sábado, 19 de abril de 2008

Documento presentado a la 27º conferencia de la Copppal

En los últimos meses se ha agudizado el debate sobre nuestra política exterior y particularmente sobre el modelo de integración que debe encarar nuestro país. No se trata de una discusión técnica ni exclusiva de especialistas. Cada vez más, la política internacional es un componente esencial del proyecto de país al que aspiramos. Las premisas que aquí se exponen no son, por lo tanto, un catálogo neutral de enunciaciones, sino un conjunto de consideraciones sobre orientaciones que la experiencia de estos años muestran como necesarias para consolidar el rumbo hacia un país inclusivo y justo en lo social, moderno en su perfil productivo y cultural y en pleno desarrollo de una democracia social de derecho.

1 Reconocimiento en plenitud del proceso de globalización.
Las fuerzas partidarias de reformas tienen que pensar al mundo global como el único escenario posible en el que se desenvolverá su acción política. La negación de esta realidad y la añoranza de proyectos de desarrollo autárquico, relativamente autónomos respecto de las corrientes políticas, económicas y culturales de alcance mundial, lleva al estancamiento conceptual y a la parálisis política. La globalización es una forma radicalizada de los procesos de internacionalización que atraviesan al mundo capitalista desde su origen; en ese sentido erosionan muchos de los presupuestos sobre cuya base pensábamos y actuábamos hasta hace menos de dos décadas. Cuestiones como la rígida división entre política exterior e interior, y la idea de que los estados eran los actores únicos y excluyentes de la política internacional han experimentado profundos cambios. El mundo es una red compleja de actores estatales, sociales y económicos; las organizaciones sociales, las empresas multinacionales, los grandes medios de comunicación actúan en escala mundial. Conviven enormes oportunidades tecnológicas, como las que provee la revolución informática, con un clima de incertidumbre y crisis de los mapas interpretativos antes vigentes; las desigualdades sociales y nacionales alcanzaron niveles nunca experimentados; surgen nuevos problemas globales, algunos de los cuales, como el caso del terrorismo, comprometen seriamente la seguridad y el orden mundial. No es una prueba de progresismo cerrar los ojos a las nuevas realidades para proteger dogmas o refugiarse en consignas simplificadas; lo progresista es elaborar una política para el mundo tal cual es, para aprovechar sus oportunidades y neutralizar sus amenazas.
El Estado nación sigue siendo, sin embargo, la sede realmente existente de la ciudadanía democrática. La negación de esta premisa lleva a una suerte de cosmopolitismo utópico que convierte el análisis de la globalización en una ideología justificadora de las asimetrías y las iniquidades.

