El presidente del Frente Grande, Eduardo Sigal, el Vicepresidente de la Nación, el radical Julio Cobos; así como las Ministras de Salud y Defensa, Graciela Ocaña y Nilda Garré, comprometidos con el proyecto político que inició Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, se propusieron darle organicidad a la Concertación Plural, de manera de convertirla en un ámbito de debate y participación de las diferentes fuerzas políticas y sociales que forman parte del proyecto político que encabeza la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hicieron el viernes 23 de mayo, en la Casa de Galicia, durante la Cena de Apertura del Encuentro Nacional del Frente Grande, junto a 500 dirigentes partidarios de 21 provincias y representantes de partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales y empresarias y movimientos agrarios del amplio espectro del kirchnerismo y la centroizquierda.
"Venimos a ratificar nuestro compromiso, nuestra decisión, de acompañar y trabajar por el éxito y la profundización del proceso político que se ha abierto en la Argentina en el año 2003", dijo Sigal. "Pensamos - agregó - en una fuerza política que tenga organicidad, que nos permita discutir políticas, ideas, proyectos, encontrarnos entre diferentes, por eso hablamos de una Concertación Plural. Creemos que es nuestro mejor aporte para que este proceso político continúe y se profundice".
Por su parte, Cobos agradeció la invitación y pidió: "que sea el inicio de muchos encuentros más para proponer políticas y transformar estas políticas en acciones y decisiones". También aludió a una conversación con Néstor Kirchner, previa a las elecciones de 2007, durante la cual defendió la conveniencia de construir una Concertación Plural para enfrentar los obstáculos que pudieran surgir en la continuidad del proceso iniciado en 2003. "Se necesitaba la Concertación porque había que profundizar las transformaciones políticas, económicas, educativas", afirmó.
Cobos, Sigal, Garré y Ocaña manifestaron su absoluta confianza en el liderazgo y conducción de Cristina Kirchner.
El cónclave partidario continuó el sábado 24 en el Centro Cultural Paco Urondo, con la participación de 300 dirigentes del Frente Grande de todo el país. Divididos en 6 comisiones, debatieron un texto sobre coyuntura política y leyeron las conclusiones en un plenario presidido por Arnaldo Bocco, miembro del directorio del Banco Central, y la ministra de Defensa, Nilda Garré. La Mesa Nacional del Partido será la encargada de redactar y difundir el documento final.
martes, 27 de mayo de 2008
martes, 6 de mayo de 2008
Impulsan una reunión del MERCOSUR con países Centroamericanos en Lima
Las Presidencias Pro Tempore del MERCOSUR y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) impulsan la realización de una reunión de intercambio entre los responsables del comercio exterior de los países que integran los dos bloques comerciales durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará entre el 13 y 17 de mayo en Lima, Perú.
La gestión conjunta fue acordada en el marco de una visita que, en calidad de representante de la Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR, realizó a El Salvador el Subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, Eduardo Sigal. “En la búsqueda de incrementar los acuerdos comerciales con distintos países, tomamos contacto con la Presidencia Pro-Tempore del SICA, ejercida por El Salvador. Entre lo acordado se coincidió en fomentar una reunión de responsables de Comercio Exterior de los países que integran ese Sistema y el MERCOSUR. El encuentro se hará en el marco de la reunión de Lima de Latinoamérica con la Unión Europea”, dijo Sigal.
El funcionario argentino confirmó, además, la visita a Buenos Aires, el próximo 19 de mayo, de una delegación encabezada por el Secretario General del SICA, Aníbal Quiñónez, quien será acompañado por técnicos y empresarios a fin de garantizar un mayor conocimiento mutuo que derive en mayores inversiones en ambos sentidos.
El SICA está conformado por El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Belice. En 2007, el comercio bilateral de esta región con Argentina fue de 609 millones de dólares.
Tras sus encuentros con la Vice-Ministra de Economía salvadoreña, Johanna Hill, el Secretario General Del SICA y el Director general de Política Exterior de la Cancillería salvadoreña, Sigal destacó “la buena predisposición para avanzar con los acuerdos y el reconocimiento hacia nuestro país por la labor política, comercial y de cooperación, desarrollada a través del FOAR (Fondo Argentino de Cooperación Horizontal)”.
