrollo del país sólo era posible mediante la extensión de la educación común, y ésta estaba directamente vinculada a una política agraria de distribución de la tierra y desarrollo de colonias agrícolas, tal como lo demostró la experiencia que impulsó en Chivilcoy, [14] provincia de Buenos Aires. En esa misma obra,
Ambos, Artigas y Sarmiento, dos tradiciones e identidades enfrentadas, entendieron la íntima relación entre la educación, el desarrollo agrario y la distribución de la tierra, aunque el primero se apoyó en el protagonismo del pueblo rioplatense y el segundo aportó al crecimiento basado en la incorporación de la argentina al mercado mundial sobre un modelo agro exportador que favorecía principalmente el comercio con Inglaterra y dejaba afuera a los sectores populares.
La vinculación entre el modelo de país y el tipo de sistema educativo ha estado instalada desde el comienzo de nuestra historia. Me remito a la opinión del economista Aldo Ferrer cuando sostiene que en el debate sobre las retenciones está implícito “un problema previo muy importante, que es el de la estructura productiva”, para reafirmar que las estrategias que se proponen para solucionar la cuestión educativa están comprometidas con la política que impulsa “una estructura integrada y diversificada, que incorpore los diversos segmentos de una nación moderna” o un sistema poco diversificado sin “capacidad de incorporar el conocimiento y gestionarlo”, incapaz de “producir desarrollo en las condiciones contemporáneas” [15]
En nuestra historia, pese a numerosos proyectos, debates parlamentarios y políticas de gobiernos, el clasicismo, el excesivo profesionalismo y la exclusión del trabajo productivo han sido los sellos dominantes en la educación de los argentinos. Entre las voces más relevantes que visualizaron a la educación como un factor interno de las estrategias nacionales de desarrollo autónomo mencionaré la polémica entre el diputado conservador Alejandro Carbó y el Ministro de Instrucción Pública de Julio A. Roca, en 1901. Carbó defendía una educación secundaria clásica, al estilo mitrista, en tanto Magnasco valoraba en su proyecto la sintonía de ese nivel escolar con la producción nacional: "educación de agricultores y ganaderos o si fuera un país de industrias, educación de técnicos y empresarios" [16].
La educación para el trabajo en el campo ha avanzado según los ritmos y orientaciones de las políticas económicas y sociales. Las concepciones político educativas muestran especial sensibilidad respecto a las concepciones sobre el mercado de trabajo, los nichos productivos, la preeminencia de un tipo u otro de producto en el marcado internacional. Entre los grandes propietarios del campo argentino ha predominado la opción por mandar a sus hijos a los colegios nacionales y llegar al peón con educación primaria; seleccionar producciones que requieren alta tecnología y baja mano de obra capacitada.
Pero desde mediados del siglo pasado, luchan por su protagonismo modalidades de la educación secundaria y superior que alcancen a la población rural en sus lugares de residencia o cercanos a ellos, combatiendo el desarraigo y vinculando la enseñanza- aprendizaje directamente con el trabajo. Existen en el país secundarias aerotécnicas y una serie de otras variantes que se multiplican en las provincias y que requieren ser apoyadas. Hay importantes facultades e institutos superiores agrotécnicos.
El incremento de la capacidad de producción de los jóvenes debe ser considerada prioritaria. Pero para ello es necesario superar la incoherencia de reclamar escuelas rurales, secundarias agrotécnicas e instituciones de estudios superiores en la zona de residencia, gratuita, y al mismo tiempo negarse a entregar al Estado que debe proporcionar ese servicio, una parte de sus ganancias.
La Ley de Educación Nacional No. 26.206/06 introduce por primera vez la educación para el trabajo como central de la estrategia pedagógica de todo el sistema y otorga especial importancia a la educación agrotécnica, otorgando al Estado la principal responsabilidad de su financiamiento, provisión y supervisión.
En la fundamentación de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires No.13.688/07, se recalca la importancia de la “formación del ciudadano, otorgándole las condiciones para continuar aprendiendo de manera que el trabajador posea saberes socialmente productivos que le permitan adaptarse a las cambiantes condiciones tecnológicas y productivas, cuente con los fundamentos necesarios para su permanente perfeccionamiento y la vincule a una concepción de protección y preservación de la base natural de toda actividad productiva sin las cuales aquella deviene insustentable. La Educación Agropecuaria, Minera e Industrial y la Formación Profesional se incluyen como capítulo de la presente Ley, evitando que existan circuitos de distinta calificación social destinados a sectores sociales diferentes y manteniendo estas modalidades educativas bajo la órbita excluyente de la planificación educativa provincial y nacional”.