2. Prioridad de la política.
El proceso de globalización tuvo su impulso principal en el crecimiento exponencial de los intercambios económicos y, particularmente, en un inédito nivel de autonomía y preponderancia alcanzado por el capital financiero, a partir de los primeros años de la década de los setenta. La condición de posibilidad del nivel de interdependencia global alcanzado está dada por la revolución comunicacional-informática. Existe una economía global y se desarrollan formas globales de actividad social y producción cultural. La política democrática está en franco retraso respecto de esas otras dimensiones; debilitados los estados nacionales frente al flujo incontrolable del capital, la política ve debilitado el ámbito en el que funcionó durante más de tres siglos. Empobrecidas las capacidades de los estados, se debilita el papel de los partidos políticos y se erosiona su base identitaria forjada en una época de claros y definidos conflictos ordenados alrededor de las clases sociales. Sin embargo, detrás del avance contra la política y los partidos está la intención, nada inocente, de neutralizar la capacidad de los países de alcanzar equilibrios sociales que la simple acción de los mercados no puede asegurar. Frente a la exaltación neoconservadora de un “mundo sin política”, el lugar de un enfoque político popular está en la búsqueda de nuevos ámbitos, nuevas formas y nuevas iniciativas que apunten a un gobierno político de la globalización. Es decir, una estrategia que supere el paradigma de la desregulación del comercio y lo suplante por un programa de desarrollo sustentable que adopte una escala supranacional. Estamos hablando de un proceso de integración de múltiples dimensiones, capaz de asegurar la capacidad de la política –o sea de la ciudadanía democrática- de controlar y dar sentido a los procesos de intercambio económico.
3 La integración regional como alternativa política.
El ámbito más propicio para encarar una recuperación de atributos de la política es la región. Para eso, los acuerdos regionales deben dejar de ser juzgados por las ventajas comerciales de corto plazo y pasar a ser concebidos como herramientas de alcance estratégico. Así como la construcción de identidades nacionales, como sustrato ideal de la soberanía estatal, llevó un largo, complejo y contradictorio proceso, hoy es necesario afrontar la creación de un ethos de solidaridad regional como un camino difícil y exigente. Nuestros países tienen poco menos de dos siglos de existencia independiente signados por una larga historia de conflictos políticos y militares. Esta historia permea nuestras mutuas miradas en el campo económico, social, político y diplomático; las fuerzas progresistas no pueden ceder a esos prejuicios regresivos y perjudiciales para nuestro desarrollo. Sin negar las dificultades, tienen que adoptar la brújula de la unidad regional como orientación sistemática de sus acciones.
4 Lo productivo como prioridad económica.
Los equilibrios macroeconómicos son una necesidad y no una consigna de derecha o de izquierda. El control de la inflación y el manejo prudente del déficit fiscal son una condición necesaria para el desarrollo económico. Sin embargo, la absolutización de esos elementos en detrimento de un rol activo del Estado en la promoción de la producción y en la orientación del desarrollo han llevado a situaciones extremadamente críticas. La integración regional tiene que tener en el desarrollo productivo uno de sus pilares esenciales. En consecuencia, los procesos de creación de infraestructura común, las cadenas de valor, las empresas combinadas y la asociación económica a niveles regionales y locales tienen que ocupar un lugar central en la agenda. Aquí también es necesaria una mirada de largo plazo que, más allá de las legítimas urgencias, tenga su norte en el desarrollo duradero y sustentable. Se trata de un proyecto de desarrollo de alcance regional orientado al empleo digno como factor central de la cohesión social en cada uno de nuestros países.

5 Las instituciones, garantía de la integración.
La integración necesita acumular un capital de confianza recíproca en su interior y de credibilidad externa. La clave, en esa dirección, es la construcción de instituciones sólidas y estables. Mecanismos previsibles para la solución de controversias, formas ágiles de internalización de la normativa Mercosur en el plexo legal de los países miembros, instancias de articulación de políticas macroeconómicas y, no en último término de importancia, avances concretos hacia un Parlamento de la región constituyen pilares institucionales básicos. Así como criticamos el fundamentalismo de mercado en nuestra discusión política a escala nacional, los progresistas tenemos que extender este criterio de primacía de lo político a escala de la integración regional. Esto es esencial para que el proceso de integración no esté sometido a los vaivenes políticos internos de cada país y se constituya en una realidad irreversible.
El reciente conflicto entre Colombia y Ecuador muestra la vitalidad y la potencialidad de la integración política regional. En la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo y en la posterior resolución de la OEA (en este caso con el voto opuesto y solitario de Estados Unidos) quedan robustecidos los principios centrales de la relación entre los países de la región; el respeto de la legalidad, la inviolabilidad de las fronteras, el multilateralismo y el rechazo a la doctrina de la guerra preventiva como solución del problema del terrorismo, por encima de la soberanía de los Estados han quedado establecidas como normas principales y principios irrenunciables para nuestros países. No solamente se evitó la guerra, sino que se crearon las premisas políticas y jurídicas para la consolidación del estado de derecho y la cooperación en la región.