La gestión conjunta fue acordada en el marco de una visita que, en calidad de representante de la Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR, realizó a El Salvador el Subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, Eduardo Sigal. “En la búsqueda de incrementar los acuerdos comerciales con distintos países, tomamos contacto con la Presidencia Pro-Tempore del SICA, ejercida por El Salvador. Entre lo acordado se coincidió en fomentar una reunión de responsables de Comercio Exterior de los países que integran ese Sistema y el MERCOSUR. El encuentro se hará en el marco de la reunión de Lima de Latinoamérica con la Unión Europea”, dijo Sigal.
El funcionario argentino confirmó, además, la visita a Buenos Aires, el próximo 19 de mayo, de una delegación encabezada por el Secretario General del SICA, Aníbal Quiñónez, quien será acompañado por técnicos y empresarios a fin de garantizar un mayor conocimiento mutuo que derive en mayores inversiones en ambos sentidos.
El SICA está conformado por El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Belice. En 2007, el comercio bilateral de esta región con Argentina fue de 609 millones de dólares.
Tras sus encuentros con la Vice-Ministra de Economía salvadoreña, Johanna Hill, el Secretario General Del SICA y el Director general de Política Exterior de la Cancillería salvadoreña, Sigal destacó “la buena predisposición para avanzar con los acuerdos y el reconocimiento hacia nuestro país por la labor política, comercial y de cooperación, desarrollada a través del FOAR (Fondo Argentino de Cooperación Horizontal)”.
miércoles, 30 de abril de 2008
Convención del Frente Grande misionero
Asamblea General Extraordinaria de Convencionales Departamentales en la cuidad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, 12 días del mes Abril del año 2008, en las instalaciones del Sindicato de la Industria de la Madera sito en calle Entre Ríos Nº 1555 de la cuidad de Posadas. Convocados con el fin de: Elegir las nuevas autoridades de la Convención, Consideración de las Memorias y Balances Partidario, Análisis y discusión de los lineamientos políticos que deberá seguir el partido, etc.
• El Sr. Eduardo Sigal después de saludar y expresar éxito a los convencionales, entre otros conceptos expone. La profunda vocación democrática del partido, la vocación frentista e integración, la lucha contra todo tipo de corrupción, la vocación de integración Latinoamericana , la recuperación y el fortalecimiento de la identidad nacional en el marco de mayor equidad en la distribución de l riqueza y fundamentando que hoy el partido es parte integrante del Frente para La Victoria, frente que Silvio de plataforma para la llegada del Dr. Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003 y el 2.007 a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Finalizando su alocución exhortando a redoblar el esfuerzo para lograr los objetivos fijados por el partido ya que al dia de hoy en 21 provincias están regularizadas institucionalmente el Frente Grande.
• El Sr. Eduardo Sigal después de saludar y expresar éxito a los convencionales, entre otros conceptos expone. La profunda vocación democrática del partido, la vocación frentista e integración, la lucha contra todo tipo de corrupción, la vocación de integración Latinoamericana , la recuperación y el fortalecimiento de la identidad nacional en el marco de mayor equidad en la distribución de l riqueza y fundamentando que hoy el partido es parte integrante del Frente para La Victoria, frente que Silvio de plataforma para la llegada del Dr. Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003 y el 2.007 a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Finalizando su alocución exhortando a redoblar el esfuerzo para lograr los objetivos fijados por el partido ya que al dia de hoy en 21 provincias están regularizadas institucionalmente el Frente Grande.
Buena noticia para el Mercosur
El triunfo de Fernando Lugo en la elección presidencial paraguaya es una noticia muy positiva para las perspectivas del proceso de integración regional.
El ahora presidente electo del Paraguay se pronunció reiteradamente, durante su campaña electoral, a favor del fortalecimiento y profundización del Mercosur. Lo hizo, incluso, polemizando con sectores empresarios de su país que, sobre la base de criticar aspectos de su funcionamiento, plantean la necesidad de que Paraguay se retire del bloque.