Dicha Ley establece un papel fuerte para el Estado en relación a la educación agrotécnica y a su gratuidad, en tanto bien social. En ese sentido presenté un proyecto de Ley que proponía una modificación del destino de los fondos provenientes de las retenciones móviles, utilizando un 5% para escuelas agrotécnicas e instituciones de educación superior de estudios agrarios.
Es indispensable encarar una difícil tarea que consiste en promover un cambio que debe reorientar la cultura productiva de las jóvenes generaciones que trabajan el campo argentino en toda su extensión. La profunda penetración de los valores neoliberales atenta contra la posibilidad de su propio progreso en términos de arraigo, de acumulación de capital con perspectivas de reinversión en el espectro agroindustrial e industrial argentino, de contribución conscientemente solidaria al bien común.
La Ley de retenciones móviles establece una política que va más allá de las interpretaciones a las cuales son susceptibles las medidas específicas que contiene. Votemos teniendo en cuenta cuál es el problema fundamental que enfrenta, sabiendo que no es posible abordarlo sin conflictos y trabajemos para que las dificultades entre los sectores se ordenen en base a las diferencias reales, en las series que les son estratégicamente afines, y apliquemos la fuerza de los votos a quienes se negarán siempre a compartir la riqueza que acumulan usando los bienes y el esfuerzo de todos los argentinos.
martes, 15 de julio de 2008
Nota de Telam
Sigal: "Hay ánimo en la sociedad para cerrar este ciclo"
El titular del Frente Grande se refirió a la "confrontación de proyectos" entre el gobierno y los sectores agropecuarios. Y explicó que su partido, como integrante del Frente para la Victoria, "forma parte" de la convocatoria para el acto en respaldo al Gobierno.
En diálogo con Télam, Sigal explicó que el Frente Grande, como partido integrante del Frente para la Victoria, "forma parte de la convocatoria para el acto frente al Congreso, donde vamos a apoyar al gobierno".
Indicó que los dirigentes de su partido, entre los que se encuentra la ministra de Defensa, Nilda Garré, junto con socialistas e intransigentes y otras fuerzas, se concentrarán a partir de las 14.30 en la intersección de Avenida de Mayo y Rodríguez Peña para "marchar juntos".
"El acto va a ser multitudinario", vaticinó Sigal, quien se desempeña como subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería.
"Hay un ánimo en la sociedad para cerrar este ciclo. Hay que dejar que el Parlamento concluya en el día de mañana este extenso y traumático período de 120 días de la historia argentina", sostuvo.
Sigal explicó: "Estamos desde hace 120 días en una disputa política, donde un sector que originalmente comienza con un reclamo sectorial, por el accionar de otros sectores políticos y por la Mesa de Enlace se da la politización", por lo que la disputa "se ha transformado en una confrontación de proyectos".
Consultado sobre la simultaneidad del acto de apoyo al gobierno con otro acto de las entidades agropecuarias en el Monumento de los Españoles, Sigal respondió: "Me parece lógico que si ellos expresan su opinión para ser tenida en cuenta por parte de los senadores, también los sectores nacionales, populares y progresistas, nos manifestemos".
El titular del Frente Grande se refirió a la "confrontación de proyectos" entre el gobierno y los sectores agropecuarios. Y explicó que su partido, como integrante del Frente para la Victoria, "forma parte" de la convocatoria para el acto en respaldo al Gobierno.
En diálogo con Télam, Sigal explicó que el Frente Grande, como partido integrante del Frente para la Victoria, "forma parte de la convocatoria para el acto frente al Congreso, donde vamos a apoyar al gobierno".
Indicó que los dirigentes de su partido, entre los que se encuentra la ministra de Defensa, Nilda Garré, junto con socialistas e intransigentes y otras fuerzas, se concentrarán a partir de las 14.30 en la intersección de Avenida de Mayo y Rodríguez Peña para "marchar juntos".
"El acto va a ser multitudinario", vaticinó Sigal, quien se desempeña como subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería.
"Hay un ánimo en la sociedad para cerrar este ciclo. Hay que dejar que el Parlamento concluya en el día de mañana este extenso y traumático período de 120 días de la historia argentina", sostuvo.
Sigal explicó: "Estamos desde hace 120 días en una disputa política, donde un sector que originalmente comienza con un reclamo sectorial, por el accionar de otros sectores políticos y por la Mesa de Enlace se da la politización", por lo que la disputa "se ha transformado en una confrontación de proyectos".
Consultado sobre la simultaneidad del acto de apoyo al gobierno con otro acto de las entidades agropecuarias en el Monumento de los Españoles, Sigal respondió: "Me parece lógico que si ellos expresan su opinión para ser tenida en cuenta por parte de los senadores, también los sectores nacionales, populares y progresistas, nos manifestemos".
viernes, 4 de julio de 2008
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