6 Una perspectiva integrada de la agenda global.
La unidad regional es un camino de inserción en el mundo global y no una ampliación de la escala del aislamiento. Y se trata, desde una mirada progresista, de una inserción activa y en procura de un nivel superior de intervención en la discusión de la agenda global. Hoy asistimos a la crisis de un modelo de abordaje fragmentario de los problemas globales: estamos apreciando los dramáticos resultados de un modo de enfrentar al terrorismo fundamentalista como problema en sí mismo, de carácter puramente militar y divorciado del conjunto de condiciones que posibilitan y alimentan su emergencia. De ese modo el tema de la seguridad aparece desgajado de la continuidad de focos de guerra, como el de Medio Oriente y de los graves problemas de desigualdad y discriminación que atraviesan al mundo. Es necesario reintegrar la agenda mundial; pensar un abordaje de conjunto de los problemas: para aislar y derrotar políticamente al terrorismo -en todas sus formas e incluyendo en esa categoría a los Estados que practican la matanza indiscriminada de civiles como estrategia de guerra- hay que desactivar conflictos regionales, proveer a un intercambio económico más justo y democratizar el manejo de los asuntos mundiales recuperando el papel de los organismos internacionales y, particularmente, el de la ONU.
7 Un orden mundial multilateral.
El fracaso ostensible del orden unipolar para asegurar condiciones mínimas de seguridad y estabilidad debe dar lugar a un orden mundial multipolar. Con los Estados Unidos jugando un papel acorde con su condición de primera potencia mundial, pero en el contexto de una escena en la que la Unión Europea, China, Japón y el resto de los países asiáticos, India y otras regiones participen en un orden de mutuo respeto y sobre la base de amplios consensos. En ese orden mundial el Mercosur y el conjunto de los países de América del Sur más México pueden aportar sus esfuerzos. Es, creemos, el perfil adecuado de un mundo que busca soluciones globales para problemas globales.
La Unión de Naciones Sudamericanas puede ser un enorme aporte a la configuración de este orden mundial basado en la existencia de sólidos procesos de integración regional. Si la iniciativa avanza y se plasma su integración política y económica, estaríamos ante un conglomerado de 360 millones de habitantes diseminados en 17 millones de kilómetros cuadrados, con reservas de hidrocarburos para 100 años; con el 27% del agua potable del mundo; con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques y salida a dos océanos; con reservas minerales y un potencial de producción de alimentos único en el mundo. Nuestros países podrían, asociados en esas condiciones, alcanzar un nivel de interlocución en el tratamiento de la agenda global, impensable en la actual situación.

8 El activo involucramiento de la sociedad civil en los asuntos de la política internacional es otro signo de una perspectiva popular y progresista en materia de política exterior. En la medida en que el interés de diversos grupos sociales se juega más allá de las fronteras nacionales, la política exterior pasa a constituir una arena deliberativa y de solución de conflictos que les atañen directamente. Problemas tales como la promoción de condiciones dignas de trabajo, la defensa del medio ambiente, el desarrollo científico-tecnológico a escala regional pueden y deben ser materias de amplia participación social en su consideración. El alcance global de la vigencia de los derechos humanos y sociales fundamentales es una de las conquistas que ningún estrecho nacionalismo debería hacer retroceder. Una visión democrática de la política internacional está fuertemente comprometida con el desarrollo de instancias judiciales supranacionales que velen por su vigencia por encima de cualquier otra consideración.

Consideraciones finales.
La integración regional es el territorio de un profundo debate de ideas. Durante los años noventa, se la entendió reducida excluyentemente a la liberalización comercial, en plena correspondencia con el clima de ideas propio de aquella época. Con el derrumbe económico, social y político del 2001, las certezas neoliberales quedaron en entredicho. Desde mayo de 2003, el país ha encarado un rumbo diferente. En ese contexto, se afirman núcleos básicos de una política exterior independiente, comprometida con la paz, el multilateralismo y la promoción integral de los derechos humanos.
No puede extrañar que a un nuevo rumbo correspondan nuevas prioridades y nuevas alianzas. Argentina viene desarrollando una política de alianza estratégica con Brasil que muestra, cada vez más, su condición de herramienta indispensable del proceso de integración regional. No es una relación negativa hacia otros países; por el contrario, esta sociedad facilita el abordaje de cuestiones complejas en el interior del Mercosur y contribuye a reforzar su rol como núcleo de un proceso más amplio de integración sudamericana.
Las renovadas relaciones con la región han permitido y permiten abordar problemas como los del abastecimiento energético y la cooperación en materia financiera y de infraestructura que son vitales para nuestro país. Hoy sabemos –ojalá que definitivamente- que nuestro progreso como sociedad no se logrará a partir de adhesiones incondicionales a políticas de las grandes potencias mundiales, sino de un reforzamiento de nuestros vínculos solidarios con los países hermanos de la región. Es desde allí que podemos ensanchar la escala de nuestra necesaria inserción en el mundo.

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