Claro está que la integración no es un proceso de unidad ideológica. Es un proyecto estratégico, de largo plazo, que tiene que ir creando una robustez institucional y un respaldo social y cultural de sus pueblos, que lo pongan al abrigo de los cambios de rumbo y de partido, propios de toda democracia.
Sin embargo, hay circunstancias como la actual, en que las etapas políticas que vive cada país se sincronizan notablemente a favor de un mayor ritmo y una mayor solidez en la integración. Paraguay se acaba de incorporar decididamente, con la elección realizada por su pueblo, al nuevo clima que vive la mayor parte de los países de Sudamérica. Es un clima en que el rol de los Estados, su capacidad de establecer los equilibrios que hagan socialmente sustentable a nuestras democracias, la cuestión de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la necesidad de asociar franca e irreversiblemente a nuestros países en términos de estrategias productivas competitivas y proyectos de justicia social, han pasado a ser puntos centrales de las agendas nacionales. Paraguay sufre, dentro del Mercosur, el peso de las asimetrías respecto de los países de mayor volumen del bloque, Brasil y la Argentina. Es una realidad sobre la que hemos venido trabajando en el último período; la creación de los Fondos de Convergencia Estructural destinados a financiar proyectos de desarrollo en países y regiones que sufran esas asimetrías es uno de los principales avances. En esa misma dirección, el Mercosur trabaja en proyectos para promover la asociatividad entre pequeñas y medianas empresas, orientados a favorecer cadenas de valor con el consecuente avance en la generación de empleo para cada uno de nuestros países. Naturalmente, estas iniciativas no están a la altura de lo que necesitamos, pero indican una disposición en todos nuestros países a atender esta realidad.
La de las asimetrías es, por otro lado, una realidad de la que no es responsable ninguno de los vecinos del Paraguay ni su propio pueblo, sino un tipo de políticas económicas que afectó a todos nuestros países.
El presidente Lugo tiene hoy la legitimidad y la convicción para encabezar una nueva etapa política en el hermano país. Una etapa que ayude a superar en común viejos recelos y estériles contradicciones que tendieron a acentuar el atraso y la injusticia en nuestros países. Más que ayer, Paraguay y Argentina pueden trabajar unidos por un proyecto común de fortalecimiento democrático, reparación social e integración regional.
Con seguridad, los cambios políticos, económicos y culturales por los que votó el pueblo paraguayo serán una contribución muy importante al fortalecimiento del Mercosur y a la perspectiva de la integración sudamericana.
El ahora presidente electo del Paraguay se pronunció reiteradamente, durante su campaña electoral, a favor del fortalecimiento y profundización del Mercosur. Lo hizo, incluso, polemizando con sectores empresarios de su país que, sobre la base de criticar aspectos de su funcionamiento, plantean la necesidad de que Paraguay se retire del bloque.
Claro está que la integración no es un proceso de unidad ideológica. Es un proyecto estratégico, de largo plazo, que tiene que ir creando una robustez institucional y un respaldo social y cultural de sus pueblos, que lo pongan al abrigo de los cambios de rumbo y de partido, propios de toda democracia.
Sin embargo, hay circunstancias como la actual, en que las etapas políticas que vive cada país se sincronizan notablemente a favor de un mayor ritmo y una mayor solidez en la integración. Paraguay se acaba de incorporar decididamente, con la elección realizada por su pueblo, al nuevo clima que vive la mayor parte de los países de Sudamérica. Es un clima en que el rol de los Estados, su capacidad de establecer los equilibrios que hagan socialmente sustentable a nuestras democracias, la cuestión de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la necesidad de asociar franca e irreversiblemente a nuestros países en términos de estrategias productivas competitivas y proyectos de justicia social, han pasado a ser puntos centrales de las agendas nacionales. Paraguay sufre, dentro del Mercosur, el peso de las asimetrías respecto de los países de mayor volumen del bloque, Brasil y la Argentina. Es una realidad sobre la que hemos venido trabajando en el último período; la creación de los Fondos de Convergencia Estructural destinados a financiar proyectos de desarrollo en países y regiones que sufran esas asimetrías es uno de los principales avances. En esa misma dirección, el Mercosur trabaja en proyectos para promover la asociatividad entre pequeñas y medianas empresas, orientados a favorecer cadenas de valor con el consecuente avance en la generación de empleo para cada uno de nuestros países. Naturalmente, estas iniciativas no están a la altura de lo que necesitamos, pero indican una disposición en todos nuestros países a atender esta realidad.
La de las asimetrías es, por otro lado, una realidad de la que no es responsable ninguno de los vecinos del Paraguay ni su propio pueblo, sino un tipo de políticas económicas que afectó a todos nuestros países.
El presidente Lugo tiene hoy la legitimidad y la convicción para encabezar una nueva etapa política en el hermano país. Una etapa que ayude a superar en común viejos recelos y estériles contradicciones que tendieron a acentuar el atraso y la injusticia en nuestros países. Más que ayer, Paraguay y Argentina pueden trabajar unidos por un proyecto común de fortalecimiento democrático, reparación social e integración regional.
Con seguridad, los cambios políticos, económicos y culturales por los que votó el pueblo paraguayo serán una contribución muy importante al fortalecimiento del Mercosur y a la perspectiva de la integración sudamericana.
lunes, 28 de abril de 2008
"APOYAR LA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN ES DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS”
“Apoyamos la propuesta de una nueva Ley de Radiodifusión, convencidos de que el respeto por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión -garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica- es un pilar fundamental en el proceso de consolidación de la democracia que vive hoy casi la totalidad del continente latinoamericano”, expresó Jorge Drkos, presidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, Drkos sostuvo que “la Ley 22.285 es uno de los últimos resabios legislativos de la última dictadura: habiendo transcurrido 25 años de continuidad democrática su espíritu, su letra y los intereses que defendió desde su nacimiento deben ser definitivamente reemplazados por una nueva norma que contemple la libertad de comunicar, investigar e informarse que poseemos todos los seres humanos”.
“En este marco -agregó el dirigente frentista- la nueva ley apunta a que se adopten políticas efectivas para evitar la concentración monopólica de los medios de comunicación, lo que la convierte en un valioso instrumento contra la censura, la discriminación y la manipulación de la opinión pública”.
Finalmente, Drkos afirmó que “el nuevo texto presentado a la Presidenta Fernández de Kirchner es fruto del debate y el aporte de ideas de más de cuarenta organizaciones entre las que se encuentran universidades, sindicatos, partidos políticos, organismos de Derechos Humanos, y movimientos barriales; esto muestra a las claras que, como sociedad, hemos alcanzado la madurez suficiente para construir una institucionalidad que nos permita defender y ejercer nuestros derechos, entre los que la libertad de expresión e información ocupa uno de los lugares más destacados”.
INICIATIVA CIUDADANA
POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
FUNDAMENTOS
Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.
Asimismo, Drkos sostuvo que “la Ley 22.285 es uno de los últimos resabios legislativos de la última dictadura: habiendo transcurrido 25 años de continuidad democrática su espíritu, su letra y los intereses que defendió desde su nacimiento deben ser definitivamente reemplazados por una nueva norma que contemple la libertad de comunicar, investigar e informarse que poseemos todos los seres humanos”.
“En este marco -agregó el dirigente frentista- la nueva ley apunta a que se adopten políticas efectivas para evitar la concentración monopólica de los medios de comunicación, lo que la convierte en un valioso instrumento contra la censura, la discriminación y la manipulación de la opinión pública”.
Finalmente, Drkos afirmó que “el nuevo texto presentado a la Presidenta Fernández de Kirchner es fruto del debate y el aporte de ideas de más de cuarenta organizaciones entre las que se encuentran universidades, sindicatos, partidos políticos, organismos de Derechos Humanos, y movimientos barriales; esto muestra a las claras que, como sociedad, hemos alcanzado la madurez suficiente para construir una institucionalidad que nos permita defender y ejercer nuestros derechos, entre los que la libertad de expresión e información ocupa uno de los lugares más destacados”.
INICIATIVA CIUDADANA
POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
FUNDAMENTOS
Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.
viernes, 25 de abril de 2008
La agenda latinoamericana, en la Copppal
La COPPPAL es presidida por el senador Antonio Cafiero, quien fue acompañado por la Diputada Nacional Teresa García. Entre los participantes de otros países se cuentan el Comandante Tomas Borge, del Frente Sandinista de Nicaragua, Mauricio Funes candidato a Presidente en El Salvador , Iliada Lopez, del PT de Brasil, y Roberto Regalado de Cuba, entre otros.
Al inaugurar el encuentro, Torrijos, quien además es Vicepresidente de la COPPPAL, resaltó la visión y el reto de los colectivos políticos en luchar por la equidad y la justicia social. “El talento, las visiones y el liderazgo continental de los partidos políticos va más allá de rescatar la credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático, la gente espera que les brindemos soluciones. El reto de las formaciones políticas no solo es el sistema sino establecer nuevos objetivos y visiones a favor de la equidad, la justicia social y la igualdad en nuestros países para recuperar la confianza de los ciudadanos”, concluyó Martin Torrijos.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue analizar el conflicto de Colombia y la agresión al territorio ecuatoriano. En ese sentido una vez más la COPPPAL declaró estar dispuesta a colaborar en el proceso de paz en Colombia y realizó un llamado urgente para lograr el acuerdo humanitario que permita la liberación inmediata de todos y cada uno de los rehenes políticos y económicos en poder de la guerrilla de las FARC, así como la libertad de prisioneros de las FARC en las cárceles del gobierno colombiano.
También se condenó la acción armada ordenada por el Presidente colombiano Alvaro Uribe al territorio ecuatoriano. La Conferencia expresó que el principio de pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados no puede verse afectada bajo ninguna circunstancia por acciones unilaterales de ningún estado.
Otros temas analizados fueron la situación actual de América latina en el contexto mundial y los distintos procesos de integración en marcha MERCOSUR, ALBA , UNASUR ; la creación del Banco del Sur , el proceso electoral en El Salvador.
Se solicitó asimismo la liberación de los 5 cubanos presos políticos detenidos en EEUU y se aprobó enviar una delegación a la ONU para apoyar el proceso de Independencia de Puerto Rico; otros temas fueron la situación de Bolivia y los movimientos independentistas en las Antillas holandesas.
La COPPPAL, conmemorara el 12 de octubre del 2009 su XXX aniversario y en esta reunión de Panamá se reiteró el compromiso de favorecer la búsqueda permanente del diálogo político para perfeccionar y consolidar la democracia en América Latina y de continuar pugnando por un crecimiento económico sostenido y por políticas para la superación de la pobreza y la desigualdad, hasta alcanzar mayores niveles de inclusión y justicia social en los países de la región .
Al inaugurar el encuentro, Torrijos, quien además es Vicepresidente de la COPPPAL, resaltó la visión y el reto de los colectivos políticos en luchar por la equidad y la justicia social. “El talento, las visiones y el liderazgo continental de los partidos políticos va más allá de rescatar la credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático, la gente espera que les brindemos soluciones. El reto de las formaciones políticas no solo es el sistema sino establecer nuevos objetivos y visiones a favor de la equidad, la justicia social y la igualdad en nuestros países para recuperar la confianza de los ciudadanos”, concluyó Martin Torrijos.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue analizar el conflicto de Colombia y la agresión al territorio ecuatoriano. En ese sentido una vez más la COPPPAL declaró estar dispuesta a colaborar en el proceso de paz en Colombia y realizó un llamado urgente para lograr el acuerdo humanitario que permita la liberación inmediata de todos y cada uno de los rehenes políticos y económicos en poder de la guerrilla de las FARC, así como la libertad de prisioneros de las FARC en las cárceles del gobierno colombiano.
También se condenó la acción armada ordenada por el Presidente colombiano Alvaro Uribe al territorio ecuatoriano. La Conferencia expresó que el principio de pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados no puede verse afectada bajo ninguna circunstancia por acciones unilaterales de ningún estado.
Otros temas analizados fueron la situación actual de América latina en el contexto mundial y los distintos procesos de integración en marcha MERCOSUR, ALBA , UNASUR ; la creación del Banco del Sur , el proceso electoral en El Salvador.
Se solicitó asimismo la liberación de los 5 cubanos presos políticos detenidos en EEUU y se aprobó enviar una delegación a la ONU para apoyar el proceso de Independencia de Puerto Rico; otros temas fueron la situación de Bolivia y los movimientos independentistas en las Antillas holandesas.
La COPPPAL, conmemorara el 12 de octubre del 2009 su XXX aniversario y en esta reunión de Panamá se reiteró el compromiso de favorecer la búsqueda permanente del diálogo político para perfeccionar y consolidar la democracia en América Latina y de continuar pugnando por un crecimiento económico sostenido y por políticas para la superación de la pobreza y la desigualdad, hasta alcanzar mayores niveles de inclusión y justicia social en los países de la región .
jueves, 24 de abril de 2008
“EL OBSERVATORIO DE MEDIOS NO CENSURA:
El Presidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Drkos, manifestó su apoyo al Observatorio sobre Discriminación en los Medios de Comunicación -integrado por el COMFER, el INADI y el Consejo Nacional de la Mujer- expresando que “aunque muchos intenten presentarlo intencionalmente como un órgano violatorio de la libertad de prensa, este organismo es producto de un reclamo de las propias víctimas de discriminación” agregando que “su accionar fue reclamado recientemente por el propio Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y su verdadero objetivo no es controlar a nadie sino aportar a la construcción de una sociedad multicultural, integradora y solidaria”.
Además, el dirigente frentista explicó que “el Observatorio nació en 2005, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación que, a su vez, fue diseñado contemplando varios centenares de encuestas a especialistas y analizando una importante cantidad de denuncias realizadas por grupos e individuos victimizados, información que arrojó como resultado que en todo el país el 47% de la población cree que la televisión contiene mensajes altamente discriminatorios”.
“Por otra parte -continuó Drkos- este Observatorio no es otra cosa que el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, dado que el Plan Nacional contra la Discriminación que le da origen, responde al Documento Final de la Declaración de Durban de 2001, producto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y otras formas conexas de Intolerancia, la cual tiene rango constitucional (Art. 75, inc. 22) como todos los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina”.
Finalmente, el presidente del Frente Grande destacó que “afortunadamente, para nuestra legislación discriminar es un delito; por lo tanto, no debemos permitir que a través de un juego hipócrita y manipulatorio se confunda a la opinión pública diciendo que se coarta la libertad de expresión: sólo se trata de proteger a las víctimas -que generalmente no tienen voz- apuntando a la construcción de una sociedad multicultural, integradora y solidaria”.
Además, el dirigente frentista explicó que “el Observatorio nació en 2005, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación que, a su vez, fue diseñado contemplando varios centenares de encuestas a especialistas y analizando una importante cantidad de denuncias realizadas por grupos e individuos victimizados, información que arrojó como resultado que en todo el país el 47% de la población cree que la televisión contiene mensajes altamente discriminatorios”.
“Por otra parte -continuó Drkos- este Observatorio no es otra cosa que el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, dado que el Plan Nacional contra la Discriminación que le da origen, responde al Documento Final de la Declaración de Durban de 2001, producto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y otras formas conexas de Intolerancia, la cual tiene rango constitucional (Art. 75, inc. 22) como todos los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina”.
Finalmente, el presidente del Frente Grande destacó que “afortunadamente, para nuestra legislación discriminar es un delito; por lo tanto, no debemos permitir que a través de un juego hipócrita y manipulatorio se confunda a la opinión pública diciendo que se coarta la libertad de expresión: sólo se trata de proteger a las víctimas -que generalmente no tienen voz- apuntando a la construcción de una sociedad multicultural, integradora y solidaria”.